Veinte por ciento más de detenidos en un año; 10 por ciento más de muertes violentas; aumento de mujeres presas; 15 por ciento más de niños menores de 4 años presos con sus madres; 23 guardias para custodiar 1800 presos en una unidad penitenciaria, la misma donde se registra el mayor índice de muertes violentas (15 asesinatos en un año); ausencia de tratamiento sanitario. Los datos no parecen compadecerse con los 4045 pesos mensuales que el Estado bonaerense dice gastar por cada uno de sus detenidos. Las cifras serán presentadas hoy en público por el Comité Contra la Tortura, de la Comisión Provincial por la Memoria, en su informe anual “El sistema de la crueldad IV”.

No son cifras inventadas por alarmistas sino surgidas de datos judiciales y de los escasos números que va soltando a disgusto el gobierno bonaerense. Ayer, durante la mañana, el Comisión por la Memoria se entrevistó con los miembros de la Suprema Corte, a quienes entregó el informe. Por la tarde, se reunieron con el ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, a quien también le entregaron el trabajo.

A marzo de este año, tres meses después de la modificación del Código Procesal Penal bonaerense propiciado por Casal, la provincia incrementó su cantidad de detenidos de las 24 mil personas registradas en cárceles y comisarías a comienzos de 2008 a 28.322 personas. La cifra se acerca peligrosamente a los niveles previos al fallo Verbitsky dictado por la Corte Suprema de la Nación en mayo de 2005.

Respecto de la modificación del Código Procesal, impulsada por Casal y que recibiera críticas de organismos de derechos humanos y advertencias de la propia Corte Interamericana, el fiscal federal de Bahía Blanca, Hugo Cañón, copresidente de la Comisión por la Memoria, sostuvo que “uno de los hechos más preocupantes del año pasado es la aprobación de una reforma procesal que es inconstitucional y consagra en la provincia la generalización del encierro preventivo. Las consecuencias son evidentes, si sumamos población alojada en cárceles y comisarías, la cifra de detenidos ascendía en marzo de este año a 28.300 personas y continúa creciendo”.

El CCT sostuvo que “en materia de políticas de seguridad la gestión del ministro Carlos Stornelli representó un fuerte retroceso”. “Los resultados de esta política son el uso cada vez más extendido de prácticas policiales arbitrarias, como la detención por averiguación de identidad, la continuidad de casos de torturas, ejecuciones policiales y suicidios sospechosos en comisarías; numerosos casos de corrupción policial, y un nuevo caso de desaparición forzada de persona: el joven Luciano Arruga, de 17 años, visto por última vez en una dependencia policial en Lomas del Mirador.”

El informe fue organizado con datos surgidos de diferentes fuentes, entre las que no se puede contar al Ministerio de Seguridad de Carlos Stornelli quien, según cita el CCT, nunca entregó información pese a sus compromisos asumidos. Una de las fuentes sobre “hechos de violencia en cárceles” se integró con datos provistos por el Poder Judicial provincial según la acordada 2825 de la Suprema Corte provincial. Otra base de datos de causas, construida con información remitida por las fiscalías, registra actuaciones en las que se encuentran imputados agentes penitenciarios o policías por la comisión de determinados delitos. Una tercera base, de hábeas corpus, sistematiza las presentaciones individuales y colectivas que llevó adelante el propio CCT a partir de denuncias recibidas. También se desarrolló un registro de muertes. Y se adelanta un primer avance de un proyecto de investigación realizado con el Instituto Gino Germani, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, que busca sistematizar información acerca de situaciones de violencia en las cárceles. Este proyecto se desarrollará con un rigor científico semejante al que el Instituto Germani desarrolló con la Procuración Penitenciaria Nacional en su puntilloso trabajo sobre torturas en cárceles federales (publicado recientemente en el libro Cuerpos castigados), cuya difusión hace más de un año en este diario desatara un vendaval de acusaciones donde lo único que no se desmintió científicamente fue la existencia de torturas en las cárceles federales.

En la lectura del informe, que ocupa 528 carillas, el panorama relativo a justicia y seguridad es desolador, y las cifras (ver aparte) marcan un descenso en los niveles de control sobre fuerzas penitenciarias y policiales en franco descontrol.

“La tortura –señala el informe– continúa siendo una práctica generalizada en las cárceles provinciales. El submarino seco, los palazos, las golpizas, la picana eléctrica, los traslados constantes, las duchas o manguerazos de agua helada, el aislamiento como castigo, constituyen un muestrario de prácticas vigentes en las cárceles provinciales. El Comité contra la Tortura presentó, durante el año 2008, 761 hábeas corpus individuales que denuncian el agravamiento de las condiciones de detención de las personas alojadas en lugares de encierro de la provincia de Buenos Aires. Gran parte de estos hechos constituyen tortura.”

Lo curioso y paradójico es el papel que cumple la Justicia ante los HC. El recorrido de esos hábeas corpus es representativo de cómo los jueces suelen normalizar la tortura y el maltrato como problemas menores y cotidianos. Durante 2008 “se obtuvieron 207 resoluciones judiciales. En 123 sentencias (59,42 por ciento del total) los jueces para resolver sólo se basaron en lo informado por el Servicio Penitenciario”. En pocas palabras, se da la paradoja de que para administrar justicia se pregunta al denunciado si realmente cometió el delito de que lo acusan y si le parece bien que el denunciante de malos tratos siga bajo su custodia. “A esto debe agregarse el alto porcentaje de casos en los cuales ni siquiera se mantiene audiencia con el destinatario de la acción, requisito establecido en el artículo 412 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires.” En otras pocas palabras, un buen método para desaconsejar las denuncias.

“La custodia de los jóvenes y chicos en manos del Estado bonaerense no es menos que calamitosa y, de algún modo, denota el horizonte de los chicos presos. Durante el año pasado se produjeron cuatro ‘supuestos’ suicidios. Lo que hayan sido, suicidios o ayudas para tal fin, el papel de custodio del Estado es poco menos que una utopía estrafalaria que enmascara intenciones punitivas”, advierte el documento.

También es curioso el dato que ofrece el informe: “En algunos centros constatamos que los jóvenes no pueden concurrir a la escuela el primer día de una sanción disciplinaria. De esta manera, no resulta claro para los niños si la educación es un derecho, un beneficio o una sanción”.

Por último, el CCT cuestionó las declamaciones manoduristas y las promesas gubernamentales de endurecimiento de las penas. “Detener más no significa detectar más delitos”, señaló el CCT. De 658 detenciones informadas en jurisdicción platense, sólo en dos casos (0,3 por ciento) el presunto “olfato policial” logró iniciar causas judiciales por delitos tipificados en el Código Penal.

Hoy, a las 18, en el Colegio de Abogados de La Plata, calle 13 entre 48 y 49, el CCT hará la presentación de su Informe 2009. En el panel estarán presentes Leonardo Franco, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; Pilar Calveiro, profesora e investigadora de la Universidad de Puebla; Roberto Cipriano, coordinador del CCT, y Adolfo Pérez Esquivel y Hugo Cañón, copresidentes de la Comisión Provincial por la Memoria.

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