Desde Santiago

Un nuevo lío político relacionado con los derechos humanos generó a la administración de Sebastián Piñera la citación a declarar –en calidad de inculpado– al recientemente nombrado embajador de Chile en Panamá, Alberto Labbé Galilea, en el juicio denominado Operación Cóndor.

La acción judicial ordenada por la jueza Raquel Lermanda obedece a los vínculos que tuvo el diplomático con el ex agente de la DINA (organismo represor de la dictadura de Augusto Pinochet) y único condenado en el caso del asesinato del general Carlos Prats, Enrique Arancibia Clavel, cuando se desempeñaba como segundo secretario de la Embajada de Chile en Buenos Aires, a mediados de los setenta.

Isabel Allende, la senadora socialista, hija del ex presidente Salvador Allende, calificó de “impresentable y lamentable que un embajador que representa no sólo a un gobierno, sino a un país entero y al Estado de Chile sea llamado a testimoniar en carácter de imputado en un crimen tan alevoso y atroz como fue el caso del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthber”, ocurrido en septiembre de 1974 en Argentina.

“Aparentemente tenía un cargo en la embajada de Argentina y, de alguna manera, conexiones con Arancibia Clavel, quien fue condenado por este crimen. El gobierno debe tomar cartas”, advirtió la parlamentaria.

A juicio de Allende, más allá de lo que la propia Justicia resuelva, “es lamentable que se sigan nombrando personas cuya situación no está del todo resuelta. Eso es altamente inconveniente. Creo que el gobierno debería ser más prudente y atenerse más a lo que Piñera dijo en forma reiterada durante su campaña, en cuanto a que no habría nombramientos de personas vinculadas a procesos por violaciones a los derechos humanos y ahora estamos viendo que sí los habría”.

Con esos dichos, la legisladora apuntó a la impasse ocurrida con el ex embajador chileno en Argentina Miguel Otero, quien debió renunciar a su cargo luego de que minimizara la violación sistemática a los derechos humanos de la dictadura de Pinochet.

De acuerdo con la resolución aprobada por la magistrada, Labbé, quien entre 1975 y 1976 se desempeñaba como segundo secretario en la Embajada de Chile en Buenos Aires, deberá aclarar su relación con los agentes de la DINA que integraban el departamento exterior de ese organismo represivo y que permanecían adscritos a esa sede diplomática.

Según informó el diario La Nación de Chile, el diplomático, que es hermano del polémico alcalde de Providencia, Cristián Labbé –una de las comunas más ricas y derechistas de Chile–, deberá además dar razón acerca de los envíos que el agente Enrique Arancibia Clavel hacía por valija diplomática dirigidos a la DINA en Santiago, con información y antecedentes de chilenos que residían en Argentina, algunos de los cuales luego desaparecieron en el marco de la Operación Cóndor.

En tanto, la resolución de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de pedir la renuncia del embajador en Panamá crispó los ánimos de los diputados oficialistas Karla Rubilar (Renovación Nacional) y Felipe Salaberry (Unión Demócrata Independiente), integrantes de esa instancia. “Hacemos un llamado de atención al presidente de la Comisión de Derechos Humanos (Hugo Gutiérrez, comunista) para que deje de politizar esta comisión. Usando su estatus está disparando hacia el gobierno del presidente Piñera; si quieren hacerlo como parlamentarios o individuos ningún inconveniente, pero no utilicen la comisión y al Parlamento”, dijo Rubilar.

Salaberry, por su parte, añadió que “la oposición abusó de una mayoría circunstancial en la Comisión de Derechos Humanos para pedir la renuncia del actual embajador en Panamá”.

Respecto de la citación a declarar como inculpado por cooperación a la Operación Cóndor, destacó que Labbé “ya declaró ante el ex juez (Juan) Guzmán”, por lo que “no nos parece prudente ni conveniente usar el llamado para pedir su salida”.

Desde la otra vereda, el diputado opositor del Partido por la Democracia (PPD) Tucapel Jiménez (hijo del dirigente homónimo asesinado por la dictadura) comparó el caso de Labbé con el de Otero, pero esta vez espera que el gobierno no dilate su decisión final.

“Es triste que nos demos cuenta de que ya no es improvisación lo que está haciendo el gobierno, sino que es una estrategia para reivindicar a personajes ligados con la dictadura militar y con violaciones a los derechos humanos. No puede ser casualidad que se produzcan tantas equivocaciones en estos nombramientos.”

Otro que habló fue el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, que optó por poner paños fríos al asunto. “Todas las personas en nuestro país deben concurrir y prestar su colaboración con los procedimientos judiciales, así que no le asigno ninguna importancia distinta de la que deben cumplir todos los chilenos en nuestro país.”

Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno, dejó entrever que, de comprobarse algunos nexos entre Labbé y la DINA durante la dictadura, el embajador será destituido.

“No corresponde que sea un funcionario público”, dijo Moreno a radios locales, aunque aclaró que no le consta que el diplomático, cuyo nombramiento como embajador en Panamá fue oficializado el pasado 28 de mayo, haya sido citado como inculpado y aseguró que “la resolución de la jueza no menciona eso”.