En la mañana, temprano, Piki empezó a dar sus primeros pasos por los pasillos de la Justicia penal. Sobre sus hombros pesaba una calificación cierta, algo ampulosa para tratarse de la primera, pero cierta: privación ilegal de la libertad y uso ilegal de armas. Se sentó ante la jueza de Menores nacional Julia Marano Sanchís. Y se negó a declarar. Hizo uso de su derecho, que los tenía finalmente. No podrá argumentarse, de todos modos, que no habló: al menos hace 19 causas que viene hablando, pidiendo en un reclamo de sordos, porque cada una de esas causas pareciera un llamado desoído. Y justo cuando el Estado se sentó a escucharlo, en su impetuosa irresponsabilidad adolescente Piki se negó a responderle. A la Justicia. A los 16, sabrá lo que hace. Ahora quedó alojado en la institución destinada a menores como él, el Roca, donde deberá aguardar la sustanciación del proceso.

Paradójicamente, desde el lunes a la noche Piki logró –a un costo que no está claro si podrá reflexionar o no– concentrar toda la atención del mundo adulto que pareció faltarle durante sus 15 años anteriores. La noche del asalto con toma de rehenes hubo inmediatamente cámaras, vecinos, rehenes, espectadores, todos atentos a cada uno de sus movimientos. Incluso el Estado estaba allí. En función policial y emergentóloga (también había ambulancias, por las dudas). No podrá decirse que no se lo atendió, aunque quizá, según los especialistas, se esté llegando tarde.

Su padre dijo que “jamás estuvo integrando ninguna banda de nada y no tiene ninguna causa por robo de automotor”, pero “le inventaron porque ya tenían su nombre. Una vez lo detuvieron porque andaba con una pistola de videojuego”. “Es un chico normal, lo que pasa es que el problema de la adicción ha derivado en todo este tipo de cosas. Lo detectamos hace un año y pico, hemos tratado de solucionarlo y ha ido a institutos, pero no hemos tenido una respuesta favorable a esto”, se lamentó.

“Cuando un chico cae es porque cayó la ley, los padres no funcionan como garantes, no les cree –sostuvo la psicoanalista Gabriela Leder Kremer, especialista en infancia y adicciones y directora de la comunidad terapéutica Los Naranjos–. A los padres se les pide que sean garantes y al mismo tiempo el Estado a esos padres les cierra la puerta como adultos. Si el chico está fuera de la escuela, si la madre está fuera de la rueda productiva, si el padre no está o está sin trabajo, si el hermano no está o está preso, si están enfermos o no hay techo, o los están por desalojar, al final de cuentas el paco se encuentra con un nene que está dispuesto a estar anestesiado. Los adultos estamos metiendo a los chicos en el paco y ahora tenemos que sacarlos, no acusarlos. Lo que hay que darles a los padres son herramientas para recuperarse como garantes.”

En la ciudad, 14 defensorías zonales están abiertas para atender los pedidos como los que el padre de Piki lamentó no haber resuelto. Dependen del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del gobierno porteño. La ley 114, considerada de avanzada por los especialistas, es la que lo crea y le da el marco. “La ley es de avanzada, pero el organismo encargado no la pone en práctica. No existe –explica Clarisa Adem, abogada de la Asesoría Tutelar porteña–. Antes de que llegue la Justicia penal hay infinidad de situaciones en las que el Estado está ausente. La ley 114, que es de avanzada, impide a jueces y policías que intervengan antes y ordena que lo haga el Consejo, pero el Consejo no hace nada o demora un mes cuando de una Defensoría le piden recursos por el pedido de un padre.”

“Dónde va a pedir ayuda un padre –preguntó Adem–. El 80 por ciento del presupuesto del Consejo está destinado a instituciones de internación y el resto a los operadores en la calle, cuando hacen falta más operadores porque son los que están más cerca. De los 33 hospitales públicos porteños, sólo dos tratan adicciones y, entre los dos, hasta hace poco tiempo solamente se juntaban cuatro camas destinadas a desintoxicación en toda la ciudad. No es un problema de costos, sino de prioridades políticas. En un gobierno como el de Macri, la prioridad es la tercerización porque es negocio.”

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