“Estamos avanzando en una iniciativa para luchar contra delitos que a veces parecen chicos, pero después se transforman en dolores de cabeza.” El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, sin abandonar las banderas de Ruckauf, aseguró que afina el lápiz para avanzar con un proyecto –por ahora como globo de ensayo mediático– de retorno a los antiguos modelos de los códigos contravencionales, el merodeo, la detención por averiguación de antecedentes, herramienta policial –que sigue en práctica pero en negro– de la época en que la Bonaerense era la “mejor policía del mundo”, y de paso avanzar sobre la prohibición de enmascarse, en inocultable avance sobre las protestas sociales y las marchas piqueteras. Scioli intenta unificar la propuesta surgida del ministro de Seguridad, Carlos Stornelli, y de los susurros de sus asesores policiales, con el rechazo que produjo entre sus propias filas, entre ellos el propio ministro de Justicia, Ricardo Casal. Especialistas consultados por Página/12 se mostraron entre sorprendidos e incrédulos por “el disparate que significa”.

Como si se tratara de una escalada planificada, el ministro Stornelli comenzó sus apariciones públicas en una polémica con León Arslanian reproducida por La Nación, a principios de noviembre. El sábado pasado, soltó en el mismo medio la idea de “recuperar la calle”, como si la Bonaerense no fuera su dueña. El domingo, respondió en las mismas páginas el ministro Casal, que recordó que Stornelli le había informado a Scioli y a él mismo que “estaba trabajando en el tema y me consultó algunos puntos –refiere en La Nación–. El gobernador le dijo que avanzara con el borrador y acordamos que cuando tuviera algo avanzado lo íbamos a trabajar”. Casal terminó de un modo lapidario: “No creo que lo haya completado”.

De todos modos, Scioli avanzó con el proyecto y ayer confirmó (con lo que le dio soporte político) que remitirá al Poder Legislativo el proyecto de código contravencional para otorgar mayores atributos de detención a la policía. “No estamos diciendo de volver a situaciones que sabemos que generaron más problemas que soluciones; estamos rescatando iniciativas superadoras para darle un nuevo encuadramiento a los tipos de delitos que estamos enfrentando a diario ante bandas muy organizadas y dispuestas a todo”, sostuvo Scioli.

“Es un disparate mayúsculo –sostuvo Gabriel Gannón, defensor general de San Nicolás–. Es una respuesta efectista que no da resultados ni en forma inmediata y ni siquiera mediata. Hoy la policía tiene todas las herramientas legales disponibles. Stornelli quiere establecer una tendencia hacia la peor época de la Bonaerense, sin siquiera medir las consecuencias materiales. Es volver a la ley de vagos y malentretenidos de principios del siglo pasado.”

Para Gustavo Palmieri, director del programa Violencia Institucional y Seguridad Ciudadana, del Cels, “es un discurso declarado por los peores sectores de la Policía Bonaerense y de la Justicia. Podría proponerse, por ejemplo, buscar dónde son los sectores en que se producen los delitos vinculados con las grandes organizaciones delictivas, podría proponerse fortalecer ciertos niveles de las fiscalías para que puedan investigar las redes del delito organizado. En lugar de eso, arma otro discurso, está jugando a las contravenciones. Pero no está hablando de una plaza. Están a la cabeza de la provincia de Buenos Aires, la de mayor población, la de mayores niveles de pobreza. Lo que está mostrando como mensaje político es a qué sectores de la policía que está escuchando. Los peores y más retrógrados sectores de la vieja policía”.

Roberto Cipriano, coordinador del Comité Contra la Tortura, de la Comisión Provincial por la Memoria, enmarcó el anuncio de Scioli dentro de una avanzada hacia el blanqueo de la ilegalidad policial. “El merodeo y la detención por antecedentes son herramientas discrecionales con que ya cuenta la Bonaerense. Ahora, en lugar de llamarse averiguación de antecedentes, la llaman DAI, Detención por Averiguación de Identidad. La llevan adelante pero viola los mecanismos constitucionales, además de que va en contra de lo que ordenó la CIDH en el caso Bulacio. Todo esto muestra la falta de rumbo. Establecen medidas de gran impacto mediático, pero que no van a reducir los delitos. Es para que la gente –por unos días– se quede tranquila.”

El detalle del caso Bulacio es paradójico. El anuncio de Scioli coloca a la Argentina en la cornisa del incumplimiento internacional, luego de aceptar el fallo de la Corte Interamericana por el caso Bulacio, en el que se ordena anular los códigos y edictos policiales.

Resulta descriptivo el último informe del Comité Contra la Tortura, “El sistema de la crueldad IV”: en su página 454 arroja un dato que debería resultar aleccionador para Scioli: sobre un total de 658 detenciones por averiguación de identidad, el resfriado vomeronasal policial (el vomeronasal es un órgano auxiliar del sentido del olfato) sólo comprobó vinculación delictiva en dos casos, el 0,30 por ciento. Preguntas: ¿Por qué creen en semejante solución? ¿Qué mejor manera de dilapidar el presupuesto? ¿A quién le conviene y por qué, semejante movimiento de uniformados, puestos a perseguir fantasmas?

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