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“Hoy, desde el 30 de diciembre, por primera vez tenemos un poco de paz”, dijo Pablo Blanco, cuyo hijo Lautaro, de 13 años, murió en Cromañón de la misma manera que otros 192 chicos. Y afirmó, como los demás padres consultados por este diario, que la cadena de responsabilidades desde el lado gubernamental no acaba en la ex secretaria de Control Comunal Fabiana Fiszbin y los cinco que fueran sus subordinados. “Hay que seguir”, “tienen que ir más para arriba”, consideraron los familiares, varios de los cuales no entienden cómo no se procesó antes a funcionarios y a policías federales, cuando “desde un primer momento lo veníamos pidiendo”.
Nelly, mamá de Luis Santana, fue sorprendida por la noticia: “Estaba en duda, pensaba ‘capaz que van a llegar hasta acá nomás con los culpables’”, en referencia al empresario Omar Chabán y su colaborador Raúl Villarreal. “Me parece que están investigando. Espero que sigan adelante, porque esto recién empieza”, evaluó la mujer, e indicó que la espiral de implicados “tiene que llegar a Aníbal Ibarra, porque él es jefe de Gobierno y es el que manda a todos”. Para ella los procesamientos “pueden ser una punta para acusar a más funcionarios. Ojalá sea así, porque queremos justicia”.
La madre de Sebastián Juárez, Cristina Ventos, opinó que “faltan todavía. Hay que llegar hasta el máximo responsable de este hecho de corrupción”. Ella no da nombres: “Que se condene al que le corresponda, yo no sé quién. No voy a acusar ahora, porque la Justicia todavía no decidió. Tiene que pagar hasta el último responsable de que el boliche no estuviera clausurado”, sostuvo.
Mariana Márquez, mamá de Liz, dijo a Página/12 que “todavía no se han sentado a declarar Aníbal Ibarra y Jorge Telerman. Se busca a los procesados de abajo hacia arriba, cuando los padres estamos esperando que se vaya a arriba”. Para Márquez, que sea así “depende en gran parte de la presión que hagamos nosotros, padres y familiares, como cuando la semana pasada hicimos un escrache en Tribunales para que Chabán no saliera libre. Estamos preparando otro, para que el juez pida las comunicaciones telefónicas que hubo entre Chabán y los funcionarios antes de la masacre, porque se sabe que existieron. Queremos que se den a conocer, y por ello vamos a seguir exigiendo lo que no hizo”.
Para Bruno Zamudio, papá de Hugo, “los funcionarios ya tendrían que haber sido procesados hace rato”, por lo que aseguró que con la acción legal “se está tratando de llevar la culpabilidad a otro lado, para que no caigan los que tienen que caer. Ibarra, por ejemplo, ya tendría que haber sido citado por el juez a declarar. Pero no llama a los que tiene que llamar. La causa está como estancada. Y es lo que están buscando ellos, o lo que nos dan a pensar, porque después de cuatro meses todavía no esclarecen por qué murieron tantos chicos”.
Nilda Gómez, mamá de Mariano Benítez y presidenta de la ONG Familias por la Vida, creada por padres de las víctimas, dijo que los procesamientos le causan “cierto agrado. Si bien no esperábamos una impunidad tan terrible, vamos por los que quedan, para que estén condenados de alguna manera”. Y adelantó que “esto no termina acá, porque los acusados tenían un jefe, ese que estaba mirando para otro lado y no actuó cuando correspondía”, apreció. Para la madre es inconcebible que el ex inspector Juan Carlos Lupias, que resultó sobreseído, “trabaje para la Secretaría de Educación porteña en la seguridad de las escuelas. Es un despropósito, porque todavía no se sabe si tiene culpa o no”.
Blanco entendió que “es una decisión valiente que haya tantos procesados de un área tan cuestionada desde la Defensoría del Pueblo. Muestra que había una línea de funcionarios que no cumplía con sus obligaciones”, entre los que incluye al ex secretario de Seguridad Juan Carlos López.
Descreído, Fito Rodríguez, tío de Jacqueline Santillán, juzgó al acontecimiento de ayer como “publicidad procesal de poco crédito”, que le parece destinada a “hacer campaña electoral para octubre”. Y aseveró que “si hubieran decidido juzgarlos desde el vamos, podrían tener alguna cuota de credibilidad, pero a esta altura no parece que se pretenda justicia”.

Informe: Sebastián Ochoa.