Eduardo Moliné O’Connor está bajo la lupa de la Justicia suiza. El destituido vicepresidente de la Corte Suprema es investigado por presunto lavado de alrededor de más de cuatro millones de dólares que el ex supremo depositó en la banca suiza, vía Uruguay, entre 1994 y 1998. La procuración de la Confederación Helvética envió un exhorto a la Cancillería argentina para solicitar la colaboración de la Justicia de nuestro país en el expediente iniciado en Zurich y desde el Palacio San Martín remitieron el pedido al juez federal Norberto Oyarbide, que decretó “el secreto de sumario”. La rogatoria incluye la intervención del fiscal federal Gerardo Pollicita, quien instruyó la causa Meller, cuya resolución del máximo tribunal le costó al Estado 30 millones de dólares y desató la sucesión de juicios políticos que terminaron con la eyección de los integrantes de la mayoría automática menemista de la cúspide de la pirámide judicial.

La noticia trascendió ayer de fuentes diplomáticas, unas horas después de que la Cancillería enviara el exhorto de la Justicia suiza a Oyarbide el lunes por la noche. Allí se determina que la procuraduría helvética investiga “procedimientos sospechosos de blanqueo de dinero” que el ex juez de la Corte Suprema habría enviado a bancos de Zurich a través de bancos y entidades financieras del Uruguay. Según revelaron las mismas fuentes, las maniobras por las que Moliné O’Connor se convirtió en sospechoso se habrían producido entre 1994 y 1998, especialmente en los últimos tres años de ese período, lapso durante el cual las remesas al exterior superarían los dos millones de dólares.

A pesar del hermetismo con que se maneja el caso, también se confirmó que el pedido está firmado por el procurador suizo Tobías Kaver, la procuradora Sabina Winkler y la secretaria Andrea Gujer, todos de la delegación judicial de Zurich. No bien recibió el exhorto en su despacho de Comodoro Py 2002, Oyarbide decretó el secreto de sumario y se abocó a su trámite. Fuentes judiciales admitieron a Página/12 que el juez –que conoce de cerca el funcionamiento de la Justicia helvética– recibió de los investigadores el pedido especial de la “mayor discreción” sobre los datos que surjan de su trabajo.

En Tribunales no pocos miembros de la Justicia especulaban con la rápida aparición de alguna denuncia por enriquecimiento ilícito contra Moliné O’Connor, después de que trascendiera la abultada cuenta bancaria que el ex juez habría acumulado en bancos suizos mientras ejercía la vicepresidencia de la Corte Suprema. La misma cuenta que la Justicia del país europeo investiga por supuesto lavado de dinero.

El pedido de los investigadores suizos también solicita el aporte del fiscal Pollicita, quien instruye en Buenos Aires una investigación contra Moliné –junto con otros ex miembros de la Corte durante el gobierno de Carlos Menem– por presunto “prevaricato” en la denominada causa Meller. Ese emblemático expediente fue uno de los que provocaron los juicios políticos que precedieron las renuncias del ex presidente del máximo tribunal, Julio Nazareno, y de los supremos Guillermo López (que falleció poco tiempo después) y Adolfo Vázquez. El restante integrante de esa mayoría automática, Antonio Bo-ggiano, también fue destituido, mientras que Moliné O’Connor permaneció en el cargo hasta que el Senado lo destituyó.

Todos ellos convalidaron el fallo de un tribunal arbitral que daba lugar al reclamo del grupo Meller (Páginas Doradas) que exigía el pago “irregular” de 30 millones de pesos a la ex empresa estatal de telefonía (ENTel), por la confección de las guías telefónicas para sus abonados. La acordada firmada en noviembre de 2002 no sólo favoreció al grupo empresario –sin que se pronunciaran sobre la legitimidad o no del pago–, sino que abrió la posibilidad de otros reclamos por intereses punitorios que elevaban la cifra que debía desembolsar el Estado a cerca de 400 millones de dólares. Ahora, los investigadores suizos también asociarían el dinero de Moliné a esta misma causa judicial.