La ministra de Defensa, Nilda Garré, salió nuevamente al cruce del juez federal Guillermo Tiscornia por la denuncia en su contra por contrabando de armas. Aseguró que la función de su cartera “no es fijar precios” en las exportaciones de material bélico y aclaró que en la nueva causa judicial por “fraude al Estado” se tendrá que investigar si efectivamente se trató de una subfacturación de precios. La titular de Defensa se refirió así a la investigación por supuesto fraude contra la administración pública en la venta de 6739 fusiles a Estados Unidos. Garré volvió a aclarar que “no es competencia” de su cartera fijar precios y que si “me hubiera querido meter en la subfacturación, la Aduana me hubiera dicho que no era mi competencia”.

La ministra de Defensa sostuvo que es “el exportador”, en este caso Fabricaciones Militares, quien fija los precios y que la justicia “deberá investigar los motivos (y determinar) si hubo fraude deliberado o no”.

Garré acusó al juez Tiscornia de “arbitrario” porque consideró que debería “tener muy claro” la competencia de la Comisión que integra con los ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa, encargada de emitir “una licencia previa al trámite del exportador” de material bélico.