El tratamiento en particular del proyecto de Servicios de Comunicación Audiovisual no le produjo ningún sobresalto al oficialismo, que después de casi 20 horas de debate logró aprobar sin ningún cambio la media sanción de Diputados. Tal fue la ventaja del kirchnerismo, que aun en la votación más ajustada –la del cuestionado artículo 161–, tuvo una diferencia a favor de diez votos (38 a 28 y una abstención). Claro que tampoco faltó la cuota de suspenso, cuando a las seis de la madrugada de ayer y durante la votación de los últimos cinco artículos de los 166 que tiene la nueva ley que reemplaza al decreto-ley de la dictadura se cayó el sistema del tablero electrónico y la votación se hizo en forma nominal y a viva voz. Antes de que el secretario parlamentario leyera el resultado, el grueso de la oposición ya se había retirado del recinto y los senadores oficialistas estrechaban sus manos en un mesurado festejo.

El oficialismo y sus aliados ya habían sorteado el primer escollo en busca de la sanción de la ley. A las dos y media de la madrugada, por 44 votos a favor y 24 en contra se aprobó en general la media sanción de la Cámara baja. De los 69 senadores que acudieron a la sesión, sólo el cobista santiagueño Emilio Rached –quien empató la votación durante el debate de la resolución 125, que luego desempató Julio Cobos– no estuvo a esa hora sentado en su banca.

Pero aún faltaba una parte sustancial del debate. Resignada de antemano a no poder revertir ese primer tropiezo, la oposición –encabezada por el radicalismo– acordó resistir la aprobación de la ley en la discusión de todo el articulado, donde el cambio “de una coma” hubiese frenado la iniciativa y la devolvía a Diputados. La UCR elaboró (con la colaboración de la cívica María Eugenia Estenssoro) un dictamen en espejo al oficial para proponer cambios artículo por artículo.

El consenso opositor se había concentrado sobre la base de media docena de los artículos más cuestionados, donde la oposición cobijaba la esperanza de conseguir la adhesión de los oficialistas rebeldes (entre ellos, el jujeño Guillermo Jenefes) para lograr modificaciones.

El acuerdo incluía al peronismo anti K, aunque igual votarían en contra de todos los artículos y los puntanos que responden a los hermanos Alberto y Adolfo Rodríguez Saá presentaron, también a última hora, un dictamen propio donde planteaban la “inconstitucionalidad” del proyecto. En sintonía, la salteña Sonia Escudero, alineada con el gobernador Juan Carlos Romero, se encargó de cuestionar todos los aspectos legales de la iniciativa del Gobierno, contrastándola con la legislación nacional e internacional.

La discusión sobre el articulado se dio en medio de, para muchos, tediosas precisiones técnicas y legales y el cansancio que acumulaban los senadores tras más de 16 horas de debate. La primera prueba de fuego el artículo 14, sobre la conformación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (autoridad de aplicación).

El bloque K y sus aliados dieron muestras de que se mantendrían abroquelados para soportar los embates opositores. El oficialismo se impuso por 40 votos a 29. El mismo resultado se mantuvo en otro de los artículos más cuestionados por la oposición: el régimen de adjudicación de licencias para los servicios de radiodifusión abiertas, con alcance superior a los 50 kilómetros de distancia y en aquellas ciudades con más de 500 mil habitantes. La oposición advertía que éstas quedarían en manos del Ejecutivo, aunque la normativa establece que las mismas se adjudicarán bajo régimen de concurso público, abierto y permanente.

–Quisiera que los senadores oficialistas me digan qué interpretan por bianual –sostuvo Estenssoro en el recinto.

La discusión transcurría sobre los plazos que fija el artículo 47 para la revisión técnica que se establecerá sobre los licenciatarios para adecuarlos a nuevas tecnologías. El propio Cobos ensayó una respuesta desde el sillón de la presidencia del Senado: “Cada dos años.” Lo mismo sostuvo el oficialista santacruceño Nicolás Fernández.

Entonces, Estenssoro desempolvó el diccionario de la Real Academia Española, donde se especifica que corresponde a lo “que ocurre dos veces al año”. La interpretación gramática del término pareció transformarse en la llave, que la oposición no encontraba en las adhesiones, para introducir cambios en el texto que frenaran el proyecto. A las quejas se sumaron, una a una, todas las bancadas opositoras. El oficialismo se impuso 43 a 26, reconociendo por lo bajo que la salvedad se hará en la reglamentación de la ley.

A las cinco y media de la madrugada, llegó el turno de la discusión sobre el resistido -–por opositores y empresarios– artículo 161, que establece el plazo de un año para el plan de desinversión. Es decir, el término que tendrán las empresas monopólicas para adecuarse a la nueva normativa y desprenderse de aquellas licencias que superen el número establecido por la ley. Era la última gran apuesta de la oposición.

Los oficialistas Jenefes y la chubutense Silvia Giusti se plegaron al reclamo opositor por extender el plazo, aunque la UCR y el PJ disidente plantearon que había que respetar “los derechos adquiridos” de los licenciatarios hasta que las licencias caducaran. La cobista correntina alineada con el derrotado gobernador Arturo Colombi, María Dora Sánchez –que viró en su posición inicial y votó a favor de la ley–, pidió abstenerse en este artículo. El oficialismo se impuso por 38 a 28 votos y una abstención, en la votación fue la más ajustada de la madrugada.

Restaba votar los últimos cinco artículos de la ley, pero la suerte ya estaba echada. El apuro opositor por retirase del recinto le jugó una mala pasada al bloque K: los senadores de la oposición se levantaron de sus bancas antes que el tablero electrónico marcara el resultado y el sistema se derrumbó. Eran casi las seis de la madrugada, Cobos pidió paciencia y soltó su última humorada en relación a la puntualidad que culminarían la sesión tras 19 horas y media de debate: “No manejamos los medios pero el tiempo sí.”

Pasaron varios minutos más. La votación final fue a viva voz ya no hubo tiempo para las sorpresas. El proyecto de Servicios de Comunicación Audiovisual se convirtió en ley.