Hace un año, la falta de gas fue un drama para muchas escuelas porteñas. Ahora, el problema se trasladó a un hospital público: en unos días, según anunció el Ministerio de Salud porteño, se cortará el gas en el Hospital de Emergencias Psiquiátricas Torcuato de Alvear, en el barrio de La Paternal, para realizar la instalación de una nueva red. La fecha no pudo ser peor elegida: en principio, el corte debía hacerse el lunes 22, justo con el comienzo del invierno, aunque ahora se postergó para el 30 del corriente, después de las elecciones. La medida hizo crecer el temor entre el personal y los pacientes sobre un eventual cierre del hospital, ya que a partir del corte, los 85 pacientes internados no tendrían agua caliente para la higiene ni habría calefacción para toda la población del hospital, incluidos pacientes ambulatorios y trabajadores de la salud. La situación derivó en una presentación de la Asesoría Tutelar y en una intimación judicial al Gobierno de la Ciudad para que explique cómo va a resolver el funcionamiento del hospital. El jefe de Gabinete del Ministerio de Salud, Néstor Pérez Baliño, aseguró a Página/12 que “se instalarán termotanques y equipos de calefacción antes del corte del servicio”.

El hospital está ubicado sobre la avenida Warnes, entre Chorroarín y Constituyentes. El conflicto que deriva en el corte de gas se generó por una situación insólita: el Hogar San Martín para personas de la Tercera Edad, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social porteño –ubicado sobre la avenida Warnes, al lado del hospital–, tiene un medidor de gas común con el Alvear, pero pidió tener un medidor independiente. Como el Hogar había hecho toda su instalación de gas a nuevo, no tendrá problemas de calefacción este invierno, pero sus vecinos del Alvear, que no han renovado las cañerías, se quedarán sin el fluido. Es que Metrogás no puede conectar un nuevo medidor a una red que no se ajusta a las normas vigentes.

La Asociación de Profesionales del Hospital Alvear, con el apoyo de ATE y de la Federación de Profesionales de la Ciudad, presentó una denuncia ante el asesor tutelar Gustavo Moreno, quien dio inmediata intervención a la titular del Juzgado Nº 9 en lo Contencioso Administrativo, Andrea Danas. La magistrada intimó al Gobierno de la Ciudad para que el lunes brinde un informe sobre la situación del hospital. La jueza interviene en una causa iniciada hace tres años por el propio Moreno, cuando en una inspección descubrió graves problemas de infraestructura en el hospital que originaban irregularidades como la internación de pacientes en camillas o colchones ubicados en el suelo, por falta de camas.

La denuncia de Moreno concluyó con una sentencia judicial, en 2007, que condenó al Gobierno de la Ciudad a “no tener pacientes supernumerarios (por encima del número de camas), incorporar el personal necesario independientemente de los concursos y no en forma interina y hacer una serie de obras para refuncionalizar el hospital”, explicó Moreno a Página/12. “El fallo está confirmado por la Cámara, pero de eso, lo único que se cumplió es el primer punto”, agregó el asesor tutelar.

En efecto, la obra se inició con un crédito del BID, pero el año pasado quedó paralizada, según denuncian trabajadores y profesionales del Hospital. Desde el gobierno porteño, Pérez Baliño dijo en cambio que “las obras están estacionadas porque hubo que hacer algunas modificaciones al proyecto”.

Página/12 recorrió las instalaciones del hospital, donde puede verse una obra en virtual estado de abandono y ningún obrero trabajando. De hecho, la jueza Danas tuvo que convocar a representantes de los ministerios de Salud, de Desarrollo Urbano y de Hacienda para “que se pongan de acuerdo en la modificación del proyecto y la reanudación de la obra”, dijo Moreno a este diario. La audiencia se llevó a cabo el 4 de mayo último. “Como no se reúnen en el Gobierno de la Ciudad los tiene que convocar la Justicia –observó el asesor tutelar–. Allí se acordó destinar 3,8 millones de pesos del presupuesto para terminar la obra.” Según Moreno, “el Gobierno debió haber notificado al juzgado sobre el corte de gas y no lo hizo”.

Pérez Baliño, por su parte, aseguró a Página/12 que “se le pidió a Metrogás que no corte el servicio de gas hasta que estén instalados los equipos eléctricos”. Se trata de catorce termotanques y de un número no determinado de calefactores split. En cuanto a la comida para los internados, “el concesionario garantizará un servicio de bandejas térmicas”. Hasta ayer se había colocado solo uno de los termotanques.

“Esta situación de incertidumbre se suma a que no tenemos un referente en salud mental, ya que renunció la directora del área (Lucía Quiroga)”, dice Sergio Bleuville, de la Asociación de Profesionales. “Además, el gobierno no está cumpliendo con la ley 448, de Salud Mental”, agrega. Quiroga renunció hace dos semanas –como informó este diario– en disconformidad con la política de salud mental del gobierno de Mauricio Macri.

Por lo pronto, los profesionales (médicos, psicólogos, terapistas ocupacionales, trabajadores sociales y enfermeros) desconfían, ya que ninguna de estas promesas está por escrito. Por eso, en una asamblea realizada el jueves ratificaron el estado de alerta y se movilizarán el miércoles próximo al centro de Salud Mental Ameghino, de Córdoba y Agüero, y desde allí a la Jefatura de Gobierno.