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“Relevamos a todo el personal implicado en el aberrante hecho de torturas en la Unidad 9 de La Plata, nos presentamos en la causa penal y estamos trabajando un sumario interno que va incluso más allá de lo que investiga la Justicia –sostiene el ministro de Justicia bonaerense, Eduardo Di Rocco–. Hemos mejorado mucho y hoy en día, teniendo la mitad de los presos del país, se producen en nuestras cárceles mucho menos de la mitad de las muertes que se producen en las unidades a nivel nacional. Es más, creo que estamos, proporcionalmente, por debajo de la cantidad de muertos que hay en el Servicio Penitenciario Federal. Di Rocco analizó ante Página/12 el cuadro de situación en las cárceles provinciales.
–De todas maneras, el caso de las torturas a López Toledo en la Unidad 9 fue descubierto y denunciado por la Comisión de la Memoria bonaerense.
–Sí, así es. Nosotros estamos comprometidos con la investigación del caso. Le ofrecimos todas las garantías e incluso un pase al SPF. El nos dijo que no y actualmente está en Florencio Varela. Insisto, queremos mejorar, no tenemos ningún problema en que nos inspeccionen. Estamos trabajando con el CELS, que tiene muy buenos técnicos.
–Los datos que han trascendido indican que hay más muertes en las cárceles bonaerenses que en las del resto del país.
–Primero, tenga en cuenta que la provincia de Buenos Aires tiene la mitad de los presos de la Argentina y, tomando en cuenta las proporciones, nuestros índices son menores, por ejemplo, a los de Mendoza o Santa Fe. Y lo mismo ocurre en la comparación con el SPF. Nosotros tenemos cuatro sistemas. El de máxima seguridad, el de mediana seguridad, el semiabierto y el de regímenes especiales que abarca hospitales y comunidades terapéuticas en las que adentro sólo se mueven médicos y psicólogos, mientras que los agentes penitenciarios están del lado de afuera. De esos cuatro sistemas, tenemos problemas serios en el de máxima seguridad.
–¿Por qué?
–Por de pronto, allí están los internos más peligrosos, de una situación social muy difícil, reiterantes y con condenas generalmente altas. El clima de violencia interna es complicado, no sólo contra el personal del SPB sino entre los mismos internos. Estamos buscando habilitar cárceles de máxima seguridad porque, obviamente, hay superpoblación e intentamos lograr standards internacionales en materia de cantidad de personal.
–Pero sucede que hay estructuras enormes de corrupción.
–Desde que iniciamos nuestra gestión, relevamos a la conducción de 15 penales y a unos 150 hombres del SPB. Aun así, tenemos efectivos que no se adaptan y que vienen de la vieja estructura militar y de corrupción. No lo dudo. Pero estamos tomando medidas. Por ejemplo, los sumarios internos ya han pasado a manos de civiles, funcionarios del Ministerio de Justicia, no del SPB. En un hecho inédito en América latina, los médicos de cada cárcel ya no dependen del jefe del penal sino de una jefatura médica central. Eso les da una independencia infinitamente mayor de la estructura de la propia cárcel. Y le repito: por primera vez en la historia hay un civil al frente del SPB. Estamos tratando de cambiar esa fuerza, transformando los programas de estudio, poniendo nuevos requerimientos educativos para ingresar y buscando criterios de máximo profesionalismo. Las cosas no se cambian de un día para otro, pero al mismo tiempo estamos con una política total de apertura. Trabajamos con la Justicia entrando como nunca a las cárceles, con la Secretaría de Derechos Humanos, el CELS, y tuve muchas reuniones con la Comisión de la Memoria.