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El gobierno tucumano promulgó ayer una ley, que había sido aprobada un año atrás en la Legislatura provincial, que obliga a los integrantes de los tres poderes del Estado, y a la totalidad de los efectivos de la policía, a realizarse exámenes antidoping para averiguar si consumen drogas ilegales. La norma establece que, si el examen da positivo, el funcionario deberá ser separado de su cargo hasta que “se recupere”.
Tras casi un año de haber sido aprobada en la Legislatura tucumana, la ley 7240 fue finalmente promulgada por el gobernador Julio Miranda. Por ello, a partir de hoy, todos los funcionarios tucumanos adeptos a las sustancias prohibidas deberán andar con cuidado, ya que sorpresivamente les puede caer un control antidoping que los puede hacer terminar como Diego Armando Maradona en el Mundial de Estados Unidos.
El proyecto, ahora ley, del diputado justicialista Julio César Díaz Lozano, que fue vicegobernador de la provincia bajo la administración de Ramón “Palito” Ortega, establece que los funcionarios públicos deberán someterse regularmente a análisis para determinar si consumen drogas ilegales. La medida, que alcanza al gobernador de la provincia, los legisladores y hasta los jueces de paz, se hace extensiva a todos los agentes policiales de la provincia con el fin de evitar los problemas que puede suscitar un policía drogado para la vida de las personas.
Para aquellos a los que el examen les dé positivo, la pena será –como con el Maradona de las piernas cortadas– el destierro: serán separados de su cargo hasta que se “recuperen”, aunque no se aclara quién tendrá la potestad de definir cuándo una persona puede llevar el cartel “libre de drogas”.
Lo que sí establece la norma es que serán las máximas autoridades de cada poder del Estado las que estarán encargadas de hacer cumplir la reglamentación y fijarán la periodicidad con que deberán efectuarse los análisis.