A una semana de recibir la denuncia del ministro de Justicia porteño, Guillermo Montenegro, el fiscal Angel Carestía citó a declarar a la jueza Rosa Parrilli, quien insultó a dos empleadas de tránsito el pasado quince de septiembre. La magistrada deberá presentarse el próximo jueves en calidad de “imputada” de los delitos de discriminación y amenazas, que prevén penas de prisión de hasta cinco días y multas que llegan a los dos mil pesos. Sus defensores dejaron entrever que podrían exigir un test psiquiátrico en vistas de declararla inimputable cuando trató a las empleadas de “tontitas”, amenazó con mandar a la cárcel a una y dijo: “Todas morochas contratan, ni una rubia”.

La jueza penal y contravencional de la ciudad de Buenos Aires tomó “licencia ordinaria” por expresa recomendación del estudio de abogados que la representa, comandado por el Julio Virgolini. Entre las versiones que circulan hay una que indica que la magistrada se encuentra en Holanda, visitando a su hijo. La licencia corre desde el 28 de septiembre hasta el 15 de octubre y le fue adjudicada debido a que trabajó durante los períodos de feria judicial de 2008 y 2009.

Una fuente del Ministerio Público Fiscal detallaron a Página/12 lo acontecido durante la última semana en la fiscalía de instrucción 6 de la justicia porteña que investiga el caso. “El lunes pasado se presentó el ministro Montenegro para aportar elementos, en concreto el video completo que fue difundido en parte por la televisión. Ese día dieron testimonio las dos empleadas, que ratificaron todo lo que dijeron en los medios de comunicación. Entre el miércoles y el jueves se sumaron dos testigos más (un oficial de seguridad y el cajero de la playa de estacionamiento). Con estas pruebas, el fiscal citó a la jueza”, contó la fuente.

A diferencia de la justicia federal, donde se tramita otra causa contra Parrilli con contenidos similares, impulsada por el Instituto contra la Discriminación, en la Justicia porteña no hace falta la autorización del juez para llamar a declarar a alguien. Este sistema, más moderno, es conocido como “acusatorio”. El fiscal Carestía imputó a la jueza el delito penal de amenazas, uno de los 25 que entraron en el traspaso de la justicia nacional a la porteña. La pena es de uno a cinco días de arresto y de trabajo comunitario y una multa de 200 a 1000 pesos. Cabe recordar que durante el hecho, la jueza dijo a una de las jóvenes: “Espero que no caigas nunca en mi jurisdicción porque te meto presa ocho meses”.

La otra imputación es del ámbito contravencional. Se trata de la figura de discriminación, que pena con dos a diez días de trabajo comunitario y una multa de 400 a 2000 pesos a quien “discrimina a otro por razones de raza, etnia, género, orientación sexual, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social, económica o cualquier circunstancia que implique exclusión, restricción o menoscabo”.

La fuente judicial consultada por este diario explicó que, tras la indagatoria, el fiscal puede decidir si archiva la causa, la lleva a juicio o si negocia con la acusada un juicio abreviado. Esta última opción sólo es posible si Parrilli se declara culpable y le permite acordar la pena. Todo indica que la magistrada, por pedido de sus propios defensores, se someterá a una pericia psiquiátrica para intentar demostrar que era inimputable al momento de los hechos.

Tanto el fiscal del caso como el juez Carlos Aorti, del juzgado 19, recibieron la causa por estar de turno el mismo día en que ocurrieron los hechos. Parrilli fue grabada por una cámara de seguridad el 15 de septiembre en la playa de infractores, ubicada en el cruce de 9 de Julio y Sarmiento, mientras insultaba a dos empleadas, Rocío Marlene Gómez y María Itatí Albe. Su auto había sido remolcado por una grúa por estar mal estacionado y la magistrada pedía que se lo devuelvan de inmediato. Pese a sus quejas debía pasar por la oficina de la controladora, quien le perdonó esta falta y otras ocho anteriores. La controladora, Mabel Angotti, fue suspendida por tomar estas decisiones.

Además de denunciarla ante la justicia, Montenegro llevó el caso ante el Consejo de la Magistratura porteño para que se inicie un proceso que podría derivar en una sanción o en la destitución de la magistrada. Por ahora, la jueza sigue de licencia y dijo que sufre “problemas de salud”. Las 29 multas de tránsito que se le labraron, siguen sin ser abonadas.