El rechazo que generó la cesantía de unos quinientos empleados del Estado porteño en edad de jubilarse obligó al gobierno de Mauricio Macri a dar marcha atrás (otra vez) y postergar por dos meses la fecha de esas bajas. Lo anunció ayer el diputado Diego Santilli (PRO), vicepresidente primero de la Legislatura, ante más de doscientos afectados que se habían reunido para organizar un reclamo y después de la acción de los gremios. A partir de hoy negociarán una manera de morigerar el impacto que tendrá en esas familias la medida a partir de enero.

Tal como informó el martes PáginaI12, el cese de los contratos afecta a las empleadas contratadas que hayan cumplido los 60 años antes del 31 de agosto, y los varones con más de 65 a esa misma fecha. De acuerdo con una circular del Ministerio de Hacienda, todas las dependencias debían elaborar un listado con el personal en esas condiciones. “Tales desvinculaciones deberán estar perfeccionadas al 1º de noviembre de 2008”, ordenaba la nota de Hacienda. Esas cesantías dispuestas por el gobierno de Macri se suman a las dos mil ejecutadas en enero, en plena ofensiva para ajustar la planta municipal.

Sorprendidos por la medida, más de 200 afectados se reunieron en la Legislatura el miércoles y ayer, convocados por la diputada Gabriela Cerruti, del Frente para la Victoria. Allí recibieron ayer la respuesta de Santilli, quien les garantizó que “se van a respetar los contratos hasta fin de año”.

Las empleados involucrados fueron contratados bajo el régimen del decreto 948/2005 y la resolución 959/2007, que blanquearon al personal de planta transitoria. Su renovación es anual, cada 31 de diciembre, por lo cual a fin de año las personas que ya hayan cumplido la edad para jubilarse no estarían en condiciones de ser nuevamente contratadas.

Tras la reunión con Santilli, los empleados afectados resolvieron continuar con los amparos judiciales que están tramitando para reclamar por su fuente de trabajo. “Exigimos al gobierno que mande notas aclaratorias a todas las dependencias, que deje sin efecto la anterior, y que se respete el acta paritaria firmada por el ministro de Hacienda, Néstor Grindetti, por la que el 31 de diciembre todos los agentes municipales con contrato de empleo público pasen a la planta permanente del gobierno”, reclamó Cerruti.

En efecto, según explicó a PáginaI12 Enrique Pistoletti, vocero del Sutecba (el sindicato de los empleados municipales), ese acta establece que, “a partir del 1º de enero de 2009, el personal contratado pasa a formar parte de una planta transitoria, a partir de lo cual se iniciará un proceso de evaluación caso por caso para incorporarlos a planta permanente”.

Si bien los trabajadores involucrados están en edad de jubilarse, la situación que se les plantea es inédita. Según Rodolfo Arrechea, dirigente de ATE Capital, “un empleado de planta permanente conserva su puesto de trabajo mientras hace el trámite jubilatorio, que puede durar seis meses o más, pero el caso de los contratados es diferente, ya que el contrato cesa y pierde los ingresos hasta que salga la jubilación”.

Ayer por la tarde, el gobierno porteño informó oficialmente que “continúan vigentes hasta la fecha de vencimiento los contratos de empleo público de los trabajadores mayores de 60 años”. También se anunció que el Ejecutivo “suministrará las herramientas necesarias a los trabajadores que estén en edad de jubilarse para cumplimentar los trámites correspondientes”.

Representantes de los dos gremios se reunirán hoy con funcionarios del gobierno y representantes de los afectados para firmar el compromiso de continuidad de los contratos y discutir cómo se va a resolver la situación de las personas que tienen edad para jubilarse, pero no completan los años de aporte.

Diego Kravetz, jefe del bloque kirchnerista de la Legislatura, criticó la gestión de Macri: “No puede ser que cada medida que anuncian tengan que dar marcha atrás porque se dan cuenta de que es inviable”, expresó. “Prueban a ver si las medidas que toman pasan y, si no, dan marcha atrás. El problema es que juegan con los ingresos de la gente”, agregó su compañero de bloque, Juan Cabandié.

En el Ministerio de Hacienda aseguran que las cesantías son irreversibles. “Hay una persona de 87 años contratada por la Dirección de Museos”, dijo una fuente a este diario. “Hay que destacar que muchos son profesionales porteños calificados y que están trabajando precarizados desde hace más de diez años”, afirmó Arrechea.