Demetrio Martinelli porta una barba negra y tupida, se peina con estricta raya al costado y habla con la seguridad que le dieron sus 28 años de carrera judicial y política en Tierra del Fuego. Con esa misma seguridad defiende sus posturas conservadoras ante los medios de prensa de la isla, donde se lo considera todo un “formador de opinión”. Ha dicho, por ejemplo, que “el Estado de derecho está siendo velado a ataúd abierto” porque le parecía exagerado el aumento pedido por un gremio docente en 2008. Ultimamente, aparece seguido en los diarios locales porque denunció a la gobernadora Fabiana Ríos, a varios funcionarios y al Instituto contra la Discriminación, entre otros, por haber posibilitado el primer matrimonio entre dos personas del mismo sexo en América latina.

Cuando sus pares, consultados en estricto off the record, comentan la denuncia de Martinelli lo hacen con desconcierto. Si bien este abogado que participó de la redacción de la Constitución fueguina y fue legislador provincial se formó en la Universidad Católica de Buenos Aires, pocos creen que tenga motivaciones religiosas en su cruzada judicial. Tampoco fue contratado por los curas locales, que llamaron a varios abogados en busca de anular la unión entre Alex Freyre y José María Di Bello.

Martinelli asegura que está preocupado por “los fondos” que habría utilizado el gobierno provincial para facilitar la histórica boda, además de la supuesta “intromisión” del Poder Ejecutivo en cuestiones que serían pertinentes del Poder Judicial. También dijo que se había “violado” la ley de antidiscriminación porque “no existe en Tierra del Fuego un matrimonio entre heterosexuales que haya podido obtener la autorización para casarse en el momento o que hayan podido hacer el cambio de domicilio en el día”.

El motivo de la cruzada de este abogado, aconsejó un periodista local, hay que buscarlo en las aspiraciones judiciales de Martinelli. “Si juega a la defensa de la corporación judicial, es porque quiere ser juez del Tribunal Supremo de Justicia y estar en el Consejo de la Magistratura”, dice la fuente. De hecho, este abogado de 62 años y oriundo de Junín, provincia de Buenos Aires, ya se postuló en 2006, sin éxito, para integrar el Tribunal Supremo. Martinelli era conjuez del Juzgado Federal de Ushuaia, donde pocos saben por qué lo acaban de excluir: está acusado de encubrir al represor Jorge Raúl Vildoza, subdirector de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura, prófugo desde 1986.

Abogados y algo más

El requerimiento fiscal que excluyó a Martinelli y a su socio, José Kresser Pereyra, del listado de conjueces llegó a la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia en noviembre pasado. Allí se los acusa de “ayudar, asistir, brindar refugio, documentación apócrifa, etc. a personas acusadas de delitos de lesa humanidad y que registraban órdenes de captura vigente. Así como también los hechos cometidos por el propio matrimonio Vildoza al utilizar sus documentos apócrifos para ingresar en la provincia de Tierra del Fuego y en el país”.

Esta causa que involucra a estos abogados fueguinos ya había sido leída con mucho interés por el magistrado de la megacausa ESMA, Sergio Torres, y se tramita en Ushuaia, donde el juez Federico Calvete decidió apartarse por su amistad con los imputados, por lo que fue derivado al conjuez Raúl Aciar. Vildoza y su esposa, Ana María Grimaldo, tienen otra causa abierta en la que la jueza María Servini de Cubría los investiga por la apropiación del hijo de un matrimonio desaparecido. El joven ya recuperó su identidad y es uno de los nietos mencionados por las Abuelas de Plaza de Mayo.

Además, Vildoza está acusado de haber robado una cantidad –no determinada pero inmensa– de dinero y bienes de personas desaparecidas. Ahora la Justicia investiga si esa plata sería la que manejaba su hijo biológico, Jorge Ernesto Vildoza, presidente de la empresa American Data S.A., ligada a la venta y concesiones de máquinas electrónicas en los casinos. En este punto aparecen Martinelli y Kresser Pereyra, ya que ellos patrocinaron al hijo del represor en un litigio contra el estado fueguino. Este litigio comenzó en 2001, cuando el Instituto Provincial de Regulación de Apuestas (IPRA) les quitó la concesión de dos casinos a American Data: el Oshowia en Ushuaia y el Casablanca en Río Grande. Fue entonces, que Vildoza hijo despidió a uno de sus abogados, el misionero Oscar Beccaluva, a quien acusó de sobrefacturarle la tasa de justicia. Habría enviado por fax una boleta por 34 pesos, a la que le agregó tres cifras más: 34.822.

El estudio Martinelli-Kresser Pereyra se encargó de la denuncia contra Beccaluva ante la Justicia y el misionero se presentó a prestar declaración indagatoria en abril de 2006. Antes de hablar, Beccaluva le pidió a la jueza María Cristina Barrionuevo que se lo “releve del secreto profesional” porque para defenderse debía mencionar cuestiones ligadas a trabajo como representante de American Data. Su relato resultó revelador, señalaron fuentes judiciales, “sobre todo porque muchas de las cosas que dijo se fueron comprobando”.

El vuelto

Beccaluva aseguró que el hijo de Vildoza lo contrató en 1995 durante una puja legal en Posadas, Misiones. Dos años después, ya siendo su cliente, se presentó “desesperado” porque la jueza Servini de Cubría había librado una orden de captura en contra suya y de su hermana Mónica, por presunta complicidad con su padre en la apropiación del hijo de una pareja desaparecida en la ESMA. El abogado misionero contó que fue dos veces a Sudáfrica para hablar con el represor y consiguió traer al hijo apropiado al país, donde se hizo una prueba de ADN y supo su verdadera identidad.

Beccaluva comentó que los Vildoza no le pagaron sus honorarios al terminar esta negociación; sin embargo, agregó, volvieron a contactarlo cuando American Data tuvo problemas con el IPRA en Tierra del Fuego en 2001. Por eso, viajó seguido a Ushuaia y aunque consiguió que las salas funcionaran un tiempo más, finalmente fueron cerradas por decisión del entonces gobernador Carlos Manfredotti, con quien se había entrevistado en abril. “Terminada la audiencia con el gobernador –dice la declaración–, Jorge Vildoza (h) le pidió que lo acompañara hasta el estudio de un abogado amigo (...) y cuando llegaron le presentaron a dos abogados del lugar, uno llamado Jorge Kresser Pereyra y el otro Demetrio Martinelli. Una gran sorpresa para el dicente fue que en el lugar, junto a estos abogados, se encontraba el apoderado de American Data en Buenos Aires, Luis Campi, y el capitán de navío y ex segundo jefe de la ESMA, Jorge Raúl Vildoza”.

Durante esta reunión Martinelli habría dejado el lugar junto al represor, antes de que se retirara el resto. Beccaluva aseguró que al volver a Ushuaia, pocos meses después, nuevamente se encontró con el prófugo. En ese momento, surgió la posibilidad de hacer un reclamo “de repetición por los cobros indebidos de los cánones de casino” al IPRA. Vildoza padre, según cuenta Beccaluva, se acercó preocupado para contarle que estaba siendo chantajeado por los abogados fueguinos.

“Quería ver si se podía lograr el cobro de ese dinero (del IPRA) por vía extrajudicial, porque le manifiesta que, al cerrarse las salas de los casinos Casablanca y Oshowia, los hombres que en esa provincia le brindaban protección y blanqueaban el dinero obtenido producto de la apropiación de bienes de desaparecidos, lo amenazaban con entregarlo. Que le dice que el cincuenta por ciento de lo producido por esos casinos iba para Campi, Kresser Pereyra y Martinelli y que había acordado que el total de lo que recuperara del IPRA por esos cánones pagados indebidamente, era propiedad de esas tres personas porque Campi era quien conseguía pasaportes y cédulas falsificadas con identidad cambiada y los otros lo mantenían acá en la zona.”

Supuestamente, el represor vivía en un departamento de la calle Deloqui. Fuentes del caso señalan que podría habérselo conseguido Martinelli, a través de la inmobiliaria Abacal donde trabajó su yerno y que queda sobre esa misma calle. Beccaluva aseguró que Campi supo que Vildoza padre le había contado cómo era chantajeado y por eso lo dejaron fuera de la demanda contra IPRA. Como premio consuelo, agregó el abogado misionero, el represor le dio algunos cheques que no pudo cobrar porque no tenían fondos o porque tenían denuncia policial.

La corporación

La causa contra el IPRA derivó en un acuerdo extrajudicial de 1,5 millón de pesos a favor de American Data. Roque Martinelli, hermano del abogado, era el presidente del IPRA al momento de la habilitación de los casinos de American Data. Su sucesor en el cargo, Walter Agüero, cerró el acuerdo y ahora está procesado por las presuntas coimas que se habían pagado por vía de acuerdos extrajudiciales con otros casinos.

Consultado por Página/12, Demetrio Martinelli aseguró estar “sorprendido” por las acusaciones en su contra y dijo que le negaron el acceso al expediente, pese a que se presentó “espontáneamente” ante la Justicia. Aclaró que “una vez” estuvo Vildoza hijo en su estudio.

Curiosamente, Martinelli y el conjuez Aciar, quien debe investigar la causa, coinciden en que puede tratarse de un error. Argumentan que quizás Jorge Ernesto Vildoza ni siquiera sea hijo del represor porque hicieron los cálculos de edad “y no cierran”. Aciar pidió los datos filiatorios, aunque también duda de que en caso de ser el hijo del represor, sea presidente de American Data, un dato que fácilmente pudo comprobar este cronista con sólo llamar a la empresa. Para asegurar la filiación bastó un llamado a la jueza María Servini de Cubría.