Ciro Gerardo James, el abogado que aparece a la cabeza de la operación de espionaje contra Sergio Burstein, esposo de una víctima del atentado contra la AMIA, y contra el empresario televisivo Carlos Avila, amplió el viernes la indagatoria ante el juez Norberto Oyarbide y siguió sin poder explicar qué hacía exactamente en el gobierno porteño y por qué espiaba a Burstein y Avila. James admitió que tuvo dos contratos con el Ministerio de Educación porteño en 2008 y 2009, pero no pudo dar precisiones sobre cuál era su trabajo. En el juzgado sospechan –pero no tienen probado– que el contrato encubría el pago por tareas de espionaje. James tampoco justificó su papel en las escuchas contra Burstein y Avila. Dijo que sólo colaboró con dos policías misioneros amigos, pero éstos sostuvieron lo contrario: que las escuchas se hicieron por pedido de James. Hubo un careo y tanto James como los policías, que están detenidos, se echaron mutuamente la culpa. En el juzgado parecen creerle poco y nada a James.

En verdad, la declaración del abogado-espía apareció como poco creíble. En su vivienda se encontró una valija de intercepción de escuchas telefónicas, un analizador de líneas y un aparato que supuestamente sirve para tomar fotos a distancia. James afirmó que tenía esos equipos para dar clases. Por de pronto, el juzgado resolvió enviar esos equipos a la SIDE para un informe técnico. Respecto de las escuchas mismas, James y los dos policías misioneros detenidos, el jefe de Homicidios Raúl Rojas y el oficial de Inteligencia Diego Guarda, protagonizaron un contrapunto.

- En lo único que coincidieron es que se hicieron amigos cuando James revistaba en la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal, al mando de Jorge “Fino” Palacios. Por entonces, Palacios tenía mucha injerencia en las actividades de la Federal en Misiones porque desde la Unidad Antiterrorista vigilaban la Triple Frontera.

- Pero a partir de allí, el resto fueron discrepancias. Rojas y Guarda sostuvieron que fue James quien les dijo que Burstein y Avila tenían relaciones con un prófugo de la causa por el homicidio de un contador, José María Piccoli, ocurrido en 2005. Ni Burstein ni Avila han estado en estos años en Misiones y, obviamente, no tienen ninguna relación con aquel asesinato. Todo fue un invento para justificar una escucha ilegal.

- James negó lo que dijeron Rojas y Guarda. Afirmó que no les dijo nada respecto de Burstein y Avila y que sólo les ayudaba retirando las cintas de las oficinas de la SIDE.

- Toda la declaración de James en este punto parece más que dudosa y parece obvio que los policías misioneros colaboraron con él en la escucha ilegal, porque de lo contrario habrían profundizado un poco la investigación sobre Burstein y Avila, con lo que habrían dado cuenta que no tuvieron nada que ver con el expediente.

- Como se sabe, la sospecha es que James espiaba a Burstein por pedido de Palacios, en especial para saber qué pasaría con la causa AMIA y tal vez para conseguir un diálogo entre el integrante de Familiares y el fiscal Alberto Nisman, del caso AMIA, con el objetivo de recusarlo. No está claro para quién se hizo la escucha ilegal a Carlos Avila, pero obviamente lo estaban espiando para ver sus pasos a raíz de la crisis entre la AFA y la ex empresa de Avila, Torneos y Competencias. El empresario pasó a ser hombre de consulta de la Casa Rosada a raíz de ese conflicto y las transmisiones abiertas impulsadas por el Ejecutivo.

Las explicaciones de James sobre su trabajo en el gobierno porteño tampoco convencieron. En el allanamiento a la vivienda del abogado se encontraron dos contratos, uno de 2008 por 60.000 pesos y otro de este año por 72.000. El abogado sostuvo que asesora en materia legal a la jefa de gabinete del Ministerio de Educación porteño, Roxana Barroso, citada a declarar el martes. Según James, llegó a ese puesto por recomendación de la Universidad de La Matanza. También tiene que prestar declaración el director de la Unidad de Auditoría del gobierno de la ciudad, Roberto Ayub, también responsable de las tareas que supuestamente hacía James.

El abogado-espía dijo que renunció al contrato con Educación porque había arreglado con Palacios y con un subcomisario el ingreso a la Policía Metropolitana. El titular de esa fuerza, Osvaldo Chamorro, le mandó un escrito al juez señalando que James era un aspirante a ingresar.

Todo indica que James encabezó o integró una especie de agencia de espionaje ilegal y en ese marco tramó la escucha que se hizo desde el juzgado de Misiones, a través de una pista armada. Será acusado de violación a la ley de Inteligencia, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica. Falta saber qué papel cumplieron Palacios, otros funcionarios del gobierno de la ciudad, los policías y los jueces misioneros.