Más de nueve mil niños menores de cinco años, habitantes de la ciudad de Buenos Aires, se ven privados de asistir a un jardín de infantes estatal por falta de vacantes. Una cantidad no determinada –se presume que aún mayor– de chicos que asisten al nivel primario han sido derivados compulsivamente por falta de lugar en las escuelas de su barrio –o directamente por falta de escuelas– a otros distritos escolares, alejados de sus hogares. Los datos, aportados por una asociación civil y la Defensoría del Pueblo, ponen de manifiesto la crítica situación de la educación en la ciudad, que involucra a gestiones anteriores, pero también a la actual: un juez le ordenó al ministro de Educación, Mariano Narodowski, que presente un plan para resolver el problema de falta de vacantes, bajo apercibimiento de aplicarle una multa de 50 pesos por día. La resolución fue adoptada a partir de una denuncia presentada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). La organización denuncia la “falta de datos confiables” sobre el problema, debido a “serias deficiencias en la metodología de registro” de información.

“Resulta imposible planificar adecuadamente la construcción de las escuelas necesarias para atender la demanda si se ignora por completo en qué zonas de la ciudad se registra falta de vacantes y qué evolución presentó el problema durante los últimos años”, dice el informe de ACIJ.

Desde el Ministerio de Educación porteño prefirieron no aportar información sobre el tema hasta tanto el ministro Narodowski presente en la Justicia un informe de situación y las reclamadas propuestas para resolver el problema de las vacantes, según dijeron a este diario fuentes de esa cartera.

El problema afecta especialmente a los niños en edad de cursar en el nivel inicial: “Según consta en la causa, el Ministerio de Educación reconoce que hay 9200 niños en listas de espera para inscribirse en salas de jardines estatales”, reveló a Página/12 Nuria Becú, coordinadora del programa Igualdad Educativa de ACIJ. De esa cantidad de niños, la gran mayoría pertenece al sur de la ciudad.

Las falencias en la recolección de datos hacen imposible conocer la magnitud del problema en el nivel primario. “En ese nivel no hay listas de espera, pero miles de alumnos son derivados compulsivamente a escuelas que están alejadas de sus domicilios”, enfatiza el defensor adjunto del Pueblo de la ciudad, Gustavo Lesbegueris. “Se les niega a los padres el derecho a elegir el lugar donde quieren educar a sus hijos, y a los chicos, el derecho a concurrir a una escuela cercana a su residencia.”

Según el informe de ACIJ, al que tuvo acceso Página/12, no existe un registro preciso de estas derivaciones. “Esto dificulta el diseño de una política educativa que resuelva el alarmante problema”, sostiene el trabajo. Si bien oficialmente no se reconoce falta de vacantes en el nivel primario, los operadores de ACIJ que realizan trabajos de campo en barrios carenciados registran “decenas de denuncias de chicos que no van a la escuela porque no consiguieron vacantes cerca de su casa”, explicó Becú. Son casos de las villas 21-21, 20, 31 bis y 1.11.14.

El problema se detectó en 2001, justamente a partir de un trabajo de la Defensoría, que recogió denuncias de padres que no conseguían vacantes para sus hijos. De acuerdo con un informe oficial, en el Distrito Escolar 19º (Villa Soldati, Pompeya, Bajo Flores) se reubicaron ese año 3798 alumnos de nivel primario en escuelas de otros distritos: el 11º (Flores) y el 8º (Parque Chacabuco). A partir de ese informe, la Defensoría recomendó, en junio de 2002, la construcción de escuelas en el distrito 19 y la adopción de medidas de emergencia para garantizar la concurrencia a la escuela de los chicos derivados. A partir de entonces, el gobierno porteño instrumentó un servicio de traslado gratuito en micros.

“La falta de construcción de edificios escolares sumado al crecimiento demográfico hacen que ese dispositivo continúe implementándose en la actualidad y se haya extendido a otros distritos escolares”, dijo Lesbegueris a Página/12. En efecto, en 2007 ya no sólo se reubicaron alumnos del distrito 19º, sino de sus vecinos, el 13º (Mataderos) y el 21º, que derivan alumnos al 12º (Flores y Floresta) y el 7º (Caballito). “Se ha naturalizado una situación de desigualdad”, concluyó el ombudsman adjunto.

La investigación de ACIJ detectó falencias en el sistema que dificultan la obtención de información:

- No se registra a todos los demandantes de vacantes.

- No se informa a los padres sobre la existencia del servicio de micros, por lo cual lo solicitan aquellos que están informados.

- No existen normas de procedimiento para los directivos de escuelas para brindar soluciones a la falta de vacantes.

- No hay sistematización de datos: muchas escuelas hacen listas de espera en papel, los cuales muchas veces no son conservados para la estadística.

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