El 9 de febrero de 2009 amaneció con llovizna leve, a las 8 se transformó en diluvio y a las 10 se escucharon las sirenas. El alud de tierra, agua y árboles talados bajó del cerro formó un dique natural y desbordó sobre la ciudad de Tartagal. Dos muertos, mil afectados, 900 casas destruidas y pérdidas millonarias. A pesar de que tres años antes una investigación de la Universidad Nacional de Salta había alertado sobre la fragilidad del ambiente y la acción de empresas extractivas, desde los ámbitos de gobierno se culpó a la naturaleza. Las compañías agropecuarias y madereras deslindaron responsabilidades y las empresas de hidrocarburos optaron por el silencio. Campesinos, indígenas y organizaciones sociales apuntaron a la incidencia de la destrucción del monte del nativo, la tala y la acción hidrocarburífera. A un año del alud en Tartagal, una investigación del Servicio Geológico Minero Argentino –el organismo científico y técnico más especializado en el estudio de la tierra– confirma el impacto de la acción extractiva del hombre junto a los factores naturales para explicar lo sucedido y alerta que la tragedia puede repetirse. El gobierno de Salta rechaza esa hipótesis e insiste en factores naturales (ver aparte).

Tartagal está ubicada al noreste de Salta, al límite con Bolivia. Es la cabecera del departamento de San Martín, que cuenta con petróleo, gas, tierras productivas, bosques frondosos, selva y agua. Se encuentra dentro de uno de los territorios de mayor biodiversidad del país, la selva de yungas y el chaco salteño. Es la región más rica de Salta, pero también es la zona con más pobres de la provincia. Vivió su auge y desarrollo de la mano de YPF, que empleaba a la mayor parte de la población. Las privatizaciones trajeron desocupación, exiguos planes sociales y políticas asistencialistas. La industria maderera es histórica. La extracción de petróleo y gas tiene un siglo y el monocultivo de soja sólo lleva una década y media. Las comunidades indígenas y campesinas lo sindican como las causas de sus males: desalojos violentos, expulsión hacia los márgenes de las ciudades y destrucción del monte que les brinda alimentos.

El Servicio Geológico Minero Argentino es un organismo descentralizado que depende de la Secretaría de Minería de la Nación. Cuenta con 103 años de trayectoria en la actividad científica y técnica orientada al conocimiento del territorio para la explotación de los recursos minerales, muy vinculado con el accionar privado. Ante lo sucedido en 2009, un grupo de profesionales del organismo y un investigador del Conicet comenzaron a indagar por qué se había producido el desastre. Recorrieron el lugar y utilizaron información del Servicio Meteorológico Nacional y de cuatro satélites (de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón), que posibilitaron la interpretación de las características topográficas, geológicas y de vegetación del lugar.

“Inundación de detritos en la ciudad de Tartagal” es el título de la investigación, que asegura que el desastre contó con una sumatoria de factores naturales y antrópicos (intervención del hombre).

Raúl Seggiaro es doctor en geología, docente de Geología Estructural en la Universidad de Salta y miembro del equipo del Segemar que investigó las causas del alud. “Sostener que el alud se debió sólo a causas naturales no tiene ningún fundamento técnico, guarda una clara intencionalidad política y se podría asemejar mucho a un encubrimiento del accionar de las empresas”, analizó y ejemplificó que el desmonte en la cuenca baja tiene su consecuencia hacia atrás y arriba del río, con erosión y mayor deslizamiento de suelos.

El trabajo del Segemar, que es presentado como “informe preliminar”, señala la acción del hombre: “Las actividades realizadas en la zona se relacionan con la acción petrolera (picadas, caminos y líneas sísmicas); explotación maderera; actividad agropecuaria; oleoductos y obras civiles para infraestructura de la ciudad. La tala selectiva y la deforestación para caminos, tendidos eléctricos y picadas aumentan la erosión y la escorrentía (agua que corre por la superficie)”.

Considera “evidente” que la cobertura vegetal en la cuenca alta, media y baja del río Tartagal es un factor fundamental en la retención de aguas de lluvia en el suelo, y en la disminución de la cantidad de circulación de agua superficial y de velocidad de la corriente que baja del cerro. La ausencia de esa vegetación facilita que el agua baje con fuerza y pueda arrastrar lo que encuentra a su paso. El alud es un resultado lógico.

El trabajo –firmado por Seggiaro, Valérie Baumann y Diego Azcurra, del Segemar; y Víctor García, del Conicet– no duda de que la cuenca del río Tartagal fue modificada por la actividad del hombre. Detalla que en la cuenca baja del río hubo un “incremento significativo de la superficie desmontada”, lo cual impactó en la disminución de infiltración del agua (por falta de cobertura vegetal) y, por consiguiente, aumentó la velocidad de la corriente del agua.

Las comunidades indígenas y movimientos campesinos habían insistido, ante los pocos micrófonos que se les acercaron, en la responsabilidad de las empresas extractivas en el alud. El Segemar va en el mismo sentido. Destaca el rol de las actividades extractivas en el alud, asegura que el efecto erosivo de la crecida aumentó la desestabilización de laderas y eliminó la cobertura vegetal en extensas áreas, con acumulación de troncos y ramas.

El Segemar también rescata un trabajo inédito de G. L. Sánchez de 2008, “Evaluación temporal de la cobertura vegetal y estimación de la pérdida de suelo en la cuenca del río Tartagal y zona de influencia. Universidad Nacional de Salta. Tesis Profesional de Ingeniería en Recursos Naturales y Medioambiente”. Da cuenta de que entre 1989 y 2006 hubo eliminación de la cobertura vegetal por un “aumento notable en la deforestación, con su consiguiente incremento en la velocidad de escurrimiento superficial”. La tesis advertía que de continuar esa tendencia de desmonte se podrían “generar daños muy importantes en el área urbana y agrícola”. Y reitera que “los elevados valores de pérdida de suelo y la mayor presencia de centros erosivos están relacionados directamente con los cambios de uso del suelo (desmontes)”.

El 20 de enero de 2009, veinte días antes del alud, las ONG Greenpeace, Vida Silvestre y FARN escribieron una carta al gobernador Urtubey sobre el ordenamiento territorial que requería la Ley de Bosques, los desmontes y sus posibles impactos. “Consideramos que continuar con este ritmo de destrucción de los recursos forestales producirá un desastre ambiental y social”, alertaba.

A un año del alud, y a cuatro de haber dado alerta del desastre con su estudio, Gloria Plaza, de la Universidad Nacional de Salta, llamó la atención: “No hay dudas de que Tartagal está expuesta a otro desastre como el de 2006 o el alud de 2009. Es urgente trabajar en la sustentabilidad de la alta cuenca, reforestar, frenar la actividad petrolera, prohibir la tala y ejercer un control estricto del desmonte. Nada de eso sucedió ni sucede. Entonces otro desastre es posible”.

El Segemar, el organismo técnico-profesional más especializado del país en aspectos geológicos, afirma en su investigación la posibilidad de un nuevo desastre. “Es previsible la recurrencia de fenómenos similares al ocurrido ante nuevas precipitaciones intensas”, advierte en frío lenguaje técnico. A un año del alud, el doctor en geología, miembro del Segemar y coautor de la investigación Raúl Seggiaro hizo un llamado urgente a que se restrinja la actividad en la cuenca de río, consideró imprescindible que se limpie la cuenca alta, se implemente un plan de reforestación y obras de ingeniería sobre el pueblo, e instó a que se erradiquen todas las viviendas que bordean el cauce. Y alertó: “Las condiciones siguen siendo las mismas. No cambió nada. Es evidente que el desastre puede volver a ocurrir en cualquier momento”.