La pulseada por la inscripción del nuevo sindicato del subte tendrá hoy un intenso capítulo cuando los trabajadores paralicen el servicio en reclamo de ese reconocimiento administrativo y en repudio a las agresiones sufridas el viernes por la familia del gremialista Néstor Segovia. Además de enviar efectivos policiales a los talleres de la línea C, el Gobierno dispuso “excepcionalmente” la calificación del subte como Servicio Público Esencial e intimó a Metrovías a garantizarlo ante el paro de 24 horas anunciado por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP). La empresa informó que dispondrá de “todas las medidas necesarias para brindar un cronograma de emergencia con acceso gratuito”, y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) dijo que garantizaría la normal prestación del servicio. Sin embargo, los delegados de base Segovia (línea C), Claudio Dellecarbonara (línea B) y Roberto Pianelli (línea E) afirmaron que “los subtes no van a andar porque los movemos nosotros”.

El secretario general de la UTA, Roberto Fernández, desafió a que “la empresa ponga los coches que nosotros vamos a trabajar normalmente”, al tiempo que calificó el paro como “una provocación de un grupo de trasnochados”. La réplica de Segovia no se hizo esperar y marcó el clima que se vivirá hoy bajo tierra: “No les vamos a permitir (conducir los subtes) a personas ajenas al convenio y, aparte, no capacitadas para manejar; vamos a hacer el paro en nuestros puestos de trabajo y que nadie toque” los elementos que emplean los trabajadores de la AGTSyP. Los vagones y las paredes de las estaciones reflejaban ayer la escalada del conflicto con una guerra de afiches, con un bando de Metrovías con la ya clásica consigna “chau UTA” escrita encima. Esa empresa señaló que el cronograma de emergencia será posible “siempre que no se reiteren las obstrucciones a trenes y otras acciones ilegales que este grupo de ex delegados viene implementando”, y agregó que el personal que manejaría los trenes “está integrado por supervisores y jefes, que oportunamente fueron boleteros, guardas y conductores, y tienen la licencia habilitante y la idoneidad”. Segovia negó que el personal jerárquico de Metrovías pueda ponerse al frente de las seis líneas al señalar que “son trabajos convencionados, ellos tienen su sindicato,” por lo que “no pueden tocar nuestras herramientas de trabajo”.

Durante el gobierno de Néstor Kirchner la ley 25.877 recogió la normativa de la OIT y fijó un listado de servicios esenciales que no incluye al transporte de pasajeros. Desde el Taller de Estudios Laborales advirtieron que en el esquema de esta ley el ministerio no puede agregar otras actividades a ese listado, como hizo ayer con la resolución 1024.

A la intimación que le hizo el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, quien dijo que debía “arbitrar los medios para que un millón quinientas mil personas puedan viajar”, Metrovías respondió advirtiendo que habrá transporte “en tanto no existan hechos ilícitos que impidan la circulación”. Y por eso la concesionaria del subterráneo presentó una denuncia “preventiva” ante la Justicia federal por “interrupción del servicio y amenazas”. (Al cierre de esta edición el juez federal Ariel Lijo pidió al Gobierno “precauciones mínimas” ante posibles delitos.) Metrovías insistió en que el esquema de emergencia requerirá de “seguridad adicional” en las cabeceras y en todas las formaciones y estaciones, y reclamó “grupos de intervención” de la Policía Federal “con la correspondiente orden para desalojar”. Esta presencia policial apareció, según los delegados de base, desde el sábado en los talleres de la línea C en Constitución, donde se desempeña Segovia, y en su repudio los talleristas hicieron ayer un quite de colaboración. “Los talleres están militarizados a pedido de Metrovías para controlar a Segovia”, dijeron.

Consultado sobre las razones de la medida de fuerza, Segovia afirmó que “la única forma en que se puede impedir el paro es que la Presidenta cumpla con la ley, hay un conflicto y el responsable de eso es el Gobierno”. Por su parte, Dellecarbonara explicó que durante un año hicieron “todo lo posible para no paralizar el servicio” a la espera del trámite ministerial de inscripción, pero en ese tiempo sufrieron “persecuciones, descuentos de haberes, golpes, patoteadas e intentos de despidos”. Para Segovia, el Gobierno les niega “el derecho constitucional a una herramienta gremial dejándole vía libre a la patota de la UTA, y ahora Metrovías nos descuenta el uno por ciento de nuestro salario para financiar a estos patoteros”.