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“Lo que cobró Hard Communication es igual a lo que cobran los mozos en una cena benéfica.” Exótica fue la comparación que hizo el mítico empresario Jorge Born al tratar de explicar ante la Justicia qué pasó con una suma de entre 15 y 18 millones de pesos –en las doradas épocas del uno a uno–, para la cual no están preparados los bolsillos de un simple mozo de bar. El monto fue recaudado por Hard, de la que Born era presidente, con un juego telefónico que en 1997 fue principal atracción del programa conducido en Telefé por Susana Giménez. La máquina de hacer dinero se montó sobre la fábula de una obra benéfica en favor de la Fundación Felices los Niños, del cura Julio Grassi, que apenas recibió 400.000 pesos-dólares, cuando podrían corresponderle hasta 7 millones. Es la duda cruel de una causa donde también están imputados por defraudación Jorge Rodríguez, el novio de Su, y los empresarios Federico Quirno y Roberto Engels. El gran ausente –muerte de por medio– es el ex montonero Rodolfo Galimberti, socio de Born en el reparto de la fabulosa propina.
Aunque ayer Born se mantuvo en silencio, en el juicio oral se leyó su declaración indagatoria en la etapa de instrucción. Otra frase imperdible fue usada para culpar al periodismo por su tropiezo judicial: “El poder de la prensa es mayor al poder de las armas. Hay que terminar con esto”, dijo el hombre que fue todopoderoso. El único que habló ayer ante los jueces del Tribunal Oral 19 fue Rodríguez, cuya situación parece muy complicada. “Grassi es un cura. Nos dimos la mano y es como un contrato”, dijo en un arrebato místico, para justificar otros deslices. El juego telefónico comenzó el 26 de mayo del ‘97, cuando la Secretaría de Desarrollo Social seguía sin autorizarlo y Hard no había firmado aún el contrato con Grassi.
En la acusación fiscal se hizo hincapié en la disparidad de las cifras, entre lo recaudado y lo que le tocó a la fundación de Grassi. Entre mayo y diciembre de 1997 se recibieron más de seis millones de llamadas a un número especial, el 0939-12222, por un monto total de 18.509.469 pesos. El teléfono, autorizado sólo para colectas benéficas, había sido adjudicado a Hard dos meses antes del pedido formal de Grassi. Un muestra de lo que pueden los buenos contactos, porque Hard distaba de ser una entidad benéfica. En el demorado contrato se estableció que la fundación debía recibir el siete por ciento de lo cobrado por las empresas telefónicas, que llegó a 15.245.489 pesos. El resto corresponde a los que se consideran “clientes incobrables”.
Del contrato con Hard surge que Grassi debería haber recibido algo más de un millón de pesos. Sólo recibió 400.000 pesos, aunque Susana Giménez -una vez que estalló el escándalo– resolvió hacerle una “donación” de 680.000 pesos. Eso completa el millón, pero hay otro problema que parece insoluble para Hard y la Secretaría de Desarrollo Social, entonces a cargo de Eduardo Amadeo, actual vicejefe de Gabinete.
La autorización al “Su” llamado se hizo invocando el decreto 7342 del año 1965, que regula las “colectas de bien público”. El decreto dice taxativamente que “el beneficio neto para la institución” acreedora “no debe ser inferior al 50 por ciento” del total de lo recaudado. Si esto es así, el contrato piloteado por Hard le dio por completo la espalda al marco legal porque tenían que pagarle a la Fundación 7.622.744 pesos. Según la fiscalía, la fundación fue la menos beneficiada. Mientras Grassi recibió 400.000 pesos por derecha, más la “donación”, Hard cobró 118.401 pesos por los servicios más 638.868 pesos por los honorarios de los imputados. Además, presentó gastos por 314.631 pesos (ver aparte), lo que tampoco se condice con el decreto 7342, que establece que los costos de organización deben ser recatados para aumentar el beneficio a la entidad.
Por si fuera poco, las telefónicas cobraron 1.696.106 pesos, la empresa de audiotexto Telinfor 1.171.779 y al padre Grassi nunca le dieron participación en los 600 mil dólares recaudados por el concurso en el Uruguay. En la historia, el único “mozo” real fue Grassi.