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Existen supuestas asociaciones de asistencia al accidentado de tránsito que, en verdad, son estudios de abogados. Hacen publicidad sugiriendo que son una organización no gubernamental o una asociación sin fines de lucro, pero el objetivo fundamental es que la víctima les ceda los derechos para hacer un juicio civil al conductor. El primer punto es que algunas de esas asociaciones se fijan primero en quién es el automovilista que provocó el accidente. Si se trata de una persona de pocos recursos, el caso no les interesa. En cambio, si el conductor es un empresario o una persona de alto poder adquisitivo, brindan toda la asistencia. Es más, en algunos casos se hacen cargo de los gastos de internación y de médico, pero a cambio de un poder para litigar y quedarse con gran parte de la indemnización que corresponda. En muchos casos, ni siquiera necesitan ir a juicio. Las compañías de seguros ya los conocen y llegan a un arreglo, por lo que se quedan con una suculenta ganancia. No son pocos los abogados que consideran que ese poder total otorgado por una víctima es ilegal.