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En los años ’90 Argentina estableció “relaciones carnales” con Estados Unidos, por decisión del gobierno nacional de entonces, y Carlos Menem solía ufanarse de su amistad con el padre de George W. Bush, a quien acompañó con tropas en la expedición punitiva contra Irak denominada “Tormenta del desierto”. Adhirió a las teorías del llamado “Consenso de Washington”, inspiradas por los conservadores neoliberales, fue el mejor discípulo del Fondo Monetario Internacional (FMI) y abrió el país a los clanes del capitalismo salvaje. A cambio de modernizar algunos servicios públicos y destruir otros, la red ferroviaria nacional por ejemplo, Argentina privatizó el patrimonio nacional, aumentó la deuda externa y el desempleo, depredó la capacidad productiva de la propia industria manufacturera y sufrió dos atentados terroristas (embajada de Israel y AMIA) que hasta hoy siguen impunes. Los mismos que libran la guerra mundial contra el terrorismo desde que cayeron las Torres Gemelas en Manhattan toleraron la incuria oficial en la investigación de esos crímenes. El ciclo terminó primero con Menem, reducido ahora a la mínima expresión, y luego con Fernando de la Rúa, dado que el titular de la Alianza quiso seguir el mismo rumbo, hasta desembocar en la gran crisis de principios del siglo XXI, con devaluación asimétrica, default y reclamos populares para que se vaya la vieja política.
La hegemonía internacional del neoliberalismo impuso las teorías de economistas alemanes refugiados en Estados Unidos a mitad del siglo XX que toleraban a la democracia siempre que no fuera un estorbo para el “mercado”, al que adoraban. Se levantaron sobre los escombros del Muro de Berlín y la trágica implosión del modelo soviético de socialismo, que Francis Fukuyama desde Estados Unidos llamó con arrogancia “el fin de la historia”, aunque el sábado Clarín daba cuenta de algunas de sus críticas a los “carnales” que le hicieron caso: “malentendieron”, “lo hicieron mal” o “fueron insuficientes”. La ola conservadora barrió a la América latina entera, como un huracán de grado cinco, esparciendo miseria (200 millones de pobres actuales, casi la mitad en la indigencia) y concentrando la riqueza en pocas manos de nativos y ávidas corporaciones trasnacionales. En esas entrañas fue engendrado el proyecto de un Area de Libre Comercio para las Américas (ALCA), diseñado en los términos clásicos de Monroe: las Américas para los (norte)americanos. Aquella hegemonía, sin embargo, se quebró en la región y en el mundo. Por eso, el presidente Bush (hijo) es la repetición grotesca de aquellas tragedias, según la versión sobre corsi e ricorsi de la historia.
No es una mera discusión teórica, porque ya hay experiencias aplicadas del ALCA. La versión que suscribió México puede llenar una biblioteca con las críticas de sindicatos industriales y campesinos por el costo social que supone la desigualdad de la relación bilateral. En ninguno de los países que siguen apoyando el proyecto se realizó plebiscito alguno de apoyo, pero en todos ellos hay registro de manifestaciones masivas de oposición. El presidente Vicente Fox, cuyo mandato se vence dentro de un año y las encuestas no le vaticinan nada bueno, no tiene marcha atrás, pero nadie lo escuchó enumerar las presuntas ventajas o beneficios que obtuvo para su nación, una de las mayores del continente. Lo que se debatía sobre este asunto en la Cumbre de Mar del Plata no era, como pretenden simplificar algunos comentarios, una cuestión de comercio con Estados Unidos. Era eso y mucho más, porque lo que en verdad estaba en debate era la hegemonía perdida por los conservadores, aunque todavía predomine en las esferas de poder de la mayoría geográfica latinoamericana. Si bien una votación de los presentes en Mar del Plata tal vez hubiera resultado en 29 a 5, el peso específico de Brasil, Argentina y Venezuela, más Paraguay y Uruguay (juntos representan el 75 por ciento del producto bruto de Sudamérica) significa que la diferencia no segrega a una minoría sino que parte en dos a la región. No era una puja entre bloques de izquierda y derecha, porque ni siquiera el Mercosur podría ubicarse como una coalición de neta definición ideológica, ya que cada uno de sus miembros tiene visiones particulares sobre las vías de desarrollo de sus respectivos países y hasta pueden observarse recelos y competencias tan notorios como los que se dan entre Brasil y Argentina. A pesar de esa pluralidad, o tal vez por eso mismo, la unidad de criterios sobre el ALCA pudo soportar todo el peso de las presiones que pujaban por doblegarla: ninguno quiere volver a los años ’90 porque saben que es un suicidio político para los que imponen semejantes sacrificios a la población. Cada cual a su manera quiere lo mismo que los demás: preservar los intereses nacionales a través de una integración entre los menos desiguales, donde es posible el comercio multilateral con beneficios compartidos. Tampoco el móvil es la adhesión ideológica al nacionalismo antiimperialista, al menos no en los términos clásicos de esas categorías, pese al entusiasmo tropical de Hugo Chávez, presidente de Venezuela, ya que existen otras zonas donde estos mismos gobiernos disidentes del ALCA mantienen acuerdos y apoyan gestiones de la Casa Blanca. La defensa de los intereses nacionales debería exceder los límites ideológicos clásicos de la izquierda y la soberanía autónoma no puede agotarse en el espacio de los nacionalismos.
Ideológica es la crítica a la posición que defendieron el gobierno nacional y sus pares del Mercosur y Venezuela, porque sólo desde una visión sesgada por ese tipo de esquemas puede suponer que la posición sostenida provocará ofensas en Washington y la venganza será terrible. La puja de intereses distintos en las relaciones internacionales no ofende a nadie y siempre hay consecuencias, aun cuando todo interés legítimo se revuelque en “relaciones carnales”. Las consecuencias de las prácticas en los años ’90 están a la vista y millones de argentinos las pagan en carne propia. ¿No vale la pena correr el riesgo de la posición diferente? Los ideólogos que auguran penurias sin cuento son los mismos que suponían que el FMI castigaría con el cepo a quien se atreviera a renegociar la deuda fuera de las condiciones que predica esa regencia de los usureros internacionales. Una sola cosa es cierta: las relaciones entre el imperio y la periferia siempre tienen consecuencias: unas veces son terribles, como las ya vividas, pero es preciso hacer lo posible para que alguna vuelta la taba caiga del lado bueno. ¿Utopía? ¡Ojalá!