Son muchas las empresas que vienen mirando con codicia los 4500 millones de pesos que las AFJP podrían haber volcado a proyectos productivos según la legislación vigente, pero que sólo soltaron con cuentagotas. Pampa Holding consiguió 570 millones (en rigor 178 millones de dólares) con la colocación de un bono, y en la provincia de Buenos Aires se dieron los primeros pasos de un plan de caminos rurales al que comenzaron a aportar las administradoras. No hubo demasiado más. Con esos recursos en manos del Estado, las constructoras apuestan a ser las primeras beneficiadas con un nuevo diagrama de inversión de los fondos previsionales que sean volcados a iniciativas no financieras.

En virtud de un cambio en la ley orgánica que rige a las administradoras, desde el año pasado se introdujo el “inciso Q” por el cual éstas deben destinar anualmente a proyectos productivos hasta un 5 por ciento de su capital, que en conjunto ahora suma unos 90 mil millones de pesos. Sin embargo, esta pauta quedó como un enunciado casi vacío debido a los escollos concretos para volcar esos recursos a los proyectos que los estaban esperando.

YPF estaba a punto de colocar una obligación negociable por 150 millones de dólares, pero no hubo acuerdo con la tasa: a punto de iniciar la segunda ronda negociadora, el estallido bursátil paralizó el trámite. Algo semejante ocurrió con Aeropuertos Argentina 2000, que aspiraba a colocar entre las AFJP parte de una planeada emisión de obligaciones negociables por un valor total de 200 millones de dólares. Otra suerte corrió Pampa Holding, la energética de Marcelo Mindlin, que exactamente el día previo a la caída del Lehman Brothers, consiguió por esa vía el fondeo necesario para ampliar la capacidad de su usina de Loma de La Lata.

Hubo otro intento para el desarrollo de caminos que sirvieran para canalizar la producción agropecuaria, instrumentado por los fabricantes de cemento portland, con un ensayo en la provincia de Buenos Aires. El esquema utilizado fue el de un fideicomiso al que aportarían los propietarios de las tierras beneficiados por la pavimentación. Tampoco aquí faltaron los escollos. Las AFJP propusieron actualizar su crédito a través de un índice que siguiera la evolución del precio de la carne, pero este parámetro para organizar el fondo fue rechazado por el Ministerio de Economía con el argumento de que la indexación está prohibida por ley.

Los constructores están entre los recurrentemente desairados por las AFJP, básicamente porque la normativa no permite exponer el dinero previsional al “riesgo constructor”: los proyectos no calificaban por inseguros. Hubo iniciativas de la CAC para financiar viviendas con destino a la clase media con los fondos jubilatorios. Pero la discusión sobre cuál sería la moneda para celebrar el contrato y las dudas de las AFJP sobre la capacidad de repago de los compradores de esas unidades no permitió avanzar en este sentido.

Aunque no lo admitan en público con todas las letras, los empresarios del rubro especulan con que las cosas quizá cambien desde ahora con una nueva ley previsional que fexibilice aquellos estándares y facilite el drenaje del dinero de las jubilaciones hacia los proyectos, básicamente los de infraestructura. Propósito, este último, ya enunciado por el Gobierno.

Si bien la obra pública representa sólo el 25 por ciento de la inversión total en construcción, en una época de recesión esbozada es tentador desembolsar dinero para un sector que tiene una rápida capacidad de generación de empleo y efecto multiplicador: según un estudio de la CAC, por cada peso que se desembolsa en este segmento, se invierte 1,60 peso en el de actividades conexas.

Hay pocas dudas sobre la inspiración keynesiana del Gobierno. En el último año, el Estado Nacional volcó a obra pública 20 mil millones de pesos, monto que se fue engrosando no sólo impulsado por el alza de los costos sino por el crecimiento de la economía y de la Inversión Bruta Fija. Y en la última reasignación de partidas presupuestarias de los recursos remanentes en el ejercicio 2008, las obras de infraestructura llevaron las de ganar, en particular las energéticas, cada vez más supeditadas al presupuesto público.

A la probada vocación oficial de invertir en construcción se añade el dato de que comenzaron a aparecer indicios de que la bonanza que caracterizó al sector en los últimos años podría frenarse: se perdieron 30 mil puestos de trabajo formales desde el pico de 390 mil empleos registrado en noviembre pasado. Los fondos previsionales en manos públicas bien podrían utilizarse como un paliativo para esta actividad mimada por la gestión kirchnerista.