El informe de Amnistía Internacional se refirió a la situación de los derechos humanos en Uruguay, en donde consideró que “la mayoría de los casos judiciales se vieron obstruidos por la Ley de Caducidad de 1986”, que es el equivalente al Punto Final argentino. La organización de derechos humanos destacó que el gobierno de Tabaré Vázquez “inició investigaciones para establecer los lugares de entierro de los desaparecidos”, pero que no impulsó la abolición de esa ley. Sin embargo, existe un debate interno en el gobierno uruguayo sobre esta cuestión. Amnistía consideró negativa la libertad condicional al ex presidente peruano Alberto Fujimori, quien tiene un pedido de extradición a Perú. Y también criticó que se le diera el arresto domiciliario al dictador Pinochet.