“Me acuesto y me levanto con miedo. Nos hacen sentir que vivimos molestando a los demás. De la comisaría 16ª nos levantan todo el tiempo. Nos agreden física y verbalmente. Nos quitan la mercadería y nunca nos la devuelven. Nos dicen, ‘vos negro de mierda, no te quiero ver más por Constitución’. Nosotros sólo queremos trabajar y vivir tranquilos.” El testimonio es el de un refugiado senegalés en nuestro país que, junto con dos compatriotas suyos que pidieron guardar el anonimato por miedo a represalias, el 10 de junio pasado prestaron declaración en una audiencia pública sobre racismo y xenofobia contra la Policía Federal. La escena no se ve a menudo en la Justicia argentina: de un lado, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño, presidido por Julio Maier; del otro, en primera fila y sin hablar español, los tres senegaleses representados por Malena Derdoy y Pedro Biscay, de Caref-CELS-UBA. A un lado, la Fiscalía de la ciudad defendiendo a la institución estatal. Todo esto envuelto en el desacostumbrado sonido de la jerga jurídica en wolof, la lengua originaria de los demandantes, que era traducida por otro inmigrante senegalés que ofició de intérprete. Fueron quince minutos de wolof para cada parte.

El objetivo de los representantes de los tres inmigrantes, uno de ellos con estatuto de refugiado y los otros dos con el trámite iniciado, es interponer una acción de hábeas corpus (rechazada ya en primera y segunda instancia) por entender que la Federal detiene arbitrariamente a estos individuos de manera sistemática y hasta varias veces por día, violando de este modo el derecho a la libertad física y ambulatoria, además del derecho a no ser detenido de forma arbitraria.

Pero además, el punto de Derdoy y Biscay es que la policía actúa, al requisar de forma permanente y con particular intensidad a los senegaleses, con motivación racista y xenófoba, ya que de acuerdo con los testimonios de los damnificados, no sucede lo mismo con otros vendedores en la vía pública. “Al proceder a requisar y detener a los miembros de la comunidad senegalesa bajo el argumento de la mera sospecha y peligrosidad, la Policía Federal procede bajo una matriz claramente racista, eligiendo a quien detener por su solo color de piel. Ser negro, ser pobre y ser delincuente se está transformando en lo mismo a los ojos de la policía”, señaló Derdoy.

Según el petitorio presentado ante la máxima instancia judicial de la Capital, se pidió “la inconstitucionalidad de la aplicación selectiva del Código Contravencional, la interpretación que de éste hace la Fiscalía y que resulta en actos que criminalizan a las personas migrantes, refugiadas y argentinas pobres, en su mayoría pertenecientes a pueblos, etnias, clases sociales o grupos de personas víctimas de racismo en nuestro país cuyos derechos son arbitrariamente menoscabados por actos y omisiones discriminatorias determinadas por motivos de raza, religión, nacionalidad, sexo, posición económica”. Todo ello, según Biscay, debido a una simple premisa: “La policía y la Fiscalía tienen que proteger a estas personas. No perseguirlas”.

A su turno, el fiscal general adjunto, Jorge Cevasco, tuvo sus quince minutos (traducidos al wolof). Durante ese lapso, negó lo declarado por los senegaleses y aseguró que la policía debe seguir requisando de la forma en que lo está haciendo hasta ahora. “Niego que el Ministerio Público ejerza cualquier tipo de discriminación. Que se investiguen las acciones concretas, si las hay, y ello deberá ser objeto de una investigación separada, pero no podemos ordenarle a la policía que no revise a ciertos individuos debido a su condición de extrema vulnerabilidad. No le consta a este ministerio que la policía requise particularmente a los miembros de la comunidad senegalesa. Se procede del mismo modo con todo el mundo. Y, en todo caso, que se reglamente la venta ambulante”, afirmó.

El intérprete tradujo. Las caras de los senegaleses no parecían estar muy de acuerdo con Cevasco. El segundo de los damnificados, hacía escasos minutos había relatado: “Yo le pregunto a la policía por qué a mí y no a los otros. Me contesta que el fiscal lo mandó a sacar a todos los negros”.

Por lo pronto, los damnificados están contentos de haber logrado exponer su situación. “Es algo, es un buen comienzo”, le dijo a Página/12 el intérprete senegalés al finalizar la audiencia. “Es dura la vida en la Argentina. Sólo queremos que se haga justicia y vivir tranquilos”, agregó uno de ellos.

Informe: Martín Suaya.