Casi cuatrocientas víctimas de trata, la mayoría mujeres jóvenes que estaban en prostíbulos, fueron rescatadas en más de doscientos procedimientos realizados en distintos puntos del país desde la sanción de la ley que tipificó el delito a fines de abril de 2008. Los operativos se realizaron con el acompañamiento de los equipos interdisciplinarios especializados del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, que brindan contención a las mujeres liberadas y las preparan para declarar luego en los tribunales, para que pierdan el miedo a enfrentar a los rufianes. Un tercio eran menores de edad: algunas niñas de 11 a 17 años. En total, hubo 289 detenidos: entre proxenetas, reclutadores y madamas. Uno de los jefes de una de las organizaciones, que traía muchachas desde Paraguay para explotarlas sexualmente en un burdel de La Plata, es un ex policía bonaerense: su causa está a punto de ser elevada a juicio oral y se originó a partir de que una de las chicas pudo escapar y alertó a la madre de otra, que hizo la denuncia en la Justicia paraguaya. “La imagen de la chica con grillete no se ve. Pero la mayoría llega engañada y está convencida de que debe una suma al proxeneta, por los pasajes que usó para llegar, y que si no saldan su deuda, prostituyéndose, van a matar a su familia. Y nunca puede pagarla porque les cobran multas que van de 150 a 500 pesos por distintas penalidades. Les cobran hasta la ropa que les obligan a usar y que se las van a vender al mismo local”, contó a Página/12 Zaida Gatti, psicóloga, coordinadora de la Oficina e integrante de los equipos técnicos que asisten en la primera etapa a las víctimas de trata.

Estos datos son parte de un balance, a menos de un año y medio de la entrada en vigencia de la ley y al celebrarse hoy el Día Internacional contra la Trata de Personas. “Hemos avanzado, pero falta mucho todavía”, consideró Eva Giberti, encargada de la capacitación en trata del Ministerio de Justicia y coordinadora del Programa las Víctimas contra las Violencias. Entre las deudas pendientes, y en coincidencia con el reclamo de ONG, enumeró la reglamentación de la Ley 26.364 y su asignación presupuestaria, la creación de refugios para víctimas y una reforma de la misma normativa para facilitar la persecución de los tratantes, que elimine las diferencias entre víctimas mayores y menores: actualmente se debe probar, para que se configure el delito, que una víctima adulta no dio su consentimiento para ser explotada, un aspecto que no suele resultar sencillo. Para Giberti, además, se tendría que perseguir penalmente a los clientes de prostitución y los diarios deberían eliminar los avisos clasificados de contactos y también aquellos que apuntan a reclutar chicas. “Instalan en el imaginario social la permisividad de tener relaciones sexuales con chiquitas, adolescentes, escolares, aunque no sean menores de edad, pero con mensajes que ofrecen ‘colegialas’. Hay una inducción al delito”, analizó la especialista (ver aparte).

La trata de personas es un problema mundial y constituye una gravísima violación de los derechos humanos. Según la Organización Internacional del Trabajo, afecta cada año a unas 2.500.000 personas, especialmente mujeres y niñas, que son reclutadas, muchas veces con engaño, para redes de prostitución. Se estima que es un negocio trasnacional que genera unos 7000 millones de dólares anuales: es el tercer negocio ilícito más lucrativo, después del tráfico de drogas y de armas. La trata para explotación sexual es la variante contemporánea de la esclavitud, otra cara de la violencia de género.

En la Argentina hay trata para explotación sexual interna y también internacional. Las redes que actúan en el territorio del país reclutan jóvenes en situación de extrema vulnerabilidad, en provincias del Norte y también países limítrofes, fundamentalmente Paraguay, con ofertas engañosas de empleos en centros urbanos, que luego no se concretan. La captación a veces ocurre a través de avisos en diarios, con convocatorias a castings. También se han registrado casos de secuestros. El caso más emblemático es el de la tucumana Marita Verón, desaparecida hace siete años. El 3 de cada mes –un 3 de abril desapareció Marita–, ONG encabezadas por La Casa del Encuentro se concentran frente al Congreso para reclamar por “las desaparecidas en democracia”, las víctimas de redes de trata.

La ley sancionada por el Congreso el 29 de abril de 2008 tipificó como delito federal la trata y creó una serie de obligaciones al Gobierno para brindar asistencia y protección a las víctimas. Pero la norma todavía no fue reglamentada. De todas formas, comenzó a aplicarse para perseguir a los integrantes de las organizaciones mafiosas que lucran con el cuerpo de las mujeres. Las estadísticas del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, a las que tuvo acceso Página/12, dan cuenta de 264 allanamientos realizados hasta el domingo último por las distintas fuerzas federales de seguridad. En esos procedimientos, se rescataron 399 víctimas, 117 menores de edad y 285 mayores. “Alrededor del 85 por ciento son mujeres que estaban siendo explotadas sexualmente en prostíbulos”, indicó a Página/12 Zaida Gatti, coordinadora de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata, que depende del secretario de Justicia, Héctor Masquelet. Gatti es psicóloga y forma parte de los equipos interdisciplinarios que están presentes en cada uno de los operativos que se llevan a cabo en el país, para brindar apoyo a las víctimas: el último tuvo lugar en la madrugada del sábado en un burdel de la ciudad de Carmen de Areco, provincia de Buenos Aires, donde liberaron a cinco mujeres, de 18 a 22 años, una de ellas embarazada de cinco meses. Pero también han ido a Río Gallegos, donde se clausuraron las famosas “casitas de la tolerancia”, donde ofrecían a las jóvenes en las vidrieras.

Desde la entrada en vigencia de la ley de trata hubo 289 detenidos. “La mayoría –informó Gatti– siguen presos.” Dos causas abiertas el año pasado están próximas a ir a juicio oral. Una tiene como principal imputado a un ex policía de la Bonaerense, conocido como “El Tano”: está acusado de ser el jefe de una organización que traía chicas de Paraguay para explotarlas sexualmente en un burdel de la localidad platense de Olmos. Lo detuvo Prefectura Naval antes de la sanción de la normativa cruzando el río Paraná en una barcaza con varias chicas paraguayas para ingresarlas al país ilegalmente por la localidad de El Dorado, en Misiones. Después se hizo el operativo en el burdel, donde detuvieron a su esposa y una hermana: una era encargada del local y otra reclutadora. Hubo una tercera detenida, también madama del lugar. Y la información se cruzó y se supo que eran parte de la misma red. La denuncia para allanar el burdel se presentó en Paraguay: la hizo la madre de una adolescente de 16 años que había mandado un pedido de ayuda a través de otra chica que había logrado escapar. Por pedido de Interpol Paraguay intervino su par de Argentina. La muchachita regresó a su casa. Junto a ella fueron rescatadas otras cinco víctimas de trata entre 18 y 24 años. Fue el primer caso, en junio de 2008, en el que intervino un equipo técnico, integrado por psicólogas y abogados, del Ministerio de Justicia.

La otra causa que está próxima a ir a juicio oral está vinculada con un “privado” de Mar del Plata, que funcionaba en la calle Alvarado al 300. Se allanó el 27 de agosto de 2008. Según contó Gatti, allí se rescató a una adolescente de 17 años, también paraguaya. “Había ocho mujeres más, mayores de edad que no aceptaron la asistencia del Estado; luego del allanamiento permanecieron en la vivienda y por orden del juzgado que intervino se le entregó la llave a una de ellas. Según comentaron continuarían ejerciendo la prostitución, pero las ganancias serían para ellas”, señaló Gatti. Están imputados otra joven paraguaya, de 24 años, llamada Gloria, encargada del local, y un argentino, no vidente, de 48 años a quien se identificó como el dueño.

La noche del operativo, Raúl se presentó en el privado cuando el allanamiento estaba en marcha. Acompañado por un abogado se identificó ante el policía que le abrió la puerta como un “parroquiano” que pasaba por allí. Pero un cuzquito negro que estaba en el “privado” lo delató: le saltó afectuosamente mientras movía la cola. “En un acto reflejo Raúl le dijo al perro: ¡Negro!, con lo cual quedó más que claro que no era un parroquiano y que no pasaba por el lugar casualmente, sino que vivía allí. Fue detenido esa misma noche. Pero como no fue incomunicado, podía hablar con su abogado y con Gloria, que permanecía en el lugar. En un momento se apartó de ellos y se acercó a las víctimas que estaban reunidas en un patio contiguo”, recordó Gatti. Al ser no vidente, no pudo advertir que Gatti advirtió sus movimientos y lo siguió y escuchó cómo el hombre les decía enérgicamente y con un tono amenazante: “Ojo con lo que dicen de la menor, ella sólo estaba aquí para realizar tareas de limpieza, ¿entendieron bien?”. Gatti dio cuenta de la escena a los efectivos de la División Trata de la Policía Federal, que participaba del operativo, y estaban realizando el acta del allanamiento. En el libro de “pases” secuestrado estaban asentados los ingresos recaudados por el “trabajo” que realizaba la menor de edad, que no eran de limpieza. Además ella confirmó que ejercía la prostitución allí. Intervino el Juzgado Federal de Mar del Plata, a cargo de Rodolfo Pradas. La causa está elevada a juicio. Falta que se fije la fecha para iniciar las audiencias. Se convertirá en el primer juicio oral que se desarrollará en esa ciudad por trata de personas. Raúl actualmente cumple prisión domiciliaria por su discapacidad; Gloria continúa detenida.