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El debate sobre la comunicación ha regresado al siglo pasado. Pensábamos que la naturaleza social de este derecho humano no podía colocarse tan fácilmente en el mostrador del mercado. Pero han bastado un par de decretos para retroceder el reloj de la historia.

Por eso, un nutrido grupo de dirigentes sociales, sindicales, culturales y políticos, periodistas, legisladores, comunicadores y militantes del amplio espacio nacional y popular se reunirán el 20 de febrero en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en el Encuentro “El derecho a la comunicación es acción y construcción”** del que participarán universidades, sindicatos, medios populares, medios digitales y organizaciones sociales. Se trata de realizar un diagnóstico del estado de situación actual y analizar cómo se fortalece la construcción de medios y contenidos no corporativos en sintonía con el espíritu de la ley de servicios de comunicación audiovisual (LSCA).

El encuentro, amplio, horizontal y participativo, parte de considerar que los conocimientos producidos en elites desvinculadas de sujetos sociales que los encarnen y los incorporen a estrategias de construcción social y política, tienen el límite de los saberes testimoniales y de denuncia, pero resultan insuficientes para motorizar nuevas convergencias y encuentros.

Es la continuidad de un debate de muchos años, que transitó los foros públicos de la LSCA vigente, pero que no puede soslayar los cambios en la escena política y las nuevas modalidades de producción, distribución y acceso a contenidos.

Dado que en los tiempos de la videopolítica, la esfera pública –el lugar de producción y circulación de la política– tiende a superponerse con el sistema de medios, la discusión del tipo y características del sistema de medios a construir suponía –y supone– implícita y simultáneamente la discusión de la democracia a la que se aspira.

Una de las ideas fuerza de aquel proceso fue que la mediación entre las dirigencias políticas, sociales, sindicales y culturales y la sociedad no podía ser una mediación concentrada ni de una única modalidad. Sobre todo porque esas mediaciones, los medios en general, nunca son neutras: expresan intereses y, por lo tanto deciden, más o menos arbitrariamente, que dirigentes circulan y cuáles no, y cuales discursos son promovidos y cuales destruidos o entorpecidos.

La ley promovía el pasaje de una mediación corporativa en manos de un gran conglomerado –donde, paradójicamente, la esfera pública queda ubicada sobre un territorio privado concentrado– a mediaciones múltiples ejercidas por actores diversos: las mediaciones estatales y universitarias, las mediaciones comunitarias, las mediaciones de pequeños y medianos medios privados, las mediaciones cooperativas.

Si no era posible hacer política en asamblea permanente, en presencia perpetua uno con el otro, en democracia directa, si las mediaciones eran imposibles de evitar, entonces había que democratizar esas mediaciones.

De este modo las dirigencias no quedaban presas de una mediatización dominante, privada y concentrada, sino que podían aspirar ellas mismas a construir mediatizaciones propias, desarrollando medios comunitarios, interviniendo en la gestión de los estatales o asociándose a pequeños y medianos medios privados.

Se abrieron oportunidades, sin embargo esos desarrollos no siempre fueron impulsados consistentemente desde el Estado. Entonces, la diversificación y democratización de las mediaciones, incluso en sus nuevas perspectivas digitales, quedó trunca o inconclusa.

Tras el cambio de gobierno, el desconocimiento del parlamento como ámbito para el debate legislativo en la materia y el corrimiento del Estado como ámbito central de la política, estos procesos de democratización de la comunicación tienden a una regresión. Su continuidad, entonces, queda en manos exclusivas de la Sociedad Civil.

En el marco de las perspectivas que proponen las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), de- sarrollar, integrar y consolidar estas mediaciones alternativas a las mediaciones privadas corporativas resulta imprescindible. Es la diferencia entre un tipo de convergencia tecnológica que dé como resultado una mayor concentración de soportes en las mismas manos o una convergencia que traiga como resultado una mayor democratización en la circulación de contenidos.

El 20F es una oportunidad para avanzar en el segundo camino.

* Comunicadores que forman parten del grupo convocante al encuentro “El derecho a la comunicación es acción y construcción”.

** El documento de invitación, el listado de convocantes y la dirección donde inscribirse se pueden encontrar en https://www.facebook.com/redcomunicaccion/