La judicialización de los pedidos de aborto de las chicas de Guernica y de Mendoza son el antecedente más próximo del reclamo iniciado por la mamá de la joven de Entre Ríos y que ayer obtuvo la respuesta favorable de la Justicia. Las madres de ambas jóvenes con discapacidad, que quedaron embarazadas producto de una violación, solicitaron la intervención amparada en el artículo 86 del Código Penal, pero debieron esperar la autorización judicial para llevarlo a la práctica.

El primer pedido fue realizado por la madre de L.M.R., una joven con discapacidad que había sido violada presuntamente por su tío. La solicitud fue avalada por un fallo de la Suprema Corte bonaerense, que además exhortó al gobierno provincial a brindar a la familia la asistencia necesaria que permita asegurar su salud, tratamiento y satisfacción de las necesidades sociales básicas.

“Es un tema muy espinoso, difícil y de conciencia. Pero lo que no se banca más es la hipocresía, y creo que la mayoría de la Corte entendió eso”, declaró en ese momento el gobernador Felipe Solá. La judicialización del caso fue debido al pedido de la asesora de Menores que salió en defensa de la vida del niño por nacer.

El otro caso ocurrió en Mendoza. La madre de una joven, de 25 años, con discapacidad, pidió la interrupción del embarazo en el Hospital Militar de la capital provincial, pero fue negado hasta tanto no consiguiera autorización de la Justicia. La joven fue intervenida luego de pasar por las mismos obstáculos que la chica de Guernica: tuvo que esperar un fallo favorable de la Corte mendocina.