Lo llamaron varias veces coronel. Horacio Ballester, integrante del Centro de Militares para la Democracia (Cemida), militar retirado desde 1971, es una de las personas que viene declarando en los juicios de lesa humanidad para contar, desde adentro, cómo eran los reglamentos, la estructura militar o qué significó para la última dictadura la doctrina de seguridad nacional. En el final de las testimoniales del juicio por el robo de bebés, y mientras se cumplía un año del comienzo del debate, Ballester detalló ante los jueces del Tribunal Oral Federal Nº 6 –entre otros temas– qué era y cómo se hacían los partes de “Procedimientos Operativos Normales”, una tarea conocida con la abreviatura de “POM”, que en el contexto del debate explica una orden de 1977 que circuló en el Hospital Militar de Campo de Mayo y habilitó en ese lugar el inicio del funcionamiento del espacio de Epidemiología como maternidad clandestina.

“Yo escribí muchos partes de procedimientos”, dijo cuando uno de los abogados de la querella de Abuelas de Plaza de Mayo le preguntó por los “procedimientos operativos normales”. Ballester, que hizo “unos cien” mientras estuvo operativo, explicó qué regía el trabajo operativo: “Se hacían para organizar cómo proceder, supóngase, en casos de incendios, para la incorporación de tropas, para la organización del vestuario, del uso del armamento, para la entrega de nafta en el surtidor: todo se puede regir por procedimientos operativos normales”.

Para la querella de Abuelas de Plaza de Mayo, esas órdenes que parecen haber sido una respuesta a los momentos en los que se producía cualquier tipo de problema, permiten contextualizar una información que existe en la causa. Se trata de una prueba que está en el expediente del juicio, pero todavía no se oralizó. Es una declaración del médico militar ya fallecido Julio César Caserotto, ex jefe del área de Neonatología del Hospital de Campo de Mayo. En la que explica que, a mediados del año 1977, recibió un POM que decía que a partir de ese momento personal de Inteligencia iba a mandarle prisioneras embarazadas que debían dar a luz en ese hospital. Esa orden, que Caserotto enunció alguna vez para librarse de sus responsabilidades, a esta altura es otro dato que permite entender cuándo empezó a funcionar el sector de Epidemiología como maternidad clandestina.

Para reforzarla, pude decirse que la fecha del POM coincide con los datos de los primeros partos denunciados. Y quienes llevan adelante la causa, creen, además, que en ese momento se organizó la maternidad en el hospital porque los militares de Campo de Mayo habían tenido un problema durante el parto de una prisionera que había dado a luz en el Campito, el centro clandestino que funcionó en esa guarnición.

Ballester habló durante casi dos horas. Detrás de las preguntas del abogado Luciano Hazán, de la querella de Abuelas de Plaza de Mayo, lo interrogaron el fiscal Martín Niklison y algunos integrantes del Tribunal. En ese tiempo habló de todo. De la Segunda Guerra Mundial y del encuentro en Río de Janeiro organizado a instancias de Estados Unidos en la década del ’40 para crear un junta militar para la defensa continental. Habló de la sucesión de acuerdos continentales, de la Guerra Fría y la creación del Plan Cóndor. Y en el contexto de la doctrina de seguridad nacional, explicó el modo en el que el país adopta los métodos de contrainsurgencia de la Escuela Francesa a fines de los ’50 y que los franceses fueron incorporados como instructores en la Escuela Superior de Guerra. En ese punto, lo detuvo el fiscal. Niklison quería saber cómo fue operativamente la instrucción, quiénes viajaron a Francia o quiénes fueron los franceses que llegaron al país para hacerlo. En el fondo, la fiscalía quería una definición: a quién el Ejército definió en ese momento como enemigo “interno” y no ya externo. Ballester no habló directamente del peronismo. Tampoco dijo que el Ejército sólo operaba contra los trabajadores de las fábricas. Pero repitió que en ese momento estaban los Uturuncos, por ejemplo, pero que así como durante la Guerra Fría Estados Unidos coordinó las fuerzas de seguridad de los territorios americanos para combatir el avance del comunismo, “en la actualidad lo llaman terrorismo internacional, pero el enemigo siempre es el mismo: está en el interior del pueblo”.

Casi no había público en la sala. Ballester habló frente a las querellas y al pelotón de abogados defensores de los represores que nunca están presentes en las audiencias. Ballester avanzó todavía más. Precisó dos datos importantes: el rol de Jorge Rafael Videla en la confluencia y armado de las órdenes, del Batallón 601 en esa cadena de información y de las órdenes de represión antisubversiva contenidas en el Reglamento RC9.1, de diciembre de 1976.

Sobre el primer punto, la declaración sirvió para dejar en claro en el contexto del juicio que Videla tenía dos canales de accesos de información de Inteligencia exclusivos, que le reportaban a él. Por un lado, la SIDE, y por otro, el Batallón 601. Cuando la fiscalía le preguntó cuál era la jurisdicción del Batallón 601, Ballester dijo que dependía del Comando en Jefe, y que pese a tener un edificio en “Callao y Viamonte, llegaba a todas partes” y “operaba en todo el país”, pero no respondía a las líneas de mando locales. También dijo que a “Videla le faltó siempre carácter y hacía que las cosas se las arreglen los subalternos”, pero aclaró que “estaba de acuerdo y firmó todo lo que se estaba haciendo”.

El último punto importante fueron los RC9.1. La querella de Abuelas preguntó varias veces sobre las reglas mientras pedían que se leyeran en voz alta. Durante unos cuantos minutos la sala entró así en la lógica militar, en los reglamentos secretos de 1976. Logró escuchar los partes que a esta altura parecen estar claros, sabidos, pero nunca lo están. Allí figuran las instrucciones sobre la doble tensión entre las “órdenes centralizadas” y “descentralizadas” para hacer más efectiva la lucha contra la subversión. O las instrucciones sobre el rol de Inteligencia: “La actividad de Inteligencia constituye la base fundamental en que se apoya la lucha contra la subversión”, dice uno de los puntos. “Su importancia es tal que puede ser destacada como la única forma de acción militar posible en las primeras etapas del proceso, y su ejecución eficiente puede ayudar al gobierno y la conducción superior de las fuerzas armadas a producir medidas tendientes a eliminar la agitación social y controlar a los activistas, con lo que podría resultar neutralizada la subversión en sus primeras manifestaciones.” Y luego: “Inicialmente la población será renuente a colaborar con las fuerzas legales y a proporcionarles información (...) Luego la renuencia se va transformando en adhesión, colaboración y, por ende, en información aprovechable”.

Según el cronograma del juicio, aún falta declarar un testigo, abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). El 19 de marzo comienzan los alegatos con la querella de Abuelas de Plaza de Mayo.