El Gobierno dispuso la intervención administrativa, técnica y operativa de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), del Grupo Cirigliano. La medida alcanza a la concesión de la línea Sarmiento, donde sucedió el accidente de la semana pasada, y también afecta al ramal Mitre, que opera la misma empresa. La decisión permitirá realizar nuevas “auditorías, inspecciones y verificaciones” sobre las condiciones del servicio y la infraestructura con el objetivo de garantizar la continuidad y seguridad en el funcionamiento de los recorridos que explota TBA desde su privatización en 1995. Cuando se encuentren irregularidades, los vagones serán desafectados del servicio hasta su completa reparación. El Ministerio de Planificación ya contactó a la empresa Toshiba, fabricante de los coches que utilizan los ramales, para que colabore con esas tareas. Las nuevas demoras que puedan surgir como consecuencia de esas medidas serán paliadas a través del refuerzo en el servicio de colectivos.

La intervención durará el tiempo que demore la Justicia para determinar las responsabilidades del accidente en la terminal de Once. La resolución 199/2012 del Ministerio de Planificación argumenta que, más allá de desconocerse el resultado de la investigación judicial en curso y sin afectar el principio de inocencia de la compañía, es necesario “tomar medidas preventivas urgentes de carácter cautelar y transitorio para garantizar la seguridad de los pasajeros y resguardar la regular prestación del servicio ferroviario”. El interventor de TBA es Raúl Jorge Baridó, gerente de Capacitación y Desarrollo de la Sindicatura General de la Nación (Sigen). El funcionario comenzó su trabajo ayer por la tarde, después de una reunión formal con autoridades de TBA y el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, en las oficinas de la compañía. El será el único funcionario que irá a la empresa y requerirá informes a gerentes y personal de TBA.

La decisión se terminó de pulir durante el fin de semana. La intervención deberá realizar “inspecciones, verificaciones y auditorías necesarias para determinar las condiciones de prestación del servicio ante los incumplimientos del concesionario verificados y sancionados”, sostiene la resolución que será publicada hoy en el Boletín Oficial. Baridó será asistido en sus tareas de inspección y auditoría por los distintos organismos públicos como la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y las otras dos concesionarias privadas del área metropolitana, Ferrovías y Metrovías. Estas dos empresas también operan con TBA las líneas San Martín, Roca y Belgrano Sur, que bajo el gobierno de Néstor Kirchner le fueron quitadas al Grupo Taselli. TBA seguirá prestando funciones en esa administradora, la Ugofe, creada en aquel momento. Los intendentes de las jurisdicciones atravesadas por las trazas de los trenes también colaborarán en esas tareas (ver aparte).

Continuidades y rupturas

La intervención, explicó el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, busca garantizar la continuidad del servicio y mejorar las condiciones vigentes. “El objetivo es que no se interrumpa el servicio y determinar, junto con la mirada objetiva de otros actores representantes del Estado, en qué condiciones se presta y prestará el servicio”, explicó el funcionario, al tiempo que aseguró que se realizarán “en forma inmediata las correcciones que se detecten y los ajustes necesarios para dar calidad y seguridad al servicio de transporte ferroviario”.

Intendentes bonaerenses que participaron de una reunión previa con De Vido relataron que el funcionario reconoció que esperan encontrar una amplia variedad de irregularidades en los ramales Sarmiento y Mitre. “Algunas de ellas fueron advertidas y sancionadas a lo largo de la concesión, muchas otras fueron corregidas y mejoradas. Hoy se está evaluando en la Justicia, con las pericias correspondientes, si alguna ha sido causa determinante del accidente ocurrido”, reiteró el funcionario luego de anunciar la intervención. El trabajo estará concentrado sobre el ramal Sarmiento donde ocurrió el accidente, pero también se realizarán inspecciones en la traza de la línea Mitre.

Los problemas técnicos en la infraestructura ferroviaria, muchos de los cuales fueron señalados en reiteradas oportunidades por diferentes organismos públicos de control como la AGN, implicarán sacar de circulación vagones afectados para su reparación en los talleres. “Si alguna pieza, si algún repuesto debía cambiarse y no se cambió, además de ver por qué nos se hizo, llamaremos de forma inmediata al fabricante para que la sustituya”, aseveró De Vido. Según precisó el funcionario, “el servicio de transporte ferroviario tiene establecido por contrato en forma permanente una garantía y servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para atender las tareas de mantenimiento y reparación de los bienes afectados por al concesión”.

Por eso, Schiavi señaló que “en este proceso vamos a necesitar readecuar servicios que van a generar en los usuarios modificaciones y afectaciones. Les pedimos que entiendan y colaboren. Quizá van a funcionar algunos trenes menos, quizá vamos a tener horarios distintos a los diagramas habituales. Esto no debería generar situaciones de zozobra”. El Sarmiento que conecta el oeste del conurbano bonaerense con la ciudad de Buenos Aires transporta entre 260 y 300 mil trabajadores por día que deberán recurrir a los servicios alternativos que ofrezca Transporte. A su vez, Schiavi se dirigió a los trabajadores de la concesionaria: “Hay 4520 trabajadores comprendidos en TBA, ellos tienen que tener la tranquilidad de que el espíritu de la intervención es trabajar con ellos, no contra ellos, en la mejora del servicio”.

Si bien De Vido y Schiavi explicaron que la intervención es un medida preventiva, distintos funcionarios consideraban que representa el paso previo para una quita de la concesión. Los artículos de la Ley de reordenamiento ferroviario de 2008 a los que hace referencia la resolución señalan que entre las atribuciones del Ministerio de Planificación figuran la continuidad, aplicación y cumplimiento de los contratos de concesión. No obstante, las medidas se tomarán una vez que se determinen las responsabilidades que causaron el accidente. Hoy comenzarán las pericias y en el Gobierno esperan que esta parte de la investigación no demore más de dos semanas.