“La calidad de vida” y “el derecho a la salud” fueron los conceptos centrales del primer convenio de cooperación en la prevención de adicciones en materia laboral, firmado ayer entre los ministerios de Justicia y Trabajo. En adelante, el Estado reconocerá como parte del Programa de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) la prevención y el tratamiento, a cargo de los empleadores, para los trabajadores que tengan un consumo problemático de alguna sustancia, legal o ilegal. El tema, según admitieron fuentes de ambos ministerios, era “tabú”, pero ya había generado “inquietudes” dentro de las propias empresas. El alcoholismo, por ejemplo, continúa siendo una de las principales causas de ausentismo, accidentes laborales y jubilaciones por incapacidad laboral. “Por eso, digo que es una inversión y no un gasto”, expresó a PáginaI12 Alvaro Ruiz, subsecretario de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo, lugar donde se firmó el convenio. “Era un tema que nadie ignoraba pero que tampoco se encaró seriamente”, explicó. Lo que se discutirá a través de los convenios colectivos o actas de compromiso entre los trabajadores y las empresas, continuó el funcionario, serán ciertas regulaciones que hacen a las condiciones laborales. Se habló de la duración de la jornada, el modo de producción, el estrés o el aislamiento, entre otros factores que generan un ambiente proclive a las adicciones.

El ministerio encabezado por Carlos Tomada, siguiendo las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, bregará por las “condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana”, así como lo relacionado a la salud y medio ambiente de trabajo. Ayer, adhirieron la Unión Industrial Argentina, el laboratorio Novartis, Telefónica de Argentina, Acindar y Alto Paraná, la Asociación de Médicos Municipales porteños y la CGT. Hay en la lista de espera unas cien empresas que pretenden ingresar al Programa de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), ofreciendo prevención y tratamiento de adicciones a sus empleados.

Todo lo que se haga –sea control antidoping, charlas de prevención o tratamiento especializado– será monitoreado por el Ministerio de Trabajo. “Va a haber auditorías y por supuesto vamos a seguir ciertos parámetros de confidencialidad y uso responsable en la aplicación del convenio”, aseguró Alvaro Ruiz cuando este diario preguntó si esto posibilitaría análisis compulsivos de orina, como ocurre en Estados Unidos.

Desde este ministerio también se implementará el programa “Jóvenes con más y mejor trabajo”, que beneficiará casi a 7000 personas de entre 18 y 24 años que no hayan terminado la primaria o la secundaria y estén en situación de vulnerabilidad.

Ayudado por la secretaria del Comité Científico Asesor sobre drogas del Ministerio de Justicia, Mónica Cuñarro, y dos integrantes de dicho Comité (el sociólogo Alberto Calabrese y el juez Martín Vázquez Acuña), Ruiz repasó los empleos que históricamente registran el mayor nivel de adicciones. Se habló de la relación de camioneros, petroleros, pescadores y sepultureros con el alcohol; de los anestesistas con los opiáceos como la morfina; de los taxistas y diputados consumidores de cocaína y la afición de los oficinistas a los calmantes y antidepresivos.

“Lo mismo pasa con la gente que tiene trabajos nocturnos, como los músicos por ejemplo, donde hay muchas situaciones de abuso y adicción”, continuó Ruiz, antes de mirar fijo al cronista y espetarle: “O como en su gremio, uno de los que registra mayor nivel de adicciones a las drogas”. Hubo un silencio seguido de risas, pero ninguna respuesta.