Es muy posible que con la llegada al gobierno de Cristina Fernández se abra una nueva etapa en las relaciones entre el Gobierno y la Iglesia. Así lo desean tanto los principales referentes oficiales como la mayoría de los obispos, incómodos unos y otros por la tirantez que se ha vivido, en particular en los dos últimos años, entre el presidente Néstor Kirchner y el cardenal Jorge Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires y presidente de la Conferencia Episcopal. El primer síntoma de la distensión lo dio el Episcopado pocas horas después de cerrados los escrutinios de la elección del 28 de octubre: una carta de salutación, con buenos augurios y oraciones por la gestión de la nueva mandataria, salió de las oficinas de la Conferencia Episcopal hacia el despacho de la presidenta electa. En la Casa Rosada leyeron el mensaje como un gesto de parte del Episcopado y, rápidamente, interpretaron que un nuevo puente se tendía. En los últimos días trascendió periodísticamente que la Comisión Ejecutiva del Episcopado solicitaría una entrevista a Cristina Fernández al comenzar su mandato. Los obispos estarán reunidos esta semana en Buenos Aires, es posible que en esa instancia se genere el pedido de audiencia porque el intercambio informal es fluido y permanente a través de la Secretaría de Culto, pero hasta el momento no hay ningún paso formal dado en ese sentido.

La derecha eclesiástica es la que ha vivido con mayor euforia la tirantez entre la Iglesia y el Gobierno. Desde las sombras el ex embajador menemista en el Vaticano, Esteban Caselli, ha tratado de entorpecer de diferentes formas cada posibilidad de diálogo y acercamiento. Ante el solo anuncio periodístico de un posible encuentro entre Cristina Fernández y los obispos, los operadores de prensa del ultraconservador arzobispo Héctor Aguer resucitaron una intervención que el obispo platense había hecho hace tres semanas en Roma criticando al Gobierno por su manejo de la deuda externa, para instalarla en las páginas de los diarios de Buenos Aires y agregar una piedra más en el camino de un eventual diálogo.

Es cierto también que buena parte de los obispos se mostraron satisfechos por la primera alocución pública de la presidenta electa, en especial por la predisposición que mostró Cristina Fernández para dialogar con todos los sectores y para recibir opiniones diferentes de quienes fueron sus adversarios políticos, llamando a la colaboración de todos los argentinos en la construcción del país. Todas estas manifestaciones coinciden con varios de los pedidos hechos por el episcopado católico en los últimos tiempos. Mejor resonó todavía en ciertos oídos episcopales el pronunciamiento que, también pocas horas después de la elección, hizo Cristina Fernández manifestándose categóricamente en contra del aborto y las gestiones informales que después puso en marcha para cancelar iniciativas legislativas en la materia que no satisfacen a los obispos. El tema está en la primera línea de las preocupaciones eclesiásticas.

También es preciso señalar que, más allá de la efervescencia mediática que se construye en torno de la falta de diálogo entre Bergoglio y Kirchner, las relaciones entre la Iglesia y el Gobierno en la Argentina no han dejado de tener características muy paradójicas. Si se trata de analizar los hechos y las prácticas hay que decir que existe un amplio campo de colaboración, particularmente en tareas sociales. Casi todas las diócesis llevan adelante acciones de tipo social y educativo en colaboración con organismos del Estado y, en la mayoría de los casos, con fondos provistos por el Gobierno. En el campo educativo la Iglesia Católica tiene la mayor red de gestión privada a nivel primario, secundario y superior. Gran parte de estas instituciones reciben importantes sumas de dinero del Estado. Cáritas es una organización con gran reconocimiento social y también la que más fondos recibe del Estado para acciones sociales, subsidios de alimentación, programas de microcrédito, asistencia a la emergencia y planes de vivienda, entre otros.

Sin embargo, ante la opinión pública suele ponderarse poco todo lo anterior y sólo aparece la por demás evidente falta de empatía entre Bergoglio y Kirchner. El conflicto más grave entre ambos surgió en abril del 2005 cuando el entonces obispo castrense Antonio Baseotto utilizó la imagen bíblica que alude a colocar una piedra de molino al cuello y arrojar al mar a quien promueva el escándalo, para aplicarla al ministro de Salud, Ginés González García, por su postura a favor del uso del preservativo y de la despenalización del aborto. En el contexto argentino no es difícil entender que la figura utilizada se asimilara rápidamente a los “vuelos de la muerte” con los que se asesinó a muchas personas durante la dictadura. Es totalmente explicable entonces la reacción de Kirchner, que ha tenido en los derechos humanos un pilar de su gestión: le quitó todo reconocimiento al obispo castrense que, pese a ello, fue mantenido en su cargo por la Iglesia.

Desde entonces Kirchner y Bergoglio no volvieron a dialogar personalmente, a pesar de que existieron muchas gestiones para producir un encuentro entre ambos. No faltaron, sin embargo, las críticas alusiones mutuas en discursos públicos.

La visita que el mes pasado hizo a la Argentina el cardenal Tarcisio Bertone, segundo en la jerarquía vaticana, fue un claro indicio de que Roma quiere caminar hacia una mejor relación con el Gobierno argentino. Pero la ausencia de Bergoglio y de cualquier otro representante eclesiástico en el encuentro oficial del secretario de Estado del Vaticano con Néstor Kirchner y Cristina Fernández podría estar señalando también la existencia de una diplomacia paralela entre la Casa Rosada y el Vaticano de la que quedan al margen, una vez más, los obispos argentinos. Resultaría apresurado afirmar que esto es así, por lo que habrá que observar los próximos movimientos.

El casi seguro nombramiento de Alberto Iribarne, saliente ministro de Justicia, como nuevo embajador en el Vaticano, puede ser también un cambio de rumbo. El embajador saliente, Carlos Custer, es claramente un hombre de Iglesia, con nexos fluidos en el Episcopado y conocedor a fondo de la vida eclesiástica. Esto le permitió sortear con éxito la turbulencia de las relaciones de los últimos años. Iribarne es un hombre de la política, de trayectoria en el justicialismo y a quien no se le conocen muchas vinculaciones con los medios eclesiásticos. Habrá que ver entonces cuál es la orientación que tomarán las relaciones entre Roma y la Casa Rosada.

La asunción de Cristina Fernández parece ser una oportunidad para encaminar las relaciones. Los obispos hicieron un primer gesto enviando una carta de salutación. Esperan también que el Gobierno haga el suyo brindando acuerdo para los candidatos que la Iglesia propone para sustituir a Baseotto en el obispado castrense. En esta materia la pelota está en este momento en el lado del Gobierno. El problema no es con los candidatos, sino con el mismo hecho de la existencia del obispado castrense. Néstor Kirchner está convencido de que hay que avanzar hacia la eliminación de la institución del obispado castrense y, por lo tanto, a la abolición de los capellanes militares. Cristina Fernández apuntaría en la misma línea. Entre los obispos, aunque no hay consenso, sí existe una mayoría que piensa también que hay que cambiar la forma de servicio pastoral a los militares. Para ello hay que modificar el tratado que rige las relaciones entre Argentina y la Santa Sede. Algunas cuestiones se han conversado al respecto entre la Cancillería argentina y la Secretaría de Estado del Vaticano. Algo que los obispos no desean, por ningún motivo, es que cualquier avance sobre este tema sea presentado ante la opinión pública como una imposición del Gobierno a la Iglesia.

Un encuentro, así sea protocolar, entre la Presidenta y las autoridades del Episcopado podría ser el signo de que otra etapa comienza en las relaciones entre la Iglesia y el Gobierno.