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Hipótesis de máxima: la guerra por la comunicación en Argentina ha terminado. La última batalla habría sido el 23 de octubre. El ganador cuenta con el aval de los votos. Si fuese así, de máxima, estarían dadas las condiciones para salir de la trinchera, mirar el territorio conquistado y armar un plan para la paz: batallar por la paz.

Cierto: la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) vive, a dos años de su promulgación, un proceso complejo de implementación. Tan cierto como que la percepción mayoritaria desconoce sus alcances y que ha sido asociada pérfidamente a la disputa del Gobierno con un grupo mediático dominante. Los detractores de la ley, además, no se han rendido. Con todo, un buen ganador conoce el bouquet de la victoria y qué debe hacer para consolidar su triunfo. No hace falta esperar ninguna rendición incondicional.

El primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner quedará en la historia por la motorización y aprobación de la ley. Antes fueron 70 proyectos y ninguna ley, de 1983 a 2009. El Gobierno alineó planetas históricamente disociados: una fuerza política mayoritaria con voluntad (y/o necesidad) de reforma; la torre de marfil de la academia; y el heterogéneo colectivo de actores de carne, hueso y raíces territoriales profundas que hicieron los 21 puntos para una radiodifusión democrática. Sea dicho: esta ley se legitima en la estructura de su derrotero histórico más que en la coyuntura de su nacimiento político.

La norma se integra, además, a otras iniciativas con orientación hacia la constitución de una Política Nacional de Comunicación, vieja y querida PNC. En lo soft, señales como Encuentro, Pakapaka e Incaa TV. En lo hard, la red de televisión digital terrestre en clave social vía la entrega gratuita de decodificadores a los sectores con menor capacidad de acceso. Desde la primera convocatoria a la Coalición por los 21 puntos a este fin e inicio de mandato el 10 de diciembre, el Gobierno mantuvo un equilibrio inestable entre la trinchera y la estrategia, mixturando la escaramuza partidaria con política de Estado. Una nueva etapa de consolidación de la paz llama a menos exaltación de la diferencia al estilo 6 7 8 y más construcción pública de lo común. La guerra de trincheras, por inevitable, necesaria y heroica que haya sido, encuentra su límite cuando se trata de construir desde la fortaleza.

Si la hipótesis de máxima termina siendo cierta, la pregunta que sigue es, ¿cómo ganar la posguerra? ¿Cómo lograr que la LSCA deje de ser percibida por muchos actores políticos, pero sobre todo por la sociedad, como un arma sectaria?

Como nunca antes, Argentina tocó el nervio profundo de intereses comunicacionales y empresariales de raigambre voraz. Aquellos que soñaban con un statu quo eterno capaz de garantizar posiciones dominantes ante el público y sus representantes. En el sector de la comunicación, a diferencia de otros donde la reforma todavía tiene que ser hecha, la mejor manera de profundizar el modelo sea, quizás, modelizar (sic) lo profundo: hacer que funcione bien.

Para que la ley funcione en el marco de una PNC sólida y duradera hay que procurar más y mejor Estado, a largo plazo. Las múltiples formas en que ese Estado se manifiesta van desde la elaboración de concursos públicos para nuevas licencias –como las que lleva ahora adelante la Autoridad de Aplicación de la LSCA– hasta el prime time de la televisión pública y los títulos de los cables de su agencia de noticias. Un Estado más profesional y más inteligente tampoco tiene que temer a más reformas: la aprobación de una ley que declare de interés público la producción de papel para diarios, pero también una legislación sobre acceso a la información y una regulación sobre el uso de publicidad oficial.

Si lo que se busca es generar políticas de aliento largo, ni la ley ni la política deben estar sospechadas de servir intereses partidarios. Hay que ser y también parecer. Salirse de la trinchera, del enquistamiento defensivo y de la guerra de posiciones. La construcción post reclama sentido inclusivo e integrador. De mínima, el sector de la comunicación pública está a las puertas de ser política de Estado en Argentina. Depende del Estado –y de

nosotros, sus defensores, ya no de sus detractores– que la hipótesis de máxima se convierta en realidad.

* Licenciados en Ciencias de la Comunicación (UBA). Integrantes de la Sociedad Internacional para el Desarrollo (www.sidbaires.org.ar).