La jaqueada licitación para la instalación y el mantenimiento del mobiliario urbano porteño podría recibir un golpe fatal: el informe de evaluación que califica a las cuatro empresas con chances para adjudicarse la concesión fue firmado por tres funcionarios del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, uno de los cuales ya había cesado en sus funciones pues había asumido como legislador. De ser así, tal falencia haría caer la calificación que había puesto en los lugares de privilegio a las empresas Publicidad Sarmiento (vinculada con José Luis Manzano y Raúl Moneta), Viacart SA (del empresario periodístico Daniel Hadad) y el Grupo Al Sur (de la familia de José Albistur, secretario de Medios de la Nación). Y de esa manera se postergaría una vez más la ya demorada adjudicación de la licitación.

La denuncia fue formulada por el ex legislador Eduardo Valdés, que hará una presentación ante la Comisión de Etica de la Legislatura, para que se evalúe “por qué el diputado Patricio Di Stéfano, que inició su mandato el 29 de mayo último, en reemplazo de María Eugenia Vidal (hoy ministra de Desarrollo Social), firmó en los días posteriores al 4 de junio el informe de evaluación, como si todavía siguiera cumpliendo sus funciones de asesor en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público”. Por esa actitud, Valdés calificó a Di Stéfano de “funciotrucho”, aludiendo a la recordada figura del “diputrucho” que ocupó una banca en forma ilegítima en una sesión del Congreso, durante el menemismo, para aprobar la privatización de Gas del Estado.

PáginaI12 intentó comunicarse con Di Stéfano, pero el legislador no respondió al llamado. En el Ministerio de Ambiente y Espacio Público sostienen que “no hay incompatibilidad de funciones entre el cargo de legislador y la integración de una comisión asesora”, pero además argumentan que “Di Stéfano estuvo trabajando cuatro meses y si renunciaba antes de firmar, había que nombrar a otra persona y se demoraría otro tanto la licitación”. Puro practicismo macrista.

El abogado Mariano Bergés, que patrocina a una de las empresas que quedaron afuera de la licitación, sostiene que “un miembro del Poder Legislativo no puede integrar un organismo del Ejecutivo y mucho menos tomar decisiones de trascendencia”. Es por eso que el abogado –ex juez en lo Penal– presentará esta semana una denuncia contra el diputado por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

La licitación del mobiliario urbano lleva ya ocho años de atraso. Se trata de la fabricación, instalación y mantenimiento de paradas de colectivos, refugios, señales indicadoras de calles y avenidas y pantallas publicitarias que reemplazarán a las actuales, bancos y bicicleteros. Incluye el codiciado negocio de la publicidad en las pantallas ubicadas en la vía pública, que representa un ingreso de 300 millones de pesos anuales, por diez años.

Después de varias postergaciones, parecía encaminada hasta que se conoció la evaluación de las ofertas: de las siete que se presentaron, resultaron seleccionadas, después de la apertura del sobre con las propuestas técnicas, en este orden, Publicidad Sarmiento, Viacart, Grupo Al Sur y PC Publicidad.

Quedaron afuera Carlos Girola y Asociados SRL, Spinazzola SA y Lesko–Maillard. Fue Spinazzola –que explota desde comienzos de los ’90 las pantallas en los refugios de colectivos– la que puso el grito en el cielo. Acusó a Publicidad Sarmiento de haber presentado “comprobantes de antecedentes presuntamente falsos, de licitaciones en Mendoza y Tucumán” y, si bien un juez sobreseyó a la empresa, la Cámara revocó el sobreseimiento y ordenó seguir investigando. La causa continúa y por esa razón la empresa querellante consideró que la licitación no podía seguir adelante: a través del abogado constitucionalista Daniel Sabsay presentó un recurso de amparo que fue admitido por el juez Roberto Gallardo. Fue antes de que se abriera el segundo sobre, el de la oferta económica, del cual surgirían tres empresas clasificadas, a cada una de las cuales le correspondería una de las tres zonas en que se divide la ciudad.

Para colmo, el 15 de agosto último el juez Facundo Cubas tuvo que allanar las oficinas del gobierno de la ciudad para poder abrir las 16 cajas del expediente de la licitación, que el gobierno macrista le retaceaba.

Por lo pronto, el abogado Mariano Bergés sospecha que “los nombres de los ganadores han sido resueltos de antemano”. Bergés ha denunciado al ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, por “negociaciones incompatibles con la función pública”. “No se explica tanto apuro en sacar una licitación, tanto que los hace cometer errores como el del diputado Di Stéfano”, dice.

El ahora legislador fue asesor del ministerio desde la asunción de Piccardo y fue uno de los integrantes de la Comisión de Evaluación de ofertas para el mobiliario urbano, junto a Tomás Palastanga y Horacio Tonelli. Esa comisión emitió su dictamen en junio –se supone que después del 4, ya que hace referencia a dos decretos sancionados ese día– con el puntaje para las siete empresas.

Pero para ese entonces Di Stéfano ya había asumido como diputado de la ciudad. Según el diario de sesiones, prestó juramento el 29 de mayo, en reemplazo de la diputada María Eugenia Vidal, que fue a ocupar el cargo de ministra de Desarrollo Social.

Eduardo Valdés –que además de legislador fue funcionario durante la gestión de Carlos Grosso, en los ’90, y en la Cancillería, durante el gobierno de Néstor Kirchner– presentará una denuncia en la Comisión de Etica de la Legislatura para que se investigue al legislador. Bergés hará lo propio en los Tribunales.

Desde el gobierno replican acusando a Spinazzola de no querer dejar “un negocio que le viene reportando buenos dividendos a cambio de un canon modesto”, al menos hasta la actual gestión, que subió las tarifas para las empresas de vía pública hasta en un 800 por ciento.