La actual coyuntura política, estructurada alrededor del conflicto de y con “el campo”, viene despertando distintas lecturas tanto de académicos como de analistas políticos acerca del significado de la protesta social de los piqueteros. La activación de un sector piquetero gubernamental a favor del Gobierno y la emergencia de nuevos piqueteros (los productores agropecuarios) expresando una dura crítica a la política oficial desde las rutas (momentáneamente acompañados por el rechinar de las cacerolas), ha desconcertado pautas ideológicas sedimentadas (piqueteros “igual a” desocupados y pobres), ha dado lugar a legitimaciones y deslegitimaciones de cada lado o de ambos, pero no ha hecho justicia con una distinción elemental, enraizada en nuestra historia reciente, entre movimiento piquetero (movimiento de trabajadores desocupados) y “método piquetero” (utilizado por casi todos los sectores de la sociedad argentina entre 2000 y 2002). Asimismo, el tratamiento de las tensiones que el método piquetero opone a la democracia representativa, como forma de protesta abierta, ha empañado las menciones a los aspectos participativos de la democracia.

El hecho es, en primer lugar, que el movimiento piquetero ha sido el gran ausente de la conflictividad social de estos días. Hay que decirlo, la integración de las organizaciones sociales afines al gobierno de Néstor Kirchner fue el principio del fin del movimiento piquetero. Ideológicamente heterogéneo, pero forjado en la politización de la exclusión social y la lucha contra el neoliberalismo en los ’90, en sus expresiones tanto peronista como aliancista, la integración de un sector al Gobierno y la desacreditación paralela del polo de las izquierdas eliminaron tanto su componente autónomo como su talante crítico.

Por supuesto, esto no sólo se debió a la política gubernamental, sino también a la incapacidad de los últimos para reformular sus demandas y estrategias en el nuevo escenario político-económico y al abandono a manos del sector ahora aliado de uno de sus instrumentos estratégicos fundamentales durante 2001, esto es, el acompañamiento a la propuesta de creación de un seguro universal de empleo y formación para desocupados que la CTA y el Frenapo venían empuñando, proponiendo así una salida singular a la crisis institucional, basada en la participación ciudadana (la consulta popular) y los derechos garantizados por el Estado. De este modo, la participación de “los piqueteros” en el Gobierno hoy, en la implementación de una política social que no ha variado en sus fundamentos, y en su rol político, disputando en el terreno al PJ lo que entienden es la “mejor representación” del proyecto presidencial, no puede asimilarse a lo que hasta no hace mucho fue el movimiento piquetero en la Argentina.

Cortar rutas, sin embargo, se ha hecho una práctica más extendida, empezando por la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú que, con anuencia del gobierno nacional, interrumpe el Puente General San Martín desde hace más de un año. Ambas expresiones –asamblea y corte– suscriben la política del movimiento, que es decir no a la radicación de papeleras en sus cercanías, contracara de su decisión colectiva a optar por su propio modelo de desarrollo económico y social en la zona. Pero no todo piquete se articula necesariamente a una consigna construida colectivamente. Los piquetes del “campo”, inmersos en confusas asociaciones y disociaciones ideológicas, comparten no obstante con la expresión anterior el reclamo de “medidas concretas” frente a la construcción discursiva de la realidad y expresan, en las asambleas de “autoconvocados” (que reunieron en muchos casos a otros sectores económicos, sociales e institucionales de las ciudades del interior), una crisis de las representatividades institucionales que se extiende a sus propias corporaciones. La figura ascendente de un dirigente como Alfredo De Angeli y las expresiones de algunos gobernadores e intendentes a favor de sus comarcas y comunidades, son indicios de nuevas representaciones. Pero ni el posicionamiento político está definido, como lo muestra la dispersión de ideas ideológicamente consistentes del nuevo dirigente agropecuario “de los pueblos”, ni la descentralización territorial de las representaciones está asegurada, como se evidenció tras el encuadramiento de los gobernadores y habrá que ver si todos, de los intendentes al comando del gobierno nacional.

La creación de instancias participativas autónomas y plurales es una deuda de la democracia argentina. Por doquier y en muchísimos casos sin el menor reflejo en los medios nacionales, como es el caso de las asambleas ciudadanas que luchan contra el saqueo de los recursos naturales y la contaminación a lo largo y a lo ancho del país, el reclamo de ciudadanos y colectivos de ser consultados antes de que las decisiones institucionales sean tomadas es una constante. Seguramente, el arte de combinar políticas de solidaridad social y territorial con la construcción de nuevos espacios políticos que garanticen el acceso al proceso decisorio de sujetos sociales y políticos múltiples, cuya diversidad está cada vez más asociada a diferencias, realidades y conflictos en y sobre el territorio, es hoy una de las complejas tareas de la política democrática. Tanto la vía populista como la “democracia representativa” existente, vacía de opciones políticas pero improvisada espasmódicamente como reflejo oportunista ante algunas expresiones del conflicto social, constituyen un obstáculo a la articulación del voto y la participación social.

* Politóloga, investigadora del Conicet y profesora de la Universidad Nacional de San Martín.