Argentina resolvió salir a la búsqueda de parte de los 126 millones de dólares al año que se movilizan en el mundo de los bonos de carbono y que sirven para financiar en países subdesarrollados proyectos para combatir el efecto invernadero con recursos de los países más ricos, principales responsables de la contaminación planetaria. El primer paso en este sentido fue buscar la aprobación de las Naciones Unidas para diez iniciativas, de las cuales nueve plantean el desarrollo de rellenos sanitarios: contrariando cualquier pauta de protección ambiental, el 50 por ciento de los basurales argentinos son a cielo abierto. Con aquella consigna de capturar dinero, técnicos de la Secretaría de Ambiente que comanda Homero Bibiloni viajaron a Bonn para participar desde el martes en el cónclave internacional que organiza la Convención de Cambio Climático de la ONU, instancia decisiva para intentar el acuerdo mundial que no se pudo conseguir a fin del año pasado en Copenhague.

La cumbre dinamarquesa tenía por propósito producir un documento sustituto del Protocolo de Kioto, que obligara a todo el mundo a acciones descontaminantes, aunque sobre la base de que las naciones ricas ayudaran con dinero al resto del planeta para paliar las consecuencias del deterioro del clima que provocó su industrialización. Ese cometido fue imposible y, tras dos semanas de deliberaciones, se firmó de apuro un paper que lideró el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, con el apoyo de los presidentes de grandes emergentes como Brasil, China, India y Sudáfrica. El papel obtenido de madrugada –que excluyó de su génesis a la gran mayoría de países– invitaba al resto a adherirse, acompañando ese apoyo con el compromiso de acciones para mitigar el calentamiento. También incluía una vaga promesa de que habría fondos de desembolso rápido.

Esas promesas –que están siendo ahora analizadas en Alemania– fueron llegando a las oficinas de la ONU y asumieron más la forma de expresión de deseos que de propuesta en firme. En este marco, Gran Bretaña planteó reducir sus emisiones un 34 por ciento para el 2020 en relación con las que registraba en 1990, por encima del promedio europeo, que oscila entre el 20 y el 30; Estados Unidos promete un 17 por ciento, pero en base a los gases que emitía en el 2005 y sólo si su Congreso le permitiera asumir esa obligación.

Los no desarrollados también hicieron sus deberes. Brasil prometió recortar sus emisiones dañinas hasta casi un 39 por ciento, controlando la deforestación del Amazonas; China también se autoobliga a utilizar menos carbón y proteger sus bosques, aunque cualquier recorte tendrá como referencia su PBI, lo que la habilita a contaminar más si crece su economía. Argentina por ahora no asume obligación alguna hacia el futuro y considera que con la legislación vigente referida al tema (por ejemplo la ley que promueve el uso de biocombustible) tiene honrada su deuda con el medio ambiente.

El interés local se orienta a conseguir el dinero a través de los Mecanismos de Desarrollo Limpio. Este complejo sistema financiero permite, básicamente, que los países ricos “compren” su derecho a seguir emitiendo, costeando proyectos descontaminantes en otras naciones del planeta. Según estudios privados, el principal comprador de los bonos de carbono hoy es Gran Bretaña, que tiene el 39 por ciento de esos títulos. El ranking de vendedores de certificados (o receptor del dinero) es China, que lidera el segmento con proyectos para controlar la emisión de gases fluorados, la acción técnicamente más eficaz para preservar la salud del planeta.

Argentina sólo tiene el 13 por ciento de los recursos que van a Latinoamérica por esta vía, donde Brasil y México hacen punta. La potencialidad de crecer en esto, según destaca el consultor y ex secretario de Industria local Carlos Magariños, es grande y Buenos Aires bien podría presentar proyectos que califiquen para conseguir ese financiamiento con captura de metano o aprovechando los residuos orgánicos de los basurales para la producción de bioenergía.

El gobierno argentino hoy sólo aspira a rescatar un punto de aquel precario acuerdo de Copenhague, apenas un documento de trabajo para discutir ahora en Alemania cómo acercar posiciones con miras a la cumbre de presidentes que habrá a fin de año en Cancún. Lo que quieren Bibiloni y su equipo es que los países desarrollados formalicen su promesa de aportar dinero fresco inmediatamente para ayudar al resto a adaptarse a los efectos del clima y mitigar su propia contaminación. Esta es otra vía para obtener los fondos que Argentina anhela, aunque difícilmente lleguen a estas latitudes: en términos de PBI per cápita, el país es lo suficientemente rico como para no estar entre los destinatarios prioritarios.

Una consigna clara de los funcionarios locales es que Argentina no puede estar en la misma bolsa que los grandes emergentes como China o Brasil y, por lo tanto, no se le puede reclamar compromiso de mitigar su contaminación. La otra acerca mucho al Gobierno a la posición que públicamente sustentaron en la capital danesa Hugo Chávez y Evo Morales cuando denunciaron que se estaba trabajando un documento tras bambalinas, que excluía a la mayoría. “No fue abierto y participativo”, se queja un funcionario, que pide retomar las discusiones sobre otra base.