En los últimos días, el jefe de Gobierno ha hecho una serie de anuncios a través de los medios de comunicación: un plan de tránsito y transporte para el área central; un plan de desactivación de los hospitales psiquiátricos Borda y Moyano; la modificación de las trazas de subtes, incluyendo un centro de trasbordo cercano a los predios de los nosocomios, y el traslado de todas las oficinas del Ejecutivo municipal a esos terrenos. Para la realización de este proyecto, denominado “Centro Cívico del siglo XXI”, se firmó un convenio con la Sociedad Central de Arquitectos para la realización de un concurso internacional.

Ante la ausencia de gestión, la lógica de anuncios de Mauricio Macri es, por lo menos, preocupante y paradójica; sobre todo cuando los anuncios no se ven. A fines del año pasado, la Legislatura le otorgó al Poder Ejecutivo “superpoderes” para hacer contrataciones directas y agilizar licitaciones para solucionar, antes del comienzo de las clases, la emergencia edilicia. El gobierno prometió obras en 430 edificios educativos. Pese a lo anunciado, el ciclo lectivo se inició con sólo una escuela terminada y siete en obra.

Otro ejemplo podría ser cuando el gobierno nos pidió votar con urgencia, en el mes de enero, una ley para realizar las “obras de bacheo” durante el horario nocturno. El argumento fueron las posibles quejas de los vecinos. Hoy podemos decir que, efectivamente, no hubo quejas, pero tampoco reparación de baches.

Mientras la Legislatura junto a los vecinos discute el Plan Urbano Ambiental, el gobierno promete faraónicas obras elaboradas por consultoras privadas. Pareciera no importarle el resultado de la discusión. ¿Es esto acaso un intento de definición del Plan? Y si fuera así, ¿no se debería informar a los organismos municipales y utilizar los documentos, investigaciones y análisis elaborados por esos organismos?

Este “modelo” de gestión que propone Macri supone, de hecho, que la “eficiencia” viene de afuera, menospreciando sistemáticamente el trabajo de excelentes profesionales que trabajan dentro del Gobierno de la Ciudad. El plan, elaborado por fuera de la ciudad, mantiene esa lógica; la de llamar a consultoras privadas para continuar con las obras públicas, o a licitación internacional de consultorías para seguir, por ejemplo, con la obra del Teatro Colón. Un modelo de gestión privado financiado con fondos públicos.

Para esto, Macri adopta la teoría de los “hechos consumados” y propone los cambios normativos que se adecuen al proyecto elegido (como el caso del predio de la Rural), y no a la inversa.

Macri debería abrir a una discusión democrática y plural para decidir qué hacer frente a estos megaemprendimientos urbanos. Hay muchas experiencias nacionales e internacionales que deberían evaluarse. Es más, debería discutirse si el Plan Urbano Ambiental no tendría que sacarse del ámbito del Ejecutivo y convertirlo en un organismo técnico autárquico, que trabaje permanentemente sobre la ciudad, elaborando un banco de proyectos y programas, más allá de la coyuntura, como el Instituto de Urbanismo de París.

Pero por sobre todas las cosas, Macri no debería generar ni una sola acción de gobierno que pueda ser interpretada como el aprovechamiento de los recursos del Estado en beneficio de alguno de sus “amigos”.

* Presidente del Bloque Diálogo por Buenos Aires.