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La televisión abierta y gratuita en la Argentina por fin concretará cambios estructurales en los próximos dos años de aplicación de políticas públicas de comunicación.

Durante más de treinta años la cantidad de emisoras de TV abierta en el país se ha mantenido invariable. Más aún: en la década del ’90 se sinceró la influencia de los canales de la Ciudad de Buenos Aires en todo el país, con la legalización de las redes y la concentración de propiedad de canales del interior y las redes de TV por cable.

Millones de ciudadanos y ciudadanas que habían naturalizado la necesidad de “pagar el peaje de inclusión por consumo” de la TV por cable o satelital podrán optar ahora por la recepción gratuita con más ofertas para sintonizar. Recordemos que en media Argentina aún hoy se reciben una o dos señales de TV abierta y, a pesar de la modernización y los esfuerzos que está desplegando Canal 7, la TV pública no llega a todo el territorio.

El crecimiento del acceso federal a la TV gratuita tiene dos vías: una, a mediano plazo, por los concursos públicos de asignación de frecuencias (a partir de un histórico llamado para 220 emisoras).

Paralelamente, otra ventana de oportunidades se abre desde 2010 con el programa Argentina Conectada, por el cual el Estado está desplegando la red de antenas para la Televisión Digital Abierta (TDA). A medida de su puesta en marcha, la TDA brinda una grilla cuya variedad podría compararse con un abono básico de TV paga usual en otros países (abono básico que en Argentina los cableros no ofrecieron porque tenían la vaca atada de una audiencia cautiva por falta de ofertas en la TV abierta, por repetir en directo las señales de Capital y el exterior, y por usar al fútbol como anzuelo para el abono, entre otras travesuras de mercado).

De cumplirse las metas actualizadas en estos días por la propia Presidenta, a fines de 2013 el 95 por ciento del territorio y casi el ciento por ciento de la población estará cubierto por la TDA, elevando la accesibilidad a todos los canales locales, más los nuevos canales que salgan airosos de los concursos, más un paquete de señales públicas y privadas cuyos permisos de emisión deberán tener criterios transparentes de selección.

Mientras se produce el acortamiento de la endémica brecha de acceso a la televisión gratuita, la participación de nuevos actores sociales y la mejora de la programación son terrenos en disputa.

La Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual establece varios mecanismos para generar mejores pisos de diversidad y pluralismo, además de la propiedad de los medios, como las cuotas de pantalla y los fondos para la producción audiovisual. Las prioridades para asignar fondos públicos a una programación diversa y federal, aun con las tramas complejas que cualquier pulseada podría tener, seguirán ayudando a reducir la fuerte incidencia de los mercaderes de la información y el entretenimiento chivero y atorrante que todos conocemos.

Estamos en una situación estratégica para seguir avanzando. La visibilidad de la “cuestión audiovisual” es una conquista de la democracia argentina y de los protagonistas del debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Este año, además de haber pasado la prueba de legitimidad política, parlamentaria y judicial, la ley será cumplida a través del funcionamiento de la comisión bicameral, junto a los Consejos y demás institutos creados para tutelar derechos y promover definiciones colegiadas.

Comparemos el camino recorrido con las dificultades del debate en Brasil, donde aun habiéndose realizado diversas acciones colectivas, todavía no se concretó una política democratizadora; o en Bolivia, donde la nueva ministra de Comunicaciones tiene como principal misión promover consultas y consenso para lograr una ley de medios que supere los invocados fantasmas de la mordaza y el “proestatismo” gubernamental.

Por otra parte, estamos alertas ante un sistema de comunicaciones altamente globalizado tendiente a la concentración. La crisis económica en España llevó en estos días al cierre o redimensionamiento (vía Internet) de emisoras que habían comenzado con el aliciente de la televisión digital... y también llevó a la entrada de empresas multinacionales presionando otra vez hacia la TV de pago.

Hay mucho camino por recorrer, pero está claro que cuanto más fortalezcamos las prácticas comunicativas y su financiamiento con arreglo a legitimidades políticas y sociales, mejor estaremos preparados para que el canto de sirenas del ajuste y del mercado nunca nos haga retroceder los casilleros que tanto esfuerzo nos llevó avanzar.

* Profesor adjunto Políticas y Planificación de la Comunicación, UBA.