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El Ejecutivo modificó por decreto la ley de riesgo de trabajo y las quejas del sector empresario más concentrado no tardaron en llegar. El principal cuestionamiento de las cámaras que forman el G-7 (sin la participación de Sociedad Rural y CRA) reside en el incremento de costos que implicarán los cambios a partir del año próximo, cuando se renueven los contratos con las ART. Las modificaciones elevaron los montos de las desactualizadas indemnizaciones, eliminaron el techo para las compensaciones y establecieron piso. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, asegura que así se reducirá en un 60 por ciento la cantidad de juicios. El grupo de empresarios, impulsores de la anterior reforma flexibilizadora en 1995, sostiene que la litigiosidad no disminuirá, sino que se incentivará. El grupo de presión reclama la eliminación de la alternativa judicial para los trabajadores y los accidentes in itinere (en trayecto hacia y desde el trabajo).

El sistema que defiende el G-7 posee 25 tachaduras de inconstitucionalidad. La necesidad de una reforma integral de la legislación está instalada desde 2004, a partir de un fallo de la Corte Suprema. La modalidad utilizada por la cartera laboral para realizar las modificaciones, un decreto, pone en evidencia las dificultades existentes para avanzar en ese punto. La posición común acordada en los últimos días entre los especialistas de la Unión Industrial, las cámaras de construcción y comercio, la Bolsa y la asociación de bancos de capital local, no agregó nada novedoso a aquello que sostenían hace tres meses: eliminar la posibilidad de acceder, además de la indemnización, a la vía judicial y excluir los accidentes in itinere, instrumento vigente desde 1915 que la reforma neoliberal de la década pasada no pudo eliminar.

Desde la cartera laboral sostienen que las medidas –resta oficializar un nuevo decreto que agregará las várices, hernias y lumbalgias al universo de enfermedades– descomprimirán considerablemente la situación y, según prometen, posibilitará comenzar a discutir una reforma el año que viene. En cuanto al accidente en viaje hacia o desde el trabajo, reconocen que existen excesos de parte de los asalariados.

A diferencia del escenario que plantea Tomada, el comunicado del G-7, devenido en G-5 al no contar con la presencia de las entidades agropecuarias, sostiene que “este decreto no limita sino que incentiva la proliferación indiscriminada de los reclamos judiciales al elevar los montos y mantener la posibilidad de acumular indebidamente los beneficios”. Los empresarios aseguran que durante los primeros nueve meses los juicios laborales fueron 70 mil.

En el Gobierno plantean otro razonamiento: “Si mejoran las indemnizaciones los trabajadores no necesitan recurrir al reclamo judicial. Además, la Justicia les daba la razón, porque las prestaciones estaban totalmente desactualizadas”. El abogado de la CGT y diputado oficialista Héctor Recalde celebra los cambios y sostiene que “la intransigencia de los empresarios impidió reformar toda la ley”.

El G-7, en cambio, pronostica un “injustificado y sustancial incremento de los costos laborales”. En lo inmediato, la medida no incrementará los costos, ya que las ART serán las que se hagan cargo de los aumentos en las prestaciones. En Trabajo aseguran que tienen espaldas suficientes para hacer frente a la situación. Los 500 millones de pesos en gastos de comercialización de las ART representan un colchón por donde podrán sostener las mejoras en las indemnizaciones. La Superintendencia de Riesgos de Trabajo no autorizará incrementos en las alícuotas hasta que se renueven los contratos, el año próximo. Las aseguradoras, que prometían “estar a la altura de las circunstancias en materia de costos”, ya avisaron que elevarán el precio de sus servicios.

Las pyme, que hoy pagan cuotas hasta cuatro veces más caras que el promedio, cuestionan a la UIA por negociar modificaciones que no contempla sus especificidades. De todas formas y pese a la prolongada negociación, el G–7 sostiene en su comunicado que “no se trata de una solución consensuada”. El Gobierno reconoce la existencia de problemas en el sector pyme y promete trabajar para reducir los costos de esas empresas. Cuando suban las alícuotas, el costo promedio del sistema pasará de 2,6 por ciento de la masa salarial al 3 por ciento. Para las pyme será mayor.