Las volutas de humo aún giran en torno a Callejeros, como un manto pesado que trae aroma a bengala. Ahora, el fiscal porteño Marcelo Romá, que reemplaza a Juan María Sansone, en uso de licencia, requirió ayer que los seis músicos, su escenógrafo y su ex manager sean sometidos a juicio oral y público por su “participación secundaria” en el pago de coimas a los policías de la comisaría séptima, del barrio de Once. La requisitoria de la fiscalía se agrega a la de los padres de las 196 víctimas del incendio en República Cromañón. La querella considera que la participación de los acusados fue “necesaria” y que por eso les corresponderían, como máximo, no cuatro sino seis años de prisión, al igual que al presunto autor, Omar Chabán, gerenciador del local.

El fiscal considera probado que Chabán y Callejeros les pagaron a policías un soborno para que permitieran el ingreso de público a Cromañón más allá de su capacidad límite. Los integrantes de Callejeros están acusados además por el delito de “estrago doloso seguido de muerte”, en un juicio que corre por separado.

“Hace quince días hicimos nuestro propio requerimiento, planteando la elevación a juicio oral para los acusados de ‘cohecho activo’”, informó a Página/12 José Iglesias, abogado de la querella en la causa Cromañón y padre de una de las víctimas. La diferencia entre ambas solicitudes es que “el fiscal plantea que el juicio oral sea por su participación secundaria, que se castiga con dos tercios de la condena del autor, y nosotros pedimos que se los considere partícipes necesarios, por lo que correspondería igual pena” que a Chabán, explicó Iglesias.

“Entendemos que fueron partícipes necesarios, porque sin el aporte de su dinero para la coima no se habría podido cometer el delito.” El pago de la coima se habría realizado para salvar las irregularidades que se habían denunciado respecto del funcionamiento y la seguridad del local de Omar Chabán, quien está procesado como autor del presunto pago. Según la causa, a la banda le correspondía el 70 por ciento de las ganancias de sus shows y de ese monto se podrían haber abonado sobornos a los agentes federales.

“La mayoría de los padres estamos de acuerdo con el requerimiento del fiscal, aunque algunos separan a la banda de la causa”, comentó Iglesias a este diario.