“Nunca se construyó un barrio en tres meses. Menos uno como éste”, concluyó la responsable de la Comisión Nacional de Tierras, Miriam Denegri. Fue su respuesta ante la situación en la que viven más de 3500 familias de escasos recursos que apostaron todo por conseguir una casa propia y decidieron, como ya informó Página/12, tomar un terreno abandonado a la vera del Camino Negro, en una de las zonas más pobres del partido bonaerense de Lomas de Zamora. La funcionaria representa al gobierno nacional –también hay autoridades de la provincia y del municipio– en la negociación con la familia propietaria (Tronconi), que comenzó hace dos meses pero que aunque aún no llegó a buen puerto. La situación dominial irresuelta es, según los funcionarios, el impedimento para comenzar a realizar mejoras en la calidad de vida de los vecinos, quienes hace cinco meses que sobreviven sin las condiciones habitacionales básicas cubiertas.

Basta con echar un vistazo al lugar para corroborar las necesidades que pasan las familias allí y los riesgos que corren. “Vivimos en las mismas condiciones que al principio o peor”, coincidieron varios vecinos. Son 17 mil las personas que, con chapas, planchas de madera o cartón, quieren hacer suyo el terreno de 110 hectáreas que pertenecen a una sola familia. El lugar, ubicado entre Ingeniero Budge y el barrio General Paz, dos de las localidades más pobres de Lomas de Zamora, se mantuvo vacío y prácticamente abandonado durante, por lo menos, el último medio siglo.

La posesión de la tierra fue, desde el principio de la toma, uno de los puntos principales del reclamo de los vecinos, aunque no el único. Para los funcionarios estatales que se hicieron cargo del asunto, en tanto, expresaron que la regularización dominial es lo más urgente, aunque su gestión no se caracterice precisamente por la celeridad.

“No hubo nunca intención de vender por parte de la familia propietaria. No hubo, hasta ahora, intención de comprar por parte del Estado. En ese punto de confluencia es en el que estamos parados hoy”, definió el subsecretario de Tierras bonaerense, Nicolás Terrara, para explicar el estancamiento en las negociaciones de compra-venta del terreno, de las que además de Nación, provincia y la familia propietaria, también participa el municipio. En paralelo al transcurso del diálogo, la Cámara de Diputados bonaerense aprobó una Ley de Expropiación, surgida de la combinación de tres proyectos diferentes (ver aparte), que aguarda ser tratada en el Senado.

Mientras tanto, existen otros puntos urgentes en la demanda sostenida por los habitantes del “17 de Noviembre”, como la falta de servicios de luz y agua. Ante la inacción oficial para responder a las falencias, entonces, fueron los propios vecinos los que pusieron en funcionamiento su ingenio. En menos de un mes, la mayoría de las casillas precarias contaban con un foco de luz, aun pese al peligro de electrocución que implican los tendidos clandestinos con los que, desde los palos de luz de las calles aledañas, alimentan la demanda del barrio.

Personal de la empresa Edesur, resguardado por efectivos de Gendarmería, trabajan todas las semanas en la desconexión de los tendidos clandestinos. “Es inútil. Gastan más plata en venir una mañana entera y desconectar que en trabajar para darnos el servicio, porque en cuanto se van, volvemos a colgar los cables. No podemos vivir sin luz”, señaló Daniel Chamorro, un delegado del barrio.

La escasez de agua potable es otro tema que continúa siendo un punto conflictivo. La colocación de canillas comunitarias a lo largo del perímetro del predio, gestionada desde el Ministerio de Desarrollo Social bonaerense no fue suficiente. Así como tampoco lo fueron las iniciativas que surgieron de la organización de los vecinos. Entre los integrantes de algunas manzanas reunieron dinero suficiente para comprar caños, canillas y tanques de plástico para desviar la corriente que alimenta a los barrios aledaños y llevarla hasta sus lotes, aunque “no todos pudieron hacerlo. No todos tenían esa plata”, apuntó Alejo Moreira, un vecino.

Luego del corte de ruta que los habitantes del 17 de Noviembre llevaron a cabo sobre Camino Negro a mediados de enero y que fue relatado por Página/12, la Municipalidad prometió la distribución diaria de agua en sachet de un litro. El servicio abasteció al barrio durante un mes y estuvo a cargo del Ejército, pero su distribución a cada familia fue responsabilidad de los delegados, cosa que “se convirtió en un problema”, explicó Armando Chávez, uno de ellos. Es más, la gente denunció entonces que el agua no se podía consumir y “tenía un sabor feo”, agregó Carmen Barrera, que es delegada de la manzana donde hasta principio de mes vivía con sus hijos.

Tras la medida de fuerza, la gente también consiguió que las autoridades municipales pusieran a su disposición en una de las calles internas del predio un trailer sanitario. “Funcionó muy bien, pero no estuvo mucho tiempo. Atendió un mes y desapareció”, aseguraron. Desde el jueves, cuentan con la asistencia de los médicos del Proyecto TATU, profesionales recibidos en la Universidad Cubana de Medicina que trabajan en varios barrios vulnerables de Buenos Aires.

El cuidado de la salud, sobre todo de los más pequeños, es un tema que preocupa sobremanera. Las condiciones habitacionales desfavorables, como el contacto permanente con la tierra y el polvo, la exposición a los rayos solares y al calor excesivo durante todo el verano por falta de lugares donde protegerse, la falta de higiene –como no hay cloacas, la gente construyó pozos ciegos linderos a sus casillas– y la convivencia con residuos –el material para rellenar el terreno proviene de camiones de basura y volquetes– se convirtieron en un multiplicador de focos infecciosos a los que las personas estuvieron y están expuestas a diario.

Y hay más, ya que las lluvias terminaron de dibujar un panorama por demás desolador. Con las precipitaciones del último mes, el predio volvió a convertirse en la laguna que fue antaño. Las tierras, de más de 110 hectáreas, presentan un desnivel natural hacia el centro. “Si a eso se le suma el rellenado desproporcionado y el taponamiento de los canales de los costados que sirvieron en un momento para desagotar lo que se acumulaba con la lluvia, sucede esto: hay zonas en donde hay más de medio metro de agua estancada”, explicó detalladamente Chávez.

“Casi nadie está viviendo acá. Es imposible”, reflexiona Moreira, mientras echa un vistazo al horizonte que se abre ante sus ojos. Las inundaciones obligaron a muchas de las familias a trasladarse: “Algunos tuvimos que alquilar algo por acá cerca, mientras otros pudieron apretarse en la casa de algún familiar”, graficó Barrera. Muchas zonas del predio continúan tapadas por barro y agua mezclada con los desechos de los pozos ciegos rebalsados que desdibujaron las delimitaciones de manzanas y parcelas. “Mirá las casillas, están todas podridas. Veremos si durante el fin de semana armamos cuadrillas y ayudamos a la gente a armar nuevas con otros materiales”, añadió la mujer, al tiempo que apuntó que solicitaron a Desarrollo Social de la provincia “materiales para poder armar casillitas. Maderas, plásticos y cartones”.

La uniformidad que caracterizó los comienzos de la toma, cuando cada lote estaba bien delimitado, fue destruida por la desigualdad en la tenencia de los recursos necesarios, la presencia prácticamente inexistente del Estado y la inevitable acción de las condiciones climáticas, mucho más inclementes sin aquellos recursos.

Si bien las casillas precarias siguen siendo el prototipo de vivienda –por llamarlas de algún modo– predominante, entre ellas comenzaron a asomar unas pocas estructuras de cemento y ladrillo, casi todas en el sector a orillas de la autopista. “Son de la gente de más recursos. No sólo porque tiene plata para los materiales, sino porque para poder construir así, primero tuvo que rellenar el terreno, y eso también cuesta. No todos pueden hacerlo”, explicó Alejo.

Informe: Ailín Bullentini.