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Medidas proteccionistas en el comercio exterior provocan situaciones de tensión entre países y entre empresarios involucrados en ese tipo de operaciones. Existen muchos conflictos en esa área que adquieren mayor o menor trascendencia dependiendo del momento político o de los intereses afectados. Varios sectores se enfrentan con dificultades para acceder a mercados externos y son innumerables los casos de trabas al intercambio internacional de bienes. China decidió frenar la compra de aceite de soja argentino con un argumento sanitario relacionado con el excesivo nivel de hexano, un solvente utilizado en la molienda de la cosecha. Estados Unidos está dilatando el ingreso de limones argentinos para beneficiar a los productores californianos con la estrategia de derivar la cuestión a la instancia de análisis de riesgos de plagas. Chile evalúa la posibilidad de retomar las salvaguardias arancelarias de los últimos años para las importaciones de leche condensada y en polvo, quesos y harina de trigo procedentes de la Argentina. Uruguay limita la importación de pollo brasileño y argentino al sostener que quiere preservar su status sanitario libre del virus que provoca la enfermedad de Newcastle, restricción que actúa como instrumento de defensa de su cadena avícola. Dependiendo las circunstancias de su mercado local, Brasil flexibiliza o endurece las restricciones al comercio de lácteos argentinos. Las mayores trabas se registran en Europa, un bloque no sólo protegido con altos aranceles, sino también con subsidios agrícolas y excesivas normas legales. Las medidas de protección son habituales en una economía interdependiente, y las complejas relaciones que emergen de esas políticas se van administrando en trabajosas negociaciones bilaterales.

En cada uno de esos países, sectores vinculados con las ideas del libre comercio elevan sus voces de protestas por el establecimiento de limitaciones al intercambio internacional de bienes. Sostienen que esas medidas provocan una menor competencia en el mercado, una merma de la calidad de productos para el consumidor, la perturbación del normal abastecimiento interno y una eventual alza de precios. Son los argumentos tradicionales de analistas y grupos conservadores en todas partes. En ese marco conceptual, una parte importante del establishment local acompañado de voceros bien dispuestos tiene la particularidad de exponer una militancia de liberalismo comercial que es difícil de encontrar en pares de otras naciones. El énfasis que invierten en denostar medidas de protección a la producción nacional, que equivalen a defender puestos de trabajo local, los convierte en los mejores representantes de los intereses de otros países, que a la vez cuidan sus respectivos mercados internos y por ese motivo establecen trabas a productos argentinos. No es usual encontrar semejante comportamiento en otras elites, que son igualmente conservadoras pero no destructivas del desarrollo nacional.

Esta conducta es una constante en la historia y no emerge por una disposición coyuntural e informal del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, que entorpeció el ingreso de alimentos importados, o por una serie de medidas antidumping a productos chinos definida por el Ministerio de Producción. Las reacciones ante iniciativas de protección a la industrial local tienen un potente componente de formación cultural de esas elites. El historiador Mario Rapoport explica que “la elección del librecambio se concretó en el momento de la conformación de la Argentina moderna dejando una marca que aun conserva un considerable poder ideológico”. Señala que entonces “los intereses y grupos de poder hegemónicos durante la denominada Organización Nacional impusieron al liberalismo económico como la piedra angular del progreso argentino”. Rapoport precisa que “se desechó la posibilidad de un desarrollo económico integral mediante la protección de la industria local y, de esta manera, las clases dominantes argentinas rechazaron el camino proteccionista que, por el contrario, fue adoptado por países como Estados Unidos y Australia, y prefirieron un país para pocos ligado a la producción primaria”.

En ciertas discusiones coyunturales, en este caso las relaciones comerciales en un mundo en crisis, donde la disputa política-mediática irrumpe con intensidad entorpeciendo su comprensión, la perspectiva histórica permite un mejor entendimiento del conflicto. Rapoport colabora en esa tarea al enseñar que “todos los países desarrollados practicaron el intervencionismo estatal en la búsqueda de convertirse en economías avanzadas. Gran Bretaña se hizo librecambista a mediados del siglo XIX (más precisamente en 1846 con la abolición de las leyes de granos) cuando ya era la principal potencia industrial del mundo y podía colocar ventajosamente sus manufacturas y bienes de capital”. Detalla que Estados Unidos es otro ejemplo de intervencionismo y proteccionismo: los industrialistas y proteccionistas del Norte necesitaron una guerra civil para eliminar a los librecambistas sureños, cuya base de sustentación económica era el sistema esclavista. Más adelante, Alemania en el siglo XIX, Japón en el XX, los países del sudeste asiático después de la Segunda Guerra Mundial, que forman hoy parte del mundo industrializado, practicaron el proteccionismo para defender sus industrias.

Estudioso de esa última experiencia, el economista coreano Ja-Hoon Chang, del Development Studies de la Universidad de Cambridge, apunta que “Estados Unidos hoy pretende ser defensor del libre comercio, pero entre mediados del siglo XIX y la Segunda Guerra Mundial, tuvo la tasa arancelaria más alta en el mundo”. Chang destaca, además, que los británicos querían que todo el mundo practicara el libre comercio y frenara el proteccionismo, lo que implicaba que los británicos querían patear la escalera que ellos utilizaron para subir. Todas las potencias económicas siguieron ese ejemplo británico. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se convirtió en líder mundial, Estados Unidos empezó a predicar el librecambio. Japón, que se estaba desarrollando con proteccionismo, subsidios, empresas públicas y muchas regulaciones, no aceptó esa receta. Pero hoy en la Organización Mundial de Comercio los japoneses apoyan el libre comercio. Lo mismo sucede con Europa: cuando ya no necesitan proteger sus industrias, aparece la protección a sus no competitivos bienes agropecuarios a través de la Política Agraria Común.

Este contexto histórico, económico y cultural resulta imprescindible para abordar el complicado escenario que se presenta a la Argentina en el comercio internacional. La economía mundial está atravesando la crisis más grave desde la Gran Depresión de los años ’30, y uno de sus efectos fue el rápido descenso del comercio internacional. El impacto negativo sobre la producción y el empleo provocó la reacción de los gobiernos que instrumentaron políticas anticíclicas. Esas medidas fueron para sostener el nivel de actividad doméstico que incide sobre el comercio internacional. La utilización de medidas de protección en un país lleva a que otros adopten iniciativas similares. Es cierto que no se presentan las condiciones para un estado general de proteccionismo a nivel mundial y, en consecuencia, de una guerra comercial como la registrada durante la crisis del ’30. Pero no por eso las estrategias defensivas deben ser ingenuas puesto que el proteccionismo moderno se ha refinado. Hoy existen formas de protección sutiles y variadas como los derechos antidumping, las normas técnicas, sanitarias y fitosanitarias, las compras gubernamentales, entre otras.

Un país de desarrollo intermedio, con insignificante incidencia en el comercio internacional y de escasa densidad industrial y aspiración a adquirirla, como la Argentina, que decida renunciar a no utilizar esos instrumentos de protección para no contradecir a ese mundo de fantasía del libre comercio mundial revelaría una inocencia asombrosa. Sólo una elite detenida en el tiempo, ajena al proceso de desarrollo nacional, puede cuestionar una estrategia defensiva de la producción y empleo nacional ante una crisis internacional de incierto desenlace.

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