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Muy pocos creen que garanticen mayor seguridad. Más bien, todo lo contrario: la gran mayoría de los ciudadanos de Capital y el conurbano piensa que tener un arma de fuego en el cajón puede ser algo sumamente peligroso. Que si no es el diablo quien las carga, al menos mete la cola. Y aun así, cuando se les pregunta si aceptarían la prohibición de su venta, las opiniones se dividen: sólo el 40 por ciento está de acuerdo y una cantidad similar en contra. Son resultados de una encuesta realizada por la Universidad Nacional de Tres de Febrero. El estudio tiene algunos datos significativos. Por un lado, lo que parece brindar una oportunidad para la acción: un contundente 70 por ciento de la gente está de acuerdo con que se implemente una campaña oficial para retirar las armas de fuego de circulación. Por otro lado, un 11 por ciento admite tener armas en su casa, lo cual supera con creces la cifra de usuarios legalmente registradas y permite proyectar una cantidad escalofriante de gatillos al alcance de dedos inexpertos.
En la Argentina hay, según datos del Renar, 1.123.000 armas legales, de las cuales casi un millón están en manos de usuarios individuales y el resto las usan empresas, agencias de seguridad, bancos, entre otros. ¿Y para qué las tienen los usuarios individuales? Supuestamente, para sentirse seguros. Hay que ver si lo logran.
–¿La posesión de un arma de fuego le garantiza mayor seguridad?
–No.
–¿Tener un arma puede ser peligroso para usted o su familia?
–Sí.
El “no” en la primera respuesta corresponde al 65 por ciento de los consultados en este sondeo. El “sí” de la segunda, al 73 por ciento. El estudio, para el que fueron encuestadas 807 personas en el GBA, estuvo a cargo del Centro de Investigaciones en Estadística Aplicada (Cinea) de la Universidad de Tres de Febrero. “Evidentemente, existe conciencia sobre la peligrosidad de las armas –señala Diego Brandy, director del Cinea–, pero al mismo tiempo hay una gran polarización en cuanto a una prohibición sobre las ventas.”
La pregunta sobre la posibilidad de prohibir la venta de armas se introdujo en el estudio después de que se conocieran los resultados del reciente referéndum en Brasil, donde tras una campaña en que ambas posiciones parecían reñidas, el “no” a la prohibición terminó imponiéndose por 64 por ciento de los votos contra el 35,8 para el “sí”. Aquí las posiciones parecen dividirse en partes iguales: según el sondeo 40,1 por ciento estaría de acuerdo con la prohibición y el 40 en desacuerdo.
¿Y por qué no es más alto el apoyo a la prohibición si existe una visión crítica sobre las armas? “Creo que esto puede verse como consecuencia del escepticismo de la gente de que la prohibición de la venta tenga efectos reductores sobre la violencia y el delito –señala Brandy–. Pero al mismo tiempo, aparece la necesidad del desarme: sacar las armas de circulación. Ahí hay una demanda potencial fuerte en la población. Creo que ése es el resultado más interesante del estudio: hay condiciones de opinión pública para que el Estado tome en serio este tema e instrumente campañas de desarme que por ahora sólo aparecen en proyectos.” Efectivamente, el apoyo es alto: un 69 por ciento se pronunció a favor de una campaña para retirar las armas, una cifra que crece al 80,8 por ciento entre quienes tienen estudios terciarios o universitarios.

¿Quién aprieta el gatillo?
–¿Ha disparado un arma de fuego de uso civil?
–Muchas veces.
Eso respondió el 6 por ciento del total de la muestra, mientras que un 3 por ciento dijo “algunas veces” y un 5 por ciento “muy pocas veces”. Lo cierto es que la cifra de armas en poder de la población que se desprende de este estudio es muy considerable: un 11 por ciento de los encuestados dijo tener armas en la casa, un 20 por ciento reconoció haber tenido una en su poder y un 26 por ciento dijo conocer a alguien que guarda una en casa.
“Lo que surge acá es que hay un gran mercado negro –señala Darío Kosovsky, coordinador del equipo de seguridad del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) e integrante de la Red argentina para el desarme–. Según el Renar hay unos 300 mil usuarios individuales de armas en la Capital y el conurbano: sería un 3 por ciento de población. En cambio, la encuesta habla de un 11 por ciento, lo cual sería casi cuatro veces el número de armas registradas. No sé si llegará a eso, pero nosotros estimamos que la cifra de armas ilegales al menos duplica las registradas.”
Y si bien muchos de los encuestados no dieron el paso de conseguir un revólver para el cajón de la mesa de luz, una buena cantidad lo pensó: un 46 por ciento (de quienes no poseen armas) admitió haber considerado la posibilidad de comprarlas. Curiosamente, son los habitantes de la Capital quienes más lo evaluaron, si bien la inseguridad golpea más duro en el conurbano.
Confrontado a la aparente contradicción de desconfiar de las armas y al mismo tiempo considerar comprarlas, Kosovsky sostiene que “la gente sabe que un arma puede provocar accidentes en la casa, pero no confía en la provisión de seguridad por parte del Estado. Eso demuestra que una política de armas no sirve si no hay un plan de seguridad detrás. Significa modernizar y reformar las fuerzas policiales, controlar el sistema de seguridad privada e instaurar planes de prevención del delito”.
¿Qué efectos tendría aquí un plan de desarme? Las experiencias en el país hasta ahora (como la de Mendoza, que se detalla aparte) han sido limitadas. La Red argentina para el desarme –que integran, además del Inecip, organizaciones como Flacso, la Red Solidaria, Espacios y la Fundación Lebensohn– se conformó en el 2004 justamente para impulsar este tipo de opción. Y plantean medidas en dos direcciones. Por un lado, un plan de control: “Hay que fortalecer la vigilancia del mercado legal de armas en cuanto a la fabricación, importación y exportación, tomar medidas sobre entidades de tiro, sobre el control de los stocks de depósitos judiciales y militares y perseguir mejor el mercado ilegal”, dice Kosovsky. La otra pata del plan es, concretamente, el desarme: “Se busca reducir el número de armas circulante para disminuir los niveles de violencia, promoviendo sistemas de resolución alternativa de conflictos”.

Mi arma es mía
Quienes se oponen a ese tipo de medidas suelen argumentar que se desarma a la población “indefensa”, mientras que los criminales siguen armados. Pero, más allá del resultado del referéndum –realizado en medio de la crisis política–, los datos de Brasil muestran los efectos positivos del plan. En el 2004 fueron destruidas allí más de 400 mil armas.
Sin embargo, no siempre es fácil convencer al que tiene el arma en el cajón. “Estamos todos de acuerdo en que un arma no da tanta seguridad, que significa un riesgo en la casa, pero aún falta que la opinión pública se apropie de un tema como el desarme, es algo que hay que trabajar –sostiene Carola Concaro, investigadora de Flacso y también integrante de la Red argentina para el desarme–. Es notorio el impacto de los medios encuanto a la inseguridad. En la ciudad de Buenos Aires las estadísticas criminales muestran una baja importante, pero aun así la gente considera seguir armándose. Esto tiene que ver con el consumo de noticias.”
Tanto Kosovsky como Concaro mencionan la creciente presencia de las armas de fuego en las peleas personales. “Una investigación muestra que en la Argentina muere una persona cada dos días por armas de fuego en conflictos interpersonales. La gente no sólo usa el arma para defenderse, sino que usa la violencia armada para resolver conflictos banales: lo que antes podía terminar a las piñas hoy puede terminar a balazos, como sucedió en el peaje de la Panamericana –agrega Kosovsky–. La pregunta entonces no sólo es qué tipo de seguridad tenemos sino cómo queremos convivir.”