Gran Bretaña es cómplice de Estados Unidos en “crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad” en la invasión a Irak. Esa es la conclusión que arrojó el informe anual 2005 de Amnistía Internacional. “Las fuerzas de la coalición multinacional y las fuerzas de seguridad iraquíes han cometido graves violaciones de los derechos humanos”, señaló la organización, que criticó la detención de miles de personas en Irak, Afganistán y Guantánamo y la “desaparición” de muchos de los detenidos. El informe destacó la utilización del territorio inglés para traslados clandestinos de prisioneros, sin autorización judicial, que “han provocado graves violaciones de los derechos humanos y preocupaban seriamente sus repercusiones sobre los musulmanes y otras minorías”.

Amnistía indicó que “un gran número de técnicas de interrogatorio aprobadas por las autoridades estadounidenses se inscriben como violación de las normas internacionales que prohíben la tortura”. Entre ellas, mencionó “la utilización de perros para provocar terror, posiciones dolorosas, exposición a temperaturas extremas, privación del sueño o aislamiento”. El informe además apuntó a los cuatro grandes centros de detención en Irak: la prisión de Abu Ghraib en Bagdad –de donde se conocieron las fotos de los vejámenes a los detenidos–, los campos Bucca en Um Qasr y Croper y el Fuerte Suse. “A finales de noviembre, más de 14 mil personas estaban encarceladas en estos centros y alrededor de 1400 llevaban más de un año”, sostuvo Amnistía. “Nadie es sometido a torturas en la Bahía de Guantánamo”, respondió el portavoz del Departamento de Estado, Sean McCormack, quien retrucó que “cuando llegó el momento de poner a Saddam Hussein ante un tribunal, ellos estaban ausentes.”

La principal novedad del informe es la denuncia del rol que jugó Gran Bretaña en estas violaciones. La organización de derechos humanos acusó a los británicos de haber participado en no menos de diez detenciones en Irak “violando el derecho internacional y su propia legislación en materia de derechos humanos”. También cuestionó al primer ministro Tony Blair por los “planes que imponen severas restricciones a los derechos humanos”, como la ley antiterrorista que surgió después de los atentados del 7 julio de 2005. Amnistía afirmó que “el gobierno trata de cuestionar la prohibición de la tortura en el territorio y en el extranjero e hizo adoptar –o trató de hacer adoptar– leyes no conformes al derecho nacional y a las normas internacionales en materia de derechos humanos”.

Por último, Amnistía consideró que Israel “benefició con la impunidad” a los colonos y soldados “responsables de homicidios ilegales y otros ataques a los palestinos”. El gobierno israelí respondió que “estudia seriamente” el documento.