Durante cinco años trabajaron con un contrato de locación de servicios en la imprenta del Gobierno de la Ciudad. Fue en la gestión de Aníbal Ibarra, cuando José Alcides Bagalá y Carlos Toledo ingresaron por vez primera al histórico edificio de la calle Pedro Chutro al 2800, en Parque de los Patricios. Con casi 30 años de profesión, cuando les faltaban cinco meses para jubilarse, ambos fueron cesanteados por la gestión PRO. Sin aviso previo o indemnización posterior, les mandaron un telegrama donde les rescinden el contrato sin especificar el porqué. “Aunque nosotros nos imaginamos la razón que motivó nuestros despidos”, esgrimió entre dientes Bagalá. “Es que no cobramos durante dos meses, nos quejamos y nos echaron”, completó Toledo. Moraleja: “El que protesta se queda sin trabajo y sin cobertura médica”, agregó. La semana que viene la defensora del Pueblo de la Ciudad, Alicia Pierini, entregará al Ejecutivo porteño un dictamen de situación por las irregularidades ocurridas durante la medida administrativa.

Toledo empezó a trabajar en la imprenta oficial en 2004. Tenía 60 años y casi cuatro décadas de gráfico. “Me había quedado en la calle y tuve que aceptar el trabajo de maquinista. Aunque cargaba resmas de aquí para allá, por lo menos, manejaba cuatro colores –dijo el imprentero con orgullo y agregó–. Además, tenía obra social.”

Las palabras del gráfico parecen exageradas, pero tienen una explicación: durante los últimos meses de trabajo la cobertura médica fue fundamental en la vida de Toledo. El 6 de mayo pasado fue sometido a una operación en los intestinos. Después de cumplir los 45 días que le correspondían por enfermedad, Toledo recibió el llamado del actual jefe de personal (y antiguo chofer) de la imprenta oficial. “(Jorge) Bruni me dijo que iba a tener que ir a hablar con el médico que me había operado para que me diera sí o sí el alta para empezar a trabajar otra vez. Y, si no lo hacía, amenazó con bajarme el contrato”, relató Toledo a este diario.

Por miedo a perder su empleo (y “porque Bruni me aseguró que sólo iba a tener que firmar la asistencia y luego me iba”) el hombre volvió a trabajar. “Dos veces se me abrió la herida mientras trabajaba porque cargaba mucho peso, con las resmas de papel y los bidones de kerosene” para las tintas. Una vez retomada la tarea cotidiana (de 6 a 15, de lunes a viernes), le impidieron a Toledo volver a pedir días por enfermedad e, incluso, tomarse licencia durante el pico de la pandemia de gripe A.

Bagalá, por su parte, contó que hace 25 años trabaja como gráfico y durante 4 integró el Consejo Directivo de la Federación Gráfica bonaerense. “En la imprenta oficial de la ciudad trabajo hace 8 años como maquinista”, dijo el hombre que aún viste con la campera reglamentaria de la imprenta. Como operario de cuatro colores contratado, Bagalá tenía un sueldo que rondaba los 1800 pesos y mantenía a cuatro de sus seis hijos: “Gracias a la colaboración de mis pibes más grandes, llegábamos ajustados a fin de mes”. Pero en agosto pasado no cobró. Tampoco en septiembre ni en octubre. El retraso salarial no era para todos: de los 60 empleados que tiene la imprenta, Toledo y Bagalá fueron los únicos dos que no recibieron su paga. “Nos sacaron de la lista de cobro durante más de tres meses. Empezamos a reclamar porque no teníamos ni siquiera para viajar en colectivo hasta nuestro trabajo”, dijo Bagalá.

El reclamo de los trabajadores primero alcanzó los oídos del jefe de personal. “Como Bruni no nos dio ninguna solución más que esperar para que en algún momento girara el dinero a nuestras cuentas, fuimos a hablar dos veces con su superior, el director general”, dijo Toledo. “Aunque el hombre nos atendió muy amablemente, tampoco tuvimos novedad de nuestros salarios”, agregó Bagalá. Tres días después recibieron en sus domicilios el telegrama, donde el gobierno porteño les notificaba la caducidad de sus contratos.

Consultado por Página/12, Marcelo Frondizi, secretario general de ATE Capital, consideró los despidos como “una provocación, que tiene que ver con la decisión de ir cerrando de a poco la imprenta. No quieren que tenga un presupuesto propio, no se incorpora tecnología, despiden a los compañeros más formados. Básicamente, el macrismo quiere vaciarla y armar su negocio industrial e inmobiliario en los edificios que va descartando de la zona de Parque Patricios”.

Pese a que el juez porteño Roberto Andrés Gallardo a mediados de octubre hizo lugar a un recurso de amparo que impedía despedir de la administración municipal a personas que se estuvieran por jubilar, Toledo y Bagalá se quedaron sin trabajo a la espera de poder cobrar sus haberes recién en mayo de 2010. También sin cobertura médica, para que Toledo pueda realizarse una nueva operación de intestinos. “Sólo pedimos que nos pagaran por nuestro trabajo. Pero parece que eso para los dueños de la imprenta es un crimen”, ironizó Bagalá.

Informe: Mariana Seghezzo.