Un delito gravísimo, una víctima socialmente relevante, un clamor social debidamente amplificado por algunos medios de comunicación, una investigación policial que no se destaca por su rapidez y eficacia, declaraciones rimbombantes de políticos significativos y sobre todo un menor de edad como supuesto autor. He aquí los ingredientes para que en la Argentina, otra vez de forma cíclica y espasmódica, se vuelvan a discutir las relaciones de los menores de 16 años con el sistema penal. ¿Que más puede agregar alguien que desde hace exactamente 20 años lidia con la aplicación de un Régimen Penal de la Minoridad, herencia maldita de la dictadura militar que 25 años de democracia no han conseguido reformar?

Un régimen penal que ostenta el triste privilegio de ser el más brutal y atrasado de América latina. Que asegura, a través de un misterioso y discrecional tratamiento tutelar entre los 16 y los 18 años, la impunidad de los delitos violentos cometidos por adolescentes pertenecientes a los sectores medios y altos y la criminalización automática de los adolescentes pobres menores de 16 años. Un régimen que ya ha sido declarado inconstitucional por la Cámara Nacional de Casación Penal (que ha ordenado además la liberación de los menores inimputables y exhortado al Congreso Nacional a aprobar un verdadero régimen penal juvenil) en el caso del hábeas corpus colectivo presentado por la Fundación Sur-Argentina con la colaboración del CELS. ¿Es posible agregar algún ingrediente novedoso a dicho debate? En mi opinión, la respuesta es que no sólo es posible, sino además urgente y necesario echar luz sobre el comportamiento y posiciones de dos actores significativos de este debate: una paleoderecha nostálgica del orden procesista y pequeños grupos seudoprogresistas, nietos trasnochados de un abolicionismo penal de pacotilla. No resulta difícil identificar al intendente Posse entre los primeros, proponiendo soluciones “eficaces” literalmente decimonónicas sin muchas ataduras legales, mientras se opone hoy a las propuestas, pésimamente comunicadas, del gobernador Scioli de debatir la instauración de un serio régimen penal juvenil. Más difícil de identificar son las cabezas de un seudoprogresismo que alerta y se rasga las vestiduras frente a la represión futura, pasando por alto los horrores del presente: reclusiones perpetuas de menores y centenares de adolescentes inimputables privados de libertad por una mera acusación policial con base en expedientes tutelares amparados en el decreto 22.278 de la dictadura militar.

En este contexto, poco puede sorprender la pérdida de capacidad para percibir lo obvio: políticas sociales inclusivas para niños y adolescentes víctimas y severidad con justicia para los adolescentes victimarios. Una severidad que implica privación de libertad, entre los 14 y los 18 años, para delitos graves taxativamente estipulados y una justicia que, lejos de ser una vaga abstracción filosófica, exige la puesta en práctica de todos los mecanismos e instituciones del Estado democrático de derecho. Un sistema que primordialmente permita conectar al adolescente con su responsabilidad. He aquí el nudo gordiano, no de un gobierno, sino de una sociedad que ha sufrido hasta el paroxismo una monstruosa represión ilegal y que por eso no consigue articular sin culpas propuestas serias de represión legal de los comportamientos violentos.

No en vano Leopoldo Marechal alertaba sobre aquello de que de un laberinto sólo se sale por arriba.

* Diputado nacional. Bloque SI. Presidente de la Fundación Sur-Argentina.