Nilda Eloy, sobreviviente de la dictadura y testigo junto a López en el juicio a Etchecolatz, lo dijo desde el primer día: “Hay que poner el foco en Marcos Paz”. Según funcionarios expertos en temas carcelarios, lo que ocurre puertas adentro de esa cárcel no responde a sus mandos naturales.

La enumeración de irregularidades detectadas en los procedimientos que ordenó el juez Arnaldo Corazza confirma esto. Lo que más alarmó a los investigadores fue que allí adentro funcionan “líneas fantasma” no declaradas. La sospecha es que, al no poder ser detectados ni intervenidos, esos teléfonos pudieron haber sido utilizados para secuestros extorsivos o como parte de la logística del secuestro de Julio López. Como la información recabada incialmente no servía hubo que hacer otra vez todos los cruces telefónicos. “En Marcos Paz pudo estar la autoría intelectual o la recepción de la ‘buena noticia’”, especuló una alta fuente. Con la información obtenida en la primera “requisa” se dispusieron una serie de medidas, pero en el segundo procedimiento comprobaron que por ejemplo tenían intervenido un teléfono “con los pares desconectados”. Además, las autoridades del penal indicaron que los represores hablaban por un teléfono público en el que no se registró ninguna llamada. En el pabellón que comparten unos cuarenta condenados y procesados en causas de derechos humanos había un teléfono de línea con característica de Buenos Aires (Marcos Paz tiene la propia) y conectado a una red inalámbrica. En definitiva, quedó verificado que las líneas que usaban no eran las que declaró el Servicio Penitenciario. Por eso, los investigadores sólo pudieron escuchar conversaciones de los presos comunes. Tampoco era fidedigna la información proporcionada en el primer procedimiento respecto de las visitas que reciben los represores. Además de que siguen gozando del privilegio de tenerlas con mayor frecuencia, y de que siguen pudiendo ingresar “cualquier cosa”, como confió una fuente del caso, el SPF precisamente omitió los nombres de los investigados. Y los números de documentos que figuran en el libro de visitas no coinciden con el nombre de la persona que dice portarlos. “Aparecen tres tipos con el mismo DNI”, se quejó la fuente. En el entorno de Corazza no encuentran explicación para esto. “Acá no hay intención de desestabilizar a ningún ministro pero se suponía que Justicia tenía la mejor predisposición, y ahora tuvo que iniciar sumarios internos por todo esto”, comentó a Página/12 uno de sus colaboradores. El fiscal federal del caso, Sergio Franco, está terminando la denuncia para que se investiguen penalmente estas irregularidades. La sospecha sobre el SPF terminó de cerrar cuando la computadora del represor Bergés apareció en uno de los despachos oficiales del penal.