El mismo día que en la Argentina se condenaba a los represores de la ESMA, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, logró que el Senado de su país aprobara la creación de una Comisión de la Verdad para investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la última dictadura militar (1964-1985). El grupo especial podrá determinar responsabilidades, pero no tendrá cómo llevar a los posibles acusados ante la Justicia, pues una amnistía ratificada en 2010 por el Supremo Tribunal ampara a los torturadores.