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Por S. F.

El cuchillo se hundió hasta el fondo. La desregulación de la economía, la apertura al libre movimiento de capitales, la privatización de las empresas públicas y la flexibilización laboral, aplicadas sin anestesia en los ’90, expulsó a millones de personas al submundo del desempleo. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó en la Feria del libro El Estado frente a la protesta social –una investigación colectiva editada por Siglo XXI, que analiza el despliegue coercitivo estatal sobre los manifestantes de 1996 al 2002– con la participación de Mario Wainfeld, Norma Giarraca, Alberto Binder y Claudio Lozano, coordinados por el director ejecutivo del CELS, Víctor Abramovich.
La manifestación social, en opinión de Wainfeld, tiene una tradición muy potente en la Argentina. “La movilización es una permanente interpelación al poder público para que reforme sus políticas. Quienes ven violencia, disociación y agresividad en la presencia pública se quedan con los aspectos más epidérmicos y anecdóticos y pierden de vista que la movilización masiva ha sido una de las características de estabilidad de la sociedad argentina”, explicó Wainfeld, quien advirtió que el sistema judicial debería ser más tolerante con la protesta pública. “Los grupos de piqueteros que representan a los desocupados están divididos entre sí por una serie de variables políticas que no aluden a diferencias entre sus propios sectores de representados.” Norma Giarraca, docente e investigadora de la UBA, subrayó que las personas que manifiestan no pierden su condición ciudadana, como suelen pensar las fuerzas represoras y parte de la sociedad civil. “La tradición de la protesta en la Argentina la comparte con toda América latina. Perry Anderson dice que América latina es el territorio que resistió todo tipo de dominación con más intensidad durante el siglo XX”, recordó Giarraca.
El libro da cuenta de cada uno de los crímenes cometidos desde 1996 (Teresa Rodríguez, Víctor Choque, Darío Santillán y Maximiliano Kosteki) y muestra la naturaleza profundamente represiva del accionar policial. “Pero criminalizando la protesta, no nos fortalecemos como sociedad.” Para Alberto Binder, el libro del CELS podría tener otros tres títulos. El primero que propuso fue Historia de la persecución. “¿Por qué la categoría protesta social oculta la persecución? –se preguntó Binder–. El Derecho Penal ha sido históricamente una de las herramientas que se ha utilizado para la persecución política. Pero, ¿en qué casos y bajo qué condiciones podemos mandar a una persona a un campo de concentración en la Argentina? Si mis palabras les parecen exageradas vayan a dar una vuelta por las cárceles del Gran Buenos Aires.” Abogado especialista en Derecho Penal, Binder expresó su preocupación por la disminución de la edad de imputabilidad a los 14 años. “Precisamente, hace 14 años empezó en la Argentina la destrucción de toda red de contención, de todo plan social y sensatez. Hoy, el Gobierno está mandando una ley para que metamos presos a esos chicos. Estos son signos muy fuertes acerca de cómo nos estamos plantando frente a la pelea política por la democracia, por el estado de derecho, por la República y por la dignidad humana.”
“Este libro es un acto de justicia, porque a comienzos de los ’90 se decía que no había organización social ni protesta de ningún tipo”, dijo el economista Claudio Lozano. “El hecho de que se haya roto el consenso neoliberal y haya emergido otro tipo de discursos está relacionado con cuestiones que la sociedad instaló gracias a la movilización social. La democracia es básicamente un estado de derecho, y si se mantiene este cuadro de desigualdad lacerante, va a ser muy difícil, sin reformas económicas que acompañen, que los cambios institucionales puedan profundizarse”, evaluó Lozano. “La movilización Blumberg es el primer hecho social que la derecha siente que puede disputar. No digo que sea una demanda de derecha, sino que los sectores de la derecha buscan darle sentido. ¿De qué hablamos cuando hablamos de una sociedad segura?”