Cuanto más se acerca la fecha del tratamiento en el Senado, más resquicios busca desesperadamente la jerarquía de la Iglesia Católica para avanzar sobre el proyecto de modificación del matrimonio civil. No sólo el ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, debió tildar públicamente de “abuso” y “peligroso” el uso que las escuelas confesionales están haciendo de sus alumnos para arengar voluntades contra la posible ley. A ello, y a las presiones de obispos sobre senadoras y senadores, se sumó el ataque directo. Aprovechando una manifestación que había organizado junto con la UCA, el arzobispo de Santa Fe, José María Arancedo, declaró que “las uniones de personas del mismo sexo carecen de elementos biológicos y antropológicos propios del matrimonio y de la familia”. Pero el detalle final correspondió al arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, quien, según informó la propia Agencia Informativa Católica (AICA), alertó “que políticos sedicentes católicos votarán leyes contra la familia”. La advertencia, realizada en ocasión de la misa por “la fiesta de San José María Escrivá de Balaguer”, el fundador de la secta franquista Opus Dei, llegó el mismo día en que el Consejo Católico para la Educación de Córdoba se vanaglorió de haber distribuido “a través de las escuelas 300 mil ejemplares de la declaración de los obispos” en contra de la iniciativa que el próximo martes tendría dictamen de mayoría.

La pretendida, y cada vez más desesperada, avanzada parece desplegarse en varias dimensiones, pero seguir un mismo impulso: el de imponer una opción confesional sobre el Estado laico sirviéndose de lo que haya a mano, así sean niños y niñas. De hecho, la Comisión de Laicos del Episcopado reconoció que está usando a los alumnos de las instituciones confesionales para distribuir material elaborado por los obispos y reclamar firmas de “adhesión” a la “Declaración ciudadana por la vida y la familia”. Se trata de un intento de intervención en tres puntos, que en realidad enmascaran operaciones y avanzadas sobre iniciativas pendientes y hasta sobre leyes vigentes: contra el derecho al aborto y la eutanasia, contra la ampliación del matrimonio civil, y contra el rol fundamental del Estado en la educación. El petitorio reza: “La dignidad de la vida humana debe ser protegida (...) desde su concepción hasta la muerte natural”, “el Estado y la sociedad tienen el deber de proteger el matrimonio, comunidad de vida y amor entre un varón y una mujer”, y “los niños tienen derecho a crecer en una familia fundada en la unión estable entre varón y mujer, y a ser educados según las convicciones de sus padres”.

Firmar estas planillas echando mano de chicas y chicos “implica un abuso”, alertó el ministro Sileoni, un “peligroso” uso de los alumnos. Y, sin embargo, ayer mismo la Conferencia Episcopal Argentina redobló la apuesta al jactarse, a través de su house organ, de que durante estos días “las escuelas católicas de Córdoba distribuyen 300 mil ejemplares de la Declaración de los Obispos sobre el valor del Matrimonio y la Familia”. Entretanto, el obispo Héctor Aguer aprovechó la misa que dio en La Plata para celebrar al franquista Escrivá de Balaguer. Allí advirtió que “en la cultura moderna se ha ido perfilando una idea equivocada de la libertad (...) como la fuente de los valores, que serían construidos arbitrariamente mediante elecciones subjetivas”. Esa libertad al borde del libertinaje es peligrosa y se suma a una perspectiva según la cual “tanto el conocimiento como la conducta del hombre serían una construcción, obra de su propio invento, del contexto cultural o de un laborioso consenso, presuntamente democrático”, en lugar de una verdad revelada. La amenaza, insistió Aguer, es real, “puede verse reflejada en los proyectos de ley que amenazan alterar en profundidad la vida de la sociedad”. La emergencia amerita reacción, porque la política “no puede ser monopolizada por los que se dedican profesionalmente a ella”, y que “se disponen a votar leyes inicuas que menoscaban la dignidad de la persona humana y su auténtica libertad, o alteran las estructuras naturales de la familia y la vida social”. Es que “lo hacen movidos por intereses subalternos, algunos de ellos inconfesables, por disciplina partidaria u obediencia debida, por su desordenada afición a lo políticamente correcto, por confusión intelectual y moral”. Definitivamente no, según Aguer, por convicción democrática.