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Es aberrante, y sin embargo, para los que han estudiado cómo funciona el negocio de la prostitución, también es frecuente que padres o madres actúen como “reclutadores” de sus propias hijas para entregarlas a proxenetas a cambio de dinero. A fines del año pasado, una investigación llevada a cabo por el Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia sobre tráfico y explotación sexual infantil –en simultáneo con otros estudios realizados por Brasil, Chile, Uruguay y Bolivia impulsados por el Instituto Americano del Niño– dio cuenta de una de las principales dificultades para evitar este tipo de delitos: “La mayoría de los que inician a las y los menores, o los entregan, son sus familiares”.
En la zona de la Triple Frontera, por ejemplo, donde se calcula que hay cerca de 3500 niños y niñas explotados sexualmente, “los gendarmes vemos la situación, podemos advertir el abuso. Pero si una niña está con su padre o madre y no tienen una interdicción, no podemos impedirle que cruce la frontera”, dijo en ocasión de aquel informe Pedro Padilla, jefe de la División Ingeniería de Proyectos Informáticos de Gendarmería Nacional.
Es esa división de la fuerza la que impulsa un proyecto para acortar los tiempos de espera hasta saber si hay algún impedimento para el cruce de frontera de menores. “Hoy no podemos retener a una niña hasta que llegue el expediente”, dijo Padilla. Pero mientras se resuelve el modo de controlar fronteras afuera el tráfico de personas y especialmente de los más chicos, las redes de trata y explotación sexual funcionan dentro del país con ganancias similares a las del narcotráfico. Se supone que hacia el año 2004, unos cuatrocientos millones de pesos se generaron a partir del uso del cuerpo de mujeres, en su abrumadora mayoría, y de menores.
Es aquí, en los lugares que cualquiera frecuenta de ida o de vuelta al trabajo, en barrios pobres como Polvorines (donde hace tres semanas se desbarató a la banda de “Jonás” –Ricardo, el padre y dos de sus hijos– que mantenían en cautiverio a casi 20 mujeres paraguayas, muchas de ellas menores), o en barrios acomodados como Belgrano (de donde una joven llamada Marcia escapó y dio su testimonio a este diario la semana pasada), donde suceden esos hechos aberrantes que parecen sacados de novelas del siglo pasado y que para muchos es difícil de creer. Y es aquí nomás, como lo demuestra también el caso de Paula, que las redes familiares se tejen como hacen las arañas, no para contener, sino para comerse a la “presa”.
“La prostitución es abuso porque la mujer no elige libremente sino que llega a eso. A veces para no morir, otras porque se la convenció de que es para lo único que sirve”, dice la psicóloga Magdalena González en una investigación publicada en junio pasado en la revista Topía. “Por ejemplo, una de las madres de estas mujeres –casos concretos sobre los que González realizó su investigación– le había dicho a su hija: ‘Acá hace falta plata: hay que trabajar o hacer la calle, y vos para trabajar no servís’”. González sitúa al “reclutador” como un personaje clave, que se aprovecha de la vulnerabilidad social de las víctimas. La mayoría de las mujeres que ingresan en estos circuitos de prostitución “han sufrido algún tipo de violencia dentro de sus familias” o bien tienen situaciones económicas que bordean la indigencia. “En América latina –dice González— hay un dicho atroz: ‘Donde hay hembras no hay hambre’. Se las hace cargo, desde tempranísima edad, de la enajenación de su persona para conseguir el sustento de sus padres y hermanos varones.” Lo cierto es que no puede pensarse la historia de Paula como un caso aislado, salvo porque la intervención del Estado, esta vez, sirvió para que ella y su hermana pudieran torcer su destino. Todos los días se pueden rastrear sin demasiada dificultad en los avisos clasificados de diarios nacionales las ofertas de “trabajo” con “muy buen sueldo” para “señoritas con buena presencia” a las que se ofrece vivienda, ocultando detrás de esa necesidad tan común que vivienda quiere decir lisa y llanamente esclavitud. Porque una vez dentro de esos “departamentos privados” las mujeres pierden todo contacto con el afuera, incluso la noción del día y la noche, como bien lo relataba la joven liberada de un burdel de Belgrano: “A veces dormíamos a la mañana, a veces a la tarde, comer, no comíamos, a lo mejor alguna fruta”.
“Esto suele suceder con poblaciones pobres en las que la adolescencia se desdibuja –dice Gabriela Rodríguez Pizarro, asesora regional de Unicef–. La niña deja de ser infante muy jovencita para hacerse adulta. Hay, por ejemplo, una concepción social de que una niña de 13 años es ya una mujer. Eso lo ves en una situación de la que no se habla mucho: las niñas modelos. Lo impresionante es que todo eso parece normal.”
Pero si la reducción a esclavitud de mujeres, y también de niños y niñas, para el circuito de la prostitución es un negocio que se considera más rentable que el narcotráfico –sencillamente porque la “mercadería” se utiliza una y otra vez– es porque cuenta con la complicidad, en la mayoría de los casos, de quienes deberían evitarla. El caso de Marita Verón, la joven tucumana desaparecida hace tres años a pesar de las muchas testigos que la vieron en burdeles de La Rioja, develó una trama que implica no sólo a familias dedicadas a la trata sino también a la policía riojana, algunos jueces y hasta el propio vicegobernador de Tucumán, Fernando Jury. Este funcionario está acusado de proteger a los hermanos Ruben y Mario Ale, quienes habrían secuestrado a la joven.
Además, la falta de una legislación federal para controlar este delito hace que cuando alguna mujer o niña es buscada en una provincia, se la traslade a otra. Esta es una operatoria que también se comprobó en el caso de los Jonás, la familia de Polvorines que tenía secuestradas a 20 jóvenes paraguayas. Si algo se puede anotar del lado de las buenas noticias en este panorama negro, es que en el último año el tema de la prostitución y la trata se ha instalado en la agenda. El caso de Paula también da cuenta de lo que significa para estas chicas que el Estado actúe a tiempo.